No odian la Transición, odian la democracia
«La Transición es la última barrera entre la democracia que nos dimos libremente en 1978 y la que algunos nos quieren imponer ahora»
Tenemos que defender la obra y la memoria de la Transición, así como la de sus principales autores, porque los ataques contra ellos no pretenden tan sólo poner en duda su gestión y sus decisiones, sino devaluar nuestra democracia. | Rober Solsona (EP)
El pacto entre el PSOE y Bildu para la aprobación de la ley de Memoria Democrática ha sido el último paso de los enemigos de la democracia española en su esfuerzo por ensuciar la Transición, que es tanto como minar la legitimidad del sistema político que elegimos en aquellos años. Hubo otros intentos en el pasado -Podemos no ha cesado desde su nacimiento sus ataques a los años fundacionales de nuestro modelo de convivencia-, pero este resulta especialmente escandaloso y grave porque se produce con el permiso del que fue uno de los pilares de la Transición, el PSOE, y de la mano de la formación política heredera de quienes trataron de impedir a tiros que España se convirtiera en una nación democrática.
Mucha gente en la izquierda ha reaccionado con dolor e incredulidad a esta noticia. Los socialistas se han sentido siempre protagonistas de la Transición y observan ahora con estupor cómo los actuales propietarios de las siglas en las que militaron y por las que votaron tantas veces se prestan a esta infamia para prolongar su permanencia en el poder. Si esa estupefacción no se ha traducido en expresiones públicas de ira es porque muchos de ellos han perdido ya la fe en que su partido tenga arreglo y otros, más cínicos, han preferido acomodarse ante la inevitabilidad del desastre electoral que se aproxima.
Por supuesto que no todo fue perfecto en la Transición. Como cualquier gran acuerdo nacional, la Transición exigió concesiones y soportó improvisaciones y fallos propios de una generación sin experiencia política y, mucho menos, democrática. La izquierda renunció, entre otras cosas, a juzgar los crímenes del franquismo y la derecha aceptó el desmantelamiento voluntario del régimen en el que se sostenía. Hubo que echar mano del ministro que representaba al movimiento fascista para que condujera al país en aquella etapa tan compleja. Por suerte, aquel joven, Adolfo Suárez, resultó ser un hombre valiente y honrado que cumplió la palabra dada y abrió el espacio político para que todos, incluidos los comunistas, pudieran participar.
Ninguno de los errores cometidos reduce en lo más mínimo la grandeza de lo que se consiguió: después de tres años de guerra y cuarenta de dictadura, los españoles nos miramos como hermanos movidos por una causa común. Por primera vez en muchas décadas, siglos tal vez, España tenía una razón de ser y los españoles teníamos un propósito: convertirnos por fin en ciudadanos libres.
«Tenemos que defender la Transición, así como a sus principales autores, porque los ataques contra ellos no pretenden tan solo poner en duda su gestión y sus decisiones, sino devaluar nuestra democracia»
Sobra decir todo esto, que es conocido y cualquiera puede leer de forma muy documentada en un buen libro de historia. Pero no sobra que quienes vivimos aquellos años alcemos la voz ante los intentos continuos de tergiversar lo ocurrido, ignorarlo o descontextualizarlo. Como tenemos que alzar la voz, sin importar la ideología de cada cual, ante los ataques contra los principales protagonistas de aquella etapa, entre quienes merece mención de honor Felipe González, que cargó con el gigantesco esfuerzo de liderar la modernización de su partido y de nuestro país al mismo tiempo.
Tenemos que defender la obra y la memoria de la Transición, así como la de sus principales autores, porque los ataques contra ellos no pretenden tan sólo poner en duda su gestión y sus decisiones, sino devaluar nuestra democracia y justificar las ideas reaccionarias y totalitarias de quienes hoy los insultan. Es obvio que, con su intención de prolongar el franquismo hasta 1983, cuando ya gobernaba González, Bildu pretende darle cobertura política a los asesinatos de su socio, ETA. Pero es más que eso: se pretende imponer la falsedad de que nuestra democracia está machada en origen y requiere, por tanto, ser reemplazada por un nuevo sistema. No podemos engañarnos: los ataques a la Transición esconden un intento de imponer una confederación o una democracia popular gobernada por los nacionalistas radicales y populistas que no son capaces de competir en una democracia verdadera.
La Transición es, en realidad, la última barrera entre la democracia que nos dimos libremente en 1978 y la que algunos nos quieren imponer ahora. Por esa razón, hay que defenderla hoy con la misma energía con la que se hizo en su momento ante enemigos de similar calaña, aunque diferente apariencia.
La Transición es, como decía, el acto fundacional de nuestra democracia. Igual que otros países marcan en su independencia la fecha de su nacimiento como nación, la nación democrática que hoy es España surgió de aquella obra, a la que todos debemos, cuando menos, respeto. No podemos pretender un acuerdo total sobre los hechos ocurridos en aquellos años. En una sociedad sana cabe, por supuesto, la revisión profunda de su historia y la aclaración documentada de los acontecimientos pasados. Pero lo que no es tolerable es la degradación de la esencia de la Transición, de su principal lección: el respeto a las ideas de todos. Quienes hoy intentan juzgar el pasado, señalar a los culpables y castigarlos en la plaza pública, no sólo están quebrantando ese principio de nuestra democracia, sino trabajando para destruirla.
Parece que ya nadie trae del recuerdo las declaraciones de mayo del 2021 de la entonces portavoz de la formacion en el congreso, Adriana Lastras. ¿Ya nadie se acuerda de cuando abroncó en público a los del «viejo PSOE» para que dejarán paso a los de las nuevas generaciones?
Revisen, revisen las hemerotecas y comprobarán que así fue como afrontaron la derrota de las autonómicas de Madrid y con esta ley sacada de un cajón es como están afrontando la derrota en las autonómicas de Andalucía. El futuro, además de lo que viene en lo económico, trae sólo de momento, más elecciones autonómicas. Así que sí, claro que es posible lo planteado en este artículo respecto a la posibilidad real del «intento de imponer una confederación o una democracia popular gobernada por los nacionalistas radicales y populistas que no son capaces de competir en una democracia verdadera.»
F de Carreras dijo que una consulta indepe en Cataluña y País Vasco no vinculante es legal bajo acuerdos políticos que si se aceptan pueden crear una negociación de activos y pasivos, activos transferidos desde la creación de la Generalidad con la llegada pactada por Juan Carlos y Tarradellas, no por la constitución, no es cierto que un millón de manifestantes pidiendo libertad amnistía, estatut de autonomía fuera la causa, la causa fue la creación de la Asamblea Nacional por políticos del PSC y CIU. Carreras dijo lo del referéndum en el parlamento catalán, es constitucionalista y fundador de C´s.
Supongo que vio que paso en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017 y en septiembre de 2018, supongo que tendrá información de cómo se crearon las guerrillas urbanas y de la procedencia física como ideológica.
Legalizar en España derechos históricos, de lenguas y de historia a nombres de regiones ha pervertido a personas con una necesidad de aprovecharse en su beneficio personal de la instrumentalización de las masas, para convertirlas en instrumentos políticos, con la repercusión que tuvo por los casos judiciales de Bélgica, Alemania y el parlamento europeo.
Solo conozco Dinamarca y Checoslovaquia como ejemplo de separación territorial de una nación sin que causará guerras civiles.
Existen para dirigentes de partidos y generadores de opinión, se lo puedo demostrar, razones para anexionarse regiones dentro de la nación española y de la francesa por supuestos derechos de lengua y de historia, se auto proclaman liberadores de naciones dentro de una nación existente, España, lo que demuestra la perversión de los que se auto justifican como redentores, que en mi opinión han sabido aprovecharse de la legislación de los juristas y legisladores en España. La legalidad de los programas políticos basados en las proclamación de independencia del llamado estado español es legal y posible, le puedo demostrar declaraciones durante el anuncio del proceso político separatista como programa político para una región y creación de la nación de els paissos como resultado. Eso implica un proyecto anexionista que es también proyecto político en los programas electorales en España cuyas consecuencias han sido graves como enseña la historia de los países. Comparo España, Portugal y Francia sus constituciones, sus derechos constitucionales en materia territorial y de lenguas.
Preocupa mucho que no se haya contemplado por los legisladores españoles ilegalizar partidos políticos que tengan la anexión territorial como proyecto político, también que se excuse tipificar el delito de rebelión de los gobiernos autonómicos porque en Francia, Alemania, Bélgica o Grecia, afirman no se tipifica, y que se legisle para modificar el delito de sedición de los gobiernos autonómicos justo ahora.
Una cosa son afirmaciones, ideas sobre razas humanas, etnias, religiones, genes, lenguas, inmigrantes internos y externos, y ADN, de profesionales de la política de la democracia española, otra legalizar partidos políticos fundados en proyectos políticos sobre razas humanas, etnias, genes, lenguas y ADN en este país, comparo los países vecinos sus constituciones y legislaciones con España.
