Midiendo las traiciones de Bolaños (el Gobierno)

Conviene entender bien el espíritu y la significación real del doble acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno regional de la Cataluña hispana, cuya existencia ya es un atentado a la convivencia y a la Constitución que se votó, aunque tal vez no a la irreconocible Constitución ahora interpretada. Y conviene especificar bien a qué y a quién traiciona antes de llamarle traidor.

Decimos doble acuerdo porque están vinculados, ya que el primero prepara el segundo en su intención a corto plazo. Empieza un primer pacto para asegurar la no plena aplicación del Estado de Derecho en una región española, la famosa desjudicialización, y viene un segundo acuerdo que pretende erradicar el español de la enseñanza en la Cataluña cispirenaica. Por supuesto, los textos están repletos de un verbo fácil y grandilocuente que apela a bienes de la humanidad, a supuestas actitudes democráticas (que son lo contrario) y al interés general (que destrozan). Los acuerdos son, evidentemente, instrumentales, y al servicio de dinámicas políticas envolventes como el proyecto de desguace de España, por ahora confederal desigualitario asimétrico, del SPS (SanchoPodemismoSeparatista), la ocupación total del poder judicial por una minoría afín a ese proyecto, la seguridad de mantener el SPS un año y medio más, etc… También los textos establecen mentiras como catedrales a la leninista o goebbelsiana manera, tales como que el «problema catalán» que nunca será tal, sino español, es únicamente político. Es también, y más, jurídico, democrático, ético y afecta a derechos civiles que deberían ser intocables, según nuestra Constitución original. Otra mentira que se deja caer es que España es multilingüe. No, España no es Bélgica ni Suiza, España es una nación con una koiné constitucional de obligado uso público, y con lenguas regionales de obligada y deseable protección y promoción cultural. Como lo son Francia, Italia, Alemania, Polonia…., con la particularidad que Francia o Italia, por ejemplo, tienen muchas más lenguas regionales que España. Pero se deja caer la mentira y ya queda asumida.

Pero vayamos al grano de las traiciones. En primer lugar, evidentemente, prometer «desjudicialización» a golpistas confesos o en ciernes, renunciando el Gobierno a actuar contra delincuentes, es una traición al sistema democrático que sólo puede apoyarse en una traición a la independencia del poder judicial. Pero como estamos ya totalmente acostumbrados a esto sigamos en la escala de traiciones. En este caso, el abandono del Estado de Derecho sirve para que quede impune la no ejecución, agresiva, provocadora y chulesca de una sentencia del TSJC refrendada por el Supremo; eso es otra traición a la democracia pero que se eleva a traición al bien común de los españoles y a su protección. Esta tropelía quedó recalcada de dos maneras. En primer lugar, la ofensa a la Justicia y a los demandantes se basa en una ley regional posterior a la sentencia que pretende hacerla «incumplible» y que el señor Bolaños, el Gobierno, hace suya. Pues bien, al día siguiente de la firma de los acuerdos el TSJC plantea en términos durísimos la inconstitucionalidad de esa propia Ley regional. La obligación fundamental, exclusiva, del Gobierno de la Nación, era velar porque se cumpliese lo dictado en Justicia, otra cosa es traición. Pero el propio señor Bolaños explicó por qué traicionaba al interés general de los españoles. Su gran apoyo «democrático» es que la Ley de marras había sido votada por el 80% del parlamento regional. No vamos a entrar en las escasas condiciones democráticas que se dan en las elecciones en Hispano Cataluña (cómo en Vascongadas) sino en el hecho de que un Parlamento regional no puede decidir sobre algo que afecta ( y lesiona) los derechos de todos los españoles. Nuestros hijos y nietos, los de todos, no pueden instalarse en Cataluña porque se verán privados de su derecho a estudiar en la única lengua común de su patria. No habrá libre circulación para enseñantes, para policías, para jueces, para funcionarios. Por ser breve, esa intolerable barrera lingüística lesiona los derechos de todos los españoles. Los que debe proteger el Gobierno en su irrenunciable deber de proteger el bien común de todos los españoles.

Pero esas traiciones, para el que firma, se quedan chicas ante la monstruosidad. Resulta que los acuerdos se firman al día siguiente de que el consejero de Justicia de la Generalitat, señor González, emitiera unas instrucciones a los colegios de Íbero Cataluña para erradicar el español de cualquier ámbito escolar (recreos, refectorios, deportes, excursiones) con la creación de gestapianos vigilantes incluidos. Y también resulta que la sentencia refrendada por el Supremo, no aplicada en rebeldía, lo que pretendía, muy modestamente, era asegurar que los niños españoles que viven en la Cataluña Hispana tuvieran al menos un 25% de sus clases en español para asegurar un poco de viabilidad al deseo de los padres de que sus vástagos no perdieran el tren del mejor y más útil conocimiento. Es decir, la Justicia intentaba, torpemente o no, asegurar un mínimo de los derechos de la infancia, y de los padres, y protegerles frente a unas prácticas totalitarias, excluyentes, de base racistas, y totalmente dañinas para los niños. Y a la rebelión delincuente contra ello se adhiere el señor Bolaños, el Gobierno. Por lo tanto traiciona los derechos de la infancia española, reclamados por los padres, y su deber de proteger a la infancia contra el ilegal y orwelliano ataque del separatismo. Esa es la traición que da asco. Y a eso lo llaman políticas progresistas…

La semana trágica

Enrique Calvet Chambon