Ahorrando energía entre el 'seny', el 'sentidiño' y el mercado
«El Gobierno ha decretado el racionamiento y ha suspendido el funcionamiento de la economía de mercado en la energía. Sin diálogo ni intervención del Parlamento»
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
El Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización está resultando políticamente controversial, como cabía esperar de su nombre, su insufrible exposición de motivos y su utilización oportunista para corregir la metedura de pata europea. Tras un ataque de orgullo patrio felizmente envainado a tiempo no vaya a ser que enfade el BCE, hay que mostrarse los más solidarios, y el gobierno parece dispuesto a cargarse el turismo, la hostelería y el comercio, los sectores que están sosteniendo la actividad económica y el empleo. Justo ahora que los aprendices de Orwell habían conseguido educarnos en la nueva economía y ya llamábamos al empleo precario, trabajo indefinido pero discontinuo y a los parados, trabajadores en descanso estacional. Un decreto sin duda urgente, porque, como ha afirmado en tierra de indianos la ministra de Justicia, hay que elegir entre Europa o Putin, quizás recordando aquellos delirios de nuestra infancia, o con Perón o contra Argentina.
El decreto es tan confuso que el Gobierno se vio forzado a convocar una conferencia de consejeros autonómicos solo para explicarlo. Y consiguió añadir más confusión, porque ahora ya nadie sabe a qué temperatura hay que poner el termostato. La vicepresidenta ha introducido los términos «aproximadamente» y «con sentido común» en el obligado cumplimiento del decreto. Conceptos jurídicos indeterminados que casan muy mal con un régimen sancionador enfervorecido como el que contempla el decreto. Un régimen de nula posibilidad de aplicación práctica, y no precisamente porque algunas comunidades se hayan declarado en rebeldía y lo lleven al Constitucional, lo que parece haber alegrado al Ejecutivo porque le permite continuar su relato de ficción de una derecha echada al monte. Sino porque forzaría a recuperar a los serenos de barrio, portadores ahora de un termómetro en vez de las llaves del portal, o a los comités voluntarios de vigilancia climática, a los que de paso les podríamos encargar el cumplimiento de las órdenes de disciplina lingüística en idiomas vernáculos propios, siempre que no sea el imperial y fascista castellano o español. En mi maldad congénita y reaccionaria, he llegado a pensar que éste es el verdadero motivo del decreto, relanzar el mercado de trabajo mediante el descubrimiento de nuevos yacimientos de empleo en la economía circular.
El decreto es además innecesario, porque como ha contado Nemesio Fernández Cuesta en un reciente artículo, la demanda convencional de gas, la destinada a empresas y hogares, ha caído un 10,3% en lo que va de año. Ahorro que va a más, porque los datos provisionales apuntan a que en julio ha caído un 30%. Recordemos que para hacer frente al posible embargo ruso nuestro compromiso con Bruselas nos obliga a reducir la demanda un 7%. Familias y empresas progresamos más que adecuadamente. Pero se ha disparado la demanda de gas para generación eléctrica. No porque las empresas se estén forrando a nuestra costa, que estarían en su derecho, ni porque España no haya aumentado brutalmente su oferta de energías renovables, sino porque la sequía ha reducido drásticamente la generación hidráulica, el fundamentalismo climático ha decretado el cierre acelerado de las centrales de carbón, la energía nuclear sigue siendo un tabú político para los llamados progresistas, y las exportaciones de electricidad a Francia, Portugal y Marruecos se han multiplicado tras el decreto que puso un tope artificial al precio del gas. En síntesis, el consumo de gas para producir electricidad no ha aumentado por la guerra de Ucrania, sino por la pertinaz sequía franquista que no entiende de memoria histórica, y por una política energética fundamentalmente equivocada y mesiánica. Una política sectaria que descalifica como negacionistas a todos los que simplemente piden una respuesta racional a una sencilla pregunta, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar en términos de crecimiento y empleo por reducir un X por ciento la probabilidad de que la temperatura media del planeta suba 1 grado en 10 años?
«Interrumpir el funcionamiento del mercado es ineficiente, conduce a la arbitrariedad, el clientelismo y la corrupción»
A esta sencilla pregunta, el decreto de marras intentar responder con la proclamación de una economía de guerra, instaurando un dirigismo económico que ignora y busca eliminar el papel fundamental del sistema de precios en la regulación de oferta y demanda. El gobierno ha decretado el racionamiento y ha suspendido el funcionamiento de la economía de mercado en la energía. Sin diálogo social, regional o político, ni aviso previo, en Consejo de Ministros tan extraordinario que la rueda de prensa no llegó ni al telediario de la noche. Como corresponde a una situación de guerra, proclamada unilateralmente sin intervención alguna del Parlamento. Institución que es ya solo una cámara de resonancia a la que convocar al aplauso a los fieles aliados. No vaya a ser que gobierne la derecha y dejen funcionar al mercado, lo que es solo una posible hipótesis de trabajo, dada la prevalencia ambiental del discurso mercantilista.
Permítanme que les castigue con una lección veraniega de introducción a la economía, ciencia que se ocupa precisamente de cómo asignar recursos escasos entre fines alternativos, los famosos cañones o mantequilla en la clásica expresión del profesor Samuelson. Hay dos posibles procedimientos cuando se trata de reducir la cantidad a consumir de un determinado bien, en este caso el gas ruso: dejar funcionar al sistema de precios o acudir al dictador benevolente y permitir al gobierno que decida por nosotros. Los españoles ya han empezado a utilizar el primero, según datos del Banco de España han reducido su consumo, incluido el energético, para hacer frente a la subida de precios, pero el gobierno insiste en que lo hagamos a su manera. Interrumpir el funcionamiento del mercado es ineficiente, conduce a la arbitrariedad, el clientelismo y la corrupción, como hemos podido comprobar al inicio de la pandemia con la búsqueda desesperada de mascarillas. El sistema de precios es el gran invento progresista de la Humanidad para decidir qué, cómo y para quien se produce. Y por eso es el enemigo principal de todo arbitrista autoritario.
Pero seamos progresistas y terminemos hablando de para quién se produce, es decir, de quién reduce el consumo energético. Los enemigos de libertad insisten en qué es injusto permitir que los ricos sigan comprando energía como si no hubiera un mañana y justifican así el racionamiento, café para todos pero poco, que en eso consiste el decreto comentado. Pero los individuos somos afortunadamente muy distintos en nuestros gustos y necesidades, no solo en nuestro patrimonio. Habrá gente que prefiera, por ejemplo, seguir consumiendo gas para calefacción y sacrificar los desplazamientos en coche, reduciendo el consumo de gasolina. Otros justo lo contrario. Es razonable pensar que las personas mayores estarán entre los primeros y los más jóvenes, millenials, generación X o cualquier otro latinazgo que se nos ocurra, entre los segundos. Pero el racionamiento gubernamental define un consumidor típico, que suele coincidir con el que estima más parecido a sus votantes, y decreta la cantidad a consumir. Dejar funcionar a los precios, no intervenir el mercado, puede producir situaciones de pobreza y necesidad impropias de una sociedad desarrollada, sin duda. Pero para eso está precisamente la política fiscal, las ayudas selectivas a los grupos sociales necesitados. Y aquí, también la teoría económica nos ofrece una lección indiscutible, las ayudas en dinero son preferibles a las ayudas en especie, sencillamente porque permiten a sus receptores asignarlas a consumir aquellos bienes que les producen más utilidad. Conclusión, es mejor subvencionar con dinero que rebajar indiscriminadamente los precios de la gasolina o topar el gas. Sin olvidarnos de que en una coyuntura altamente inflacionista, la política fiscal tiene que contribuir a la moderación de la demanda y extremar su carácter selectivo en un tono contractivo. Pero esto sería creer en la libertad y en la capacidad de decisión individual. Valores que hoy el gobierno y sus aliados consideran el enemigo a batir.