Coscubiela afirmo, catalán y político de izquierdas, los grandes aciertos de los redactores de la constitución, pero se equivoca gravemente como han hecho los políticos y legisladores desde hace más de 40 años legalizando los derechos históricos de regiones españolas, él llama asimétrica para la catalana y la niega para otras. Coscubiela demuestra su confusión de conceptos por tantos años asimilando los conceptos ideologices políticos de los dirigentes de partidos soberanistas catalanes, con los que ha llegado a acuerdos en Catabrixt, como Josep María Álvarez en Madrid ahora se llama Pepe y nadie le pregunta, que tendrá consecuencias tarde o temprano para los ciudadanos de este país.
Podría remontarme a los textos de las instituciones civiles vascas del siglo XVI racistas, las bases ideológicas de partidos políticos creados en Cataluña por la burguesía indiana, la fundación del PNV de los Arana hipócritamente escondidas por los nuevos profesionales de la política de la democracia española, plenamente vigentes en los planteamientos políticos de los sucesivos dirigentes de los partidos soberanistas actuales en España. El libro blanco de ETA de los sesenta con yoda la ideología racista, y resulta que BILDU, HERRI BATASUNA son herederos de ETA, como afirman. Otra contradicción.
Pedro Sánchez secretario general del partido afirmo sobre estas cuestiones ideológicas soberanistas, o sobre lo ocurrido en 2017 en Cataluña, Pedro Sánchez: “Torra es el Le Pen de la política española” (psoe.es). Mayo de 2018.
En Portugal no tienen legalmente partidos regionales y autonómicos en la única cámara nacional, en su constitución dos autonomías. Para los que usted conoce y trata y ha tratado profesionalmente ese país no es ejemplo de transición democrática y en Portugal hubo dictadura, golpes militares, bombas, muertos por organizaciones terroristas, partidarios de la independencia de los archipiélagos por métodos no pacíficos. En el parlamento europeo no hay representantes de partidos indepes portugueses.
Empiece a relatar de verdad los errores cometidos y no los que a usted le interesa.
Amigo como bién decían el que no comete errores, ni los admite, se quiere más asi mismo que a la verdad.
Unas veces cometemos errores otras nos dejamos, otras nos engañan. He intentado decirle a Caño que diga la verdad a la gente sobre lo que ha escrito. Porque hay otras países como Portugal y Francia y debería de explicar Caño que España día a día vamos de cabeza a una guerra civil. y no hacer lo mismo que sus compañeros de profesión culpar a Sánchez de utilizar la legalidad emanada de la constitución española que han utilizado otros antes.
Ninguno de los errores cometidos reduce en lo más mínimo la grandeza de lo que se consiguió: después de tres años de guerra y cuarenta de dictadura
El problema Caño es la constitución española y la forma que los redactores la escribieron. Juan Carlos quería ser rey y tenía claro que había que hacer y cómo. Dicen que la constitución española no es militante como la portuguesa, la francesa, que se puede ser independentista y dentro de la ley los que cuando lo que paso entre 2014 y 2017 decían que la ideología nacionalista es racista pero legal. Como en las tertulias televisivas de las no hay posibilidad de decir lo que no interesa a los que les ponen , nadie nos dice que se contradicen,, en lugar de eso usted culpa al otro, sr Caño que lo solucionaron los dos países que he nombrado.
Fraga voto no a la LOAPA pero no tuvo problemas mentales en ser presidente de la Xunta y hacerlo en gallego, darle una visita a Fidel por la comunidad porque el rey quería hacer un viaje a Cuba y allanar el trabajo a los inversores en hispano américa, eso si en español, «nos une el idioma español», y los que veían al rey por las calles gritaban «viva la madre patria ¡¡¡».
La famosa editorial, «ejemplar transición democrática española ejempló en el mundo» también se la dará la vuelta legalmente, los tertulianos contrarios nos dirán que es por culpa de Sánchez, asunto zanjado.
La Juana de Arco anti nacionalista que nos vendieron los tertulianos mientras tanto se iba de cenitas con Marta Pascual, Cima y otros diputats indepes y surgió el «amor», aprendió catalán en la intimidad, que se intentó ocultar por lo que nos la vendieron porque estaba Rivera, Pedro J y de Carreras en el proyecto, en EEUU Arrimadas no lo habría tenido tan fácil.
Todas las asociaciones catalanas que se dicen constitucionalistas denominan el idioma español castellano, y castellanohablantes todo junto. Lo hace la constitución, la RAE, la web de la corona, el rey, los periodistas de toda condición, medio, ideología.
La ley de lenguas que el año pasado anunció Josep Ramón Bosch azote de los indepes que llamo a arrebato a la «mayoría silenciosa», decían «donde está la mayoría silenciosa ??» los tertulianos profesionales y editoriales constitucionalistas, pero nadie le dice a Bosch que es un oportunista falsario.
Todo esta resumido en la frase de Cuevillas, «a mis alumnos les digo que lo que no está prohibido se puede hacer» mientras defendía a Puigdemont.