Energías renovables: un timo de 100.000 millones de euros… más IVA

El 12 de marzo de 2004 era viernes. El día anterior se había producido el atentado de los trenes de Atocha y la actividad política, en vísperas de las elecciones generales convocadas para el domingo día 14, era frenética y convulsa, pendiente exclusivamente del atentado, de sus trágicas consecuencias, de sus posibles autores y de intentar que aquel suceso beneficiase, o al menos no perjudicase, a cada uno de los contendientes electorales. Se iban a enfrentar en las urnas José Luis Rodríguez Zapatero como cabeza de lista del PSOE, tras ganar por sorpresa unos años antes las primarias del partido frente al oficialista José Bono, y Mariano Rajoy, designado por el «dedo divino» de Aznar unos meses antes como líder del PP.

Aquel día se realizó, como siempre, la recogida de basuras, no se produjeron interrupciones en el servicio eléctrico, y la mayoría de los españoles acudió a su puesto de trabajo con toda la normalidad que la situación permitía. También el Gobierno de España celebró su Consejo de Ministros, (último presidido por el mencionado Aznar como Presidente en ejercicio antes de las elecciones), durante el cual se aprobaron, además de una ayuda urgente de 140 millones de euros para las víctimas del atentado, más de una veintena de Reales Decretos, entre ellos el RD 436/2004 por el que se establecía la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, y que sirvió de chupinazo de salida para el desastre para la mayoría y el chollo para algunos en el que, como luego veremos, llevamos cerca de 2 décadas inmersos (y lo que nos queda).

Dicho RD teóricamente pretendía, según el legislador, que en el año 2010 cerca de un tercio de la demanda de electricidad estuviera cubierta por tecnologías de alta eficiencia energética y por energías renovables sin incrementar el coste de producción del sistema eléctrico, respecto de las previsiones que sirvieron para fijar la metodología de tarifas en 2002. Se buscaba también lograr que, en la misma fecha, las fuentes de energía renovable cubrieran al menos el 12 por ciento del total de la demanda energética en España.

Para ello establecía una serie de tarifas, primas e incentivos de diferente cuantía según el tipo de electricidad generada (eólica, solar, biomasa, etc), y según la potencia de la instalación. Esta discriminación por potencia instalada venía motivada, como es costumbre en España, por la voluntad de las autoridades de «favorecer» a los pequeños promotores de electricidad (instalaciones inferiores a 100 kW de potencia), dándoles unas retribuciones económicas mejores que a los «malvados grandes capitalistas». Como es lógico, numerosos grandes promotores decidieron instalar, en vez de un parque de 2 MW de potencia, 20 parques de 100 kW. No se podía saber.

Eso sí, en honor al Gobierno Aznar hay que admitir que los redactores de la Ley tuvieron el buen ojo de establecer límites máximos «razonables» de potencia instalada por fuente de generación a ser retribuidas según las favorables condiciones definidas en el RD. Superados esos niveles (por ejemplo, y aplicados a la solar fotovoltaica, 150 MW), se procedería a la revisión de la cuantía de las tarifas, incentivos y primas expresadas en el RD.

El domingo 14 marzo de 2004, las urnas otorgaron una cómoda mayoría a José Luis Rodríguez Zapatero sobre Rajoy.

En 2007, España continuaba con su aparente bonanza económica. Los economistas de cabecera del Gobierno hablaban del «Pura Sangre español» (por contraposición a los Tigres Asiáticos) y el propio Zapatero sacaba pecho presumiendo de haber adelantado a Italia en renta per cápita y de que la próxima «víctima» sería Francia. Pese a que el sector de la construcción daba señales de agotamiento (los precios de la vivienda habían tocado máximos en 2005-2006) y muchos anticipaban el posible pinchazo de la burbuja, Zapatero podía exhibir músculo e incluso presumir de superávit en las cuentas públicas.

Y en esas estábamos cuando, curiosamente también 48 horas antes de otros comicios (en este caso municipales y autonómicos), el viernes 25 de mayo de 2007 se aprobó el RD 661/07, por el que se regulaba la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Además de reincidir en el error del gobierno anterior de «premiar» a las pequeñas instalaciones con un régimen aún más favorable que al resto (engáñame una vez y es culpa tuya; engáñame dos…), en este nuevo RD se cometió el «desliz» (en un alarde de buena fe vamos a suponer que fue eso, simplemente un fallo técnico) de no definir un techo máximo de potencia instalada al cual sería de aplicación el nuevo régimen retributivo, sino unos «objetivos orientativos» (que, por ejemplo, en el caso de la solar fotovoltaica eran 371 MW).

Las excelentes condiciones ofrecidas, especialmente para la energía fotovoltaica, provocaron una avalancha de solicitudes que, pese a multiplicar por 10 el objetivo orientativo establecido en el RD, se pudieron finalmente acoger al régimen retributivo del RD.

El incremento de la cantidad a abonar por las primas (y el consiguiente «agujero» en el déficit de tarifa) comenzó a alcanzar tal magnitud que poco menos de dos años después Miguel Sebastián, ministro del ramo, en una polémica medida, «recortó» las primas… eso sí, a cambio de alargar 5 años más, de 25 a 30 en el caso de la fotovoltaica, la duración del periodo de percepción de las mismas. Posteriormente Rajoy, acuciado por los problemas económicos posteriores al pinchazo de la burbuja, derogó el RD 661/07 y aprobó otro durísimo RD estableciendo un nuevo marco regulatorio que redujo de nuevo las primas a percibir por los promotores. Y además lo hizo aplicable con carácter retroactivo. El Tribunal Supremo avalaría después este «hachazo» (en mi opinión bananero) de Rajoy, aunque los inversores extranjeros están acudiendo (los españoles no pueden) a Tribunales de arbitraje internacionales, aduciendo que el Estado español «cambió las reglas del juego a mitad del partido» reduciendo la rentabilidad prevista de la inversión. Y están ganando en muchos casos los correspondientes pleitos.

Hasta aquí, la historia resumida del periplo legal del impulso español a la generación con energías renovables.

Es hora, 15 años después (y aunque quedan otros 15), de evaluar el impacto de aquellas iniciativas legislativas.

Acudiendo a la información proporcionada por la CNMC, entre 2008 y junio de 2022:

• La retribución específica a los promotores sujetos al régimen especial (cogeneración, solar fotovoltaica, termosolar, eólica, hidráulica, biomasa, tratamiento de residuos y otras tecnologías renovables) ha sido 97.193 millones de euros. Casi 100.000 «kilos» de primas.

• De ellos, las tecnologías fotovoltaica y termosolar acumulan casi la mitad. Concretamente, 47.919 millones de euros.

Han salido de los bolsillos de todos los ciudadanos 100.000 millones de euros (y lo que nos queda). Bueno, 100.000 millones de euros no. 100.000 millones más IVA, más impuestos municipales y autonómicos a la generación. Porque España es un país peculiar donde las primas, o los impuestos especiales en el caso de los carburantes, son impuestos gravables con otros impuestos y generan valor añadido. O sea, en números gordos, unos 125.000 millones de euros. Y lo que nos queda.

Uno de los argumentos más frecuentemente usados por los defensores de las energías renovables, particularmente del régimen retributivo utilizado en España para incentivarlas, es que ello llevaría al crecimiento de una gran industria de la que España sería líder. Pues bien, tras un breve florecimiento a principios de siglo, tras la reducción/eliminación de los incentivos a la retribución a las nuevas instalaciones, no solo pasó una década en que en España apenas se instaló un solo panel fotovoltaico, sino que la industria surgida al calor de las subvenciones desapareció como había venido. Si acaso, las primas en España habrán servido para desarrollar la industria en China (donde, por supuesto, se fabrica de manera más contaminante y con menos controles laborales y medioambientales).

Otro de los argumentos habituales de los defensores del sistema de incentivos empleado es que, pese a recibir cuantiosas primas, las energías renovables como la solar FV contribuyen a abaratar el precio del «pool», lo que redunda en una reducción del coste final del recibo. Veamos si es cierto.  

Eurostat (el «INE» europeo) publica, dos veces al año, el precio de la electricidad para consumidores domésticos. Comparando la variación de dichos precios desde el primer semestre de 2008 hasta el segundo semestre de 2021, podemos sacar las siguientes conclusiones:

1. El precio del kWh «todo incluido» (impuestos, primas, subvenciones, etc) era en España el decimosexto más caro de la Europa de los 27 en 2008. A finales de 2021 era ya el quinto (y estamos cerca del «bronce»).

2. Los españoles pagaban en 2008 el kWh un 15% más barato que la media de los ciudadanos de la Europa de los 27. Hoy lo pagan un 19% más caro.

3. El precio del kWh en España se ha incrementado desde 2008 un 106% (más del doble). En la Europa de los 27 ha subido menos de un 50%.

Por tanto, no parece que el sistema diseñado haya contribuido tampoco a reducir el precio de la luz. Más bien al contrario: como era esperable por cualquiera que lo pensase 30 segundos, instalar miles de MW con primas disparatadamente altas a pagar cada año durante décadas no podía hacer otra cosa que incrementar el coste del recibo eléctrico para los ciudadanos.

«Desde 2008, y asumiendo 20 millones de hogares en España, cada uno de ellos lleva gastados 5.000 euros en ‘incentivar las energías renovables’»

Desde 2008, y asumiendo 20 millones de hogares en España, cada uno de ellos lleva gastados 5.000 euros en «incentivar las energías renovables». Más de 30 euros al mes, cada mes desde hace 15 años. Y lo que nos queda. Además, y como todas las políticas «verdes», este gasto se produce de manera profundamente regresiva: recae de manera desproporcionada, en términos relativos a su renta disponible, en los ciudadanos de menores ingresos.

Como repito incesantemente en mis artículos, la Energía es la sangre del bienestar humano. Encarecerla artificialmente, como se ha hecho con las primas a la generación por renovables, y como continuamos haciendo por imposición de la Unión Europea mediante sus derechos de emisión de CO2, reduce necesariamente el crecimiento, cuando no lo detiene por completo.

Acudiendo de nuevo a Eurostat:

1. El PIB per cápita real ha aumentado en la Europa de los 27 un magro 8,7% desde 2008. Mientras, en España se ha reducido un 2,9%.

2. En 2008, el PIB per cápita español era casi el 95% del de la Europa de los 27. Hoy es menos del 85%.

Seguro que no todo el desastre español se debe al incremento del coste de la electricidad. Pero las políticas tienen consecuencias. Y las políticas nefastas de largo plazo tienen consecuencias de largo plazo nefastas. En el caso que nos ocupa, lastrar el crecimiento de la economía española durante décadas.

Decía antes que, desde 2008, han salido de los bolsillos de 47 millones de españoles 125.000 millones de euros en el recibo de la luz. Mi curiosidad, aparte de los 25.000 millones de euros que, vía impuestos, han ido a las arcas del Estado, es quiénes habrán sido los pocos miles de espabilados y afortunados «inversores y promotores de electricidad renovable» a los que han ido a parar los otros 100.000 (y lo que les queda).

La corrupción de Gürtel nos costó más de 100 «kilos». La de los ERE, casi 700 «kilos». El timo de las renovables, 100 «toneladas»… más IVA.