Terrorismo fiscal
«El Estado puede aumentar o la fiscalidad de una parte de sus nacionales, pero si decide hacerlo resulta deshonesto que para justificarlo proceda a criminalizarlos»
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press
La cruzada emprendida por el Gobierno en materia tributaria constituye un auténtico ataque a la actual configuración del Estado autonómico, un atraco general al conjunto de los contribuyentes, y una agresión particularizada a un grupo de españoles. La contundencia de estas tres afirmaciones aconseja explicarlas una a una.
En primer término, la creación de un impuesto que grave el patrimonio personal, como sucede con el anunciado que recaerá sobre las denominadas «grandes fortunas», supone la invasión por el Gobierno de un campo tributario -la imposición patrimonial- que en el actual estadio del Estado de las Autonomías corresponde exclusivamente a las Comunidades Autónomas. Así lo afirmó categóricamente hace unas semanas el propio PSOE en el pleno del Congreso de los Diputados cuando rechazó la propuesta de Podemos. Contradiciendo ahora dicha afirmación, el Gobierno ha decidido iniciar -sin consenso- la recentralización fiscal que proyectaba y que, cumpliendo el encargo recibido, fue propuesta por la denominada «comisión de expertos» de la ministra de Hacienda.
Sucede que tanto el actual Impuesto sobre el Patrimonio como el que gravará las «grandes fortunas» recaerán sobre el mismo hecho imponible: la titularidad sobre bienes y derechos, lo que implica que el neocentralismo fiscal del Gobierno se inaugura con un flagrante supuesto de doble imposición. Al parecer, se proyecta eliminar este descalificador defecto permitiendo que en la cuota a pagar del nuevo impuesto se deduzca el importe pagado en el viejo. Efectivamente, desaparecería así el doble gravamen, pero a costa de horadar nuevamente la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas pues dejaría sin efecto el ejercicio de las competencias autonómicas en el Impuesto sobre el Patrimonio. Al tiempo, se cometería una gran injusticia entre españoles que, según la región en la que vivan, contribuirán en mayor o menor medida a la cobertura de los servicios prestados desde el Estado central. Así es toda vez que lo pagado en el Impuesto sobre el Patrimonio se ingresa por la Hacienda autonómica, mientras que lo que se pague por el nuevo impuesto engrosará la caja de la Hacienda estatal y será lo que sirva para sufragar los gastos generales del Estado, como es el caso de la Defensa nacional o de los Asuntos Exteriores.
«Con su negativa a deflactar el IRPF, el Gobierno está perpetrando un auténtico atraco a más de 20 millones de contribuyentes»
Pues bien, según lo que parece proyectar el Gobierno, debido a la deducción de lo pagado en el Impuesto sobre el Patrimonio, la contribución de los españoles a estos gastos generales del Estado a través del nuevo impuesto será diferente según la Comunidad en la que se resida. Pensemos que entre dos contribuyentes con un patrimonio idéntico que residan respectivamente en Cataluña y Madrid, éste último pagará más que el primero en el Impuesto sobre las «grandes fortunas» y, consecuentemente, estará sufragando en mayor medida los servicios públicos de carácter estatal. Tamaña injusticia.
En segundo lugar, con su negativa a deflactar el IRPF, el Gobierno está perpetrando un auténtico atraco al bolsillo de los más de 20 millones de contribuyentes de un impuesto entre los que, utilizando la actual terminología gubernamental, hay ricos y pobres, pero cuya recaudación proviene en un 90% de los sueldos y salarios. Aprovecharse de la existencia de una inflación en torno al 10% para aumentar la detracción fiscal exigida a la generalidad de los españoles es la actuación más ilegítima que puede realizar el poder tributario, siendo una característica propia de los Estados que son conocidos como bananeros. Pues bien, según los informes mensuales de recaudación que elabora la Agencia Tributaria, cabe estimar que entre en torno a 10.000 millones de euros nos ha cobrado ya el Gobierno ilegítimamente. Además, se ha negado a aceptar la propuesta del PP de rebajar el IVA que grava a determinados productos alimentarios, negativa del Gobierno que perjudica a la totalidad de los consumidores españoles. Por si esto fuera poco, para negarse ha utilizado como argumento peregrino que, entre los que se beneficiarían de la reducción del tipo del IVA habría individuos con rentas altas. Argumentando de modo tan falaz, deberían eliminarse todos los tipos reducidos del impuesto, incluso los que se aplican a la electricidad y al gas, recientemente aprobados por el Gobierno.
«Para el Gobierno , sin atender a más razones, la condición de poderoso o rico es suficiente para ser diana de una nueva agresión fiscal»
Por último, hay que referirse al relato empleado por el Gobierno para justificar cada una de las subidas impositivas que anuncia, que son justificadas con la reiterada utilización de dos argumentos exprimidos al máximo. El primero consiste en afirmar que los destinatarios de cada nuevo impuesto o de cada subida de uno preexistente se lo merecen por ser poderosos, ricos o ambas cosas. Es decir, parece no importar si la medida es razonable, proporcionada, justa, respetuosