La ley y la calle

Según traía el lunes el diario El Mundo, la célula monclovita destinada a tratar con el Gobierno de la Generalidad –léase a negociar con sus representantes para intentar tener la fiesta en paz–, estaba satisfecha de cómo había transcurrido la jornada del domingo en Cataluña. A su juicio, la situación actual era radicalmente distinta a la de años atrás. Y ello se resumía de este modo: «Ahora en Cataluña un ministro o un diputado del PP puede pasear sin que le increpen continuamente». Ignoro qué hay de cierto en dicha afirmación –todo lo que sale de la máquina propagandística del Gobierno es susceptible de ser falso hasta que se demuestre lo contrario–, pero démosla, si les parece, por buena y procedamos a ponderarla con algunas acotaciones.

En primer lugar, sobre la naturaleza de los increpados. En efecto, ¿por qué el PP? ¿Por qué no Ciudadanos o Vox? Se me dirá, con razón, que porque estos últimos nunca han tenido ministros. Pero sí han tenido y tienen diputados, y dudo mucho que tal afirmación se les pueda aplicar, al menos con una rotundidad semejante. Más bien creo que la referencia al PP es una forma de echarle en cara a este partido que, cuando gobernaba en España bajo la presidencia de Mariano Rajoy, esos paseos sin sobresaltos eran infrecuentes. Y que ahora, gracias al gobierno de Pedro Sánchez, vuelven a ser posibles. En otros términos: que la culpa de la tensión de aquellos tiempos no fue del independentismo y sus fraudes de ley, sino de un gobierno del PP que no supo estar a la altura. Y habrá que darles en parte la razón –sin olvidar en ningún momento que el gran responsable de lo ocurrido fue el Gobierno de la Generalidad–: aquel Gobierno de España no estuvo a la altura, pero no por exceso, sino por defecto.

«El hecho de que el Gobierno de España se ponga la medalla de haber rebajado la tensión en Cataluña no exime a los populares de recibir en su callejeo diario u ocasional algún que otro insulto»

Viene luego lo de increpar. Lo de increpar continuamente, mejor dicho. El hecho de que el Gobierno de España se ponga la medalla de haber rebajado la tensión en Cataluña –y ello, añadiría Pedro Sánchez de hallarse ante una cámara o un micrófono, «a pesar de la derecha política, económica y mediática»– no exime a los populares, según la propia fuente monclovita, de continuar recibiendo en su callejeo diario u ocasional algún que otro insulto. Y es que así debe interpretarse el increpar que hace al caso. Nuestra Constitución, en su artículo 20, consagra la libertad de expresión como un derecho, sólo limitado por otros derechos también constitucionales: «(…) al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia», principalmente. Que determinadas increpaciones callejeras estén dentro o fuera de la ley son cuestiones que acabarán dirimiendo, mejor o peor, los tribunales, si el afectado toma la resolución de acudir a ellos. Por no hablar, claro, de aquellas ocasiones en que el insulto pueda constituir, por su naturaleza, un delito de odio tipificado en el Código Penal.

Pero lo verdaderamente significativo, a mi entender, de esas palabras gubernamentales es la convicción de que la calle no sólo opina, también arbitra. Ante el dilema de si había que actuar como hizo el gobierno de Rajoy o como lo está haciendo en esta legislatura el gobierno de Sánchez, la calle sanciona, al permitir que ministros y diputados del PP puedan pisar el espacio público sin ir –o casi– de susto en susto, que la actuación correcta es la del actual ejecutivo. Poco importa, en este sentido, que el causante de aquella tensión fuera un gobierno autonómico situado fuera de la ley y cuyos máximos representantes estén negociando hoy en día con el Gobierno de España toda clase de prebendas económicas y políticas.

Y todavía hay algo en esas palabras en lo que no suele repararse y que tal vez constituya lo sustancial de esa clase de situaciones. En ellas la víctima de la increpación es alguien que defiende el imperio de la ley, mientras que el victimario es alguien que no cree en él y está dispuesto a conculcarlo. Y esa condición de víctima, en la Cataluña de hoy, vale para los cargos públicos de PP, Ciudadanos o Vox, pero también para todos aquellos ciudadanos que, aun sin ser cargo público ni afiliado de ninguno de estos partidos, puedan salir un día a la calle para expresar su opinión con la ley en la mano. Sin ir más lejos, el próximo domingo al mediodía, en el Arco de Triunfo barcelonés, para exigir una escuela de todos en Cataluña en la que el español sea también, como han prescrito los tribunales, lengua vehicular.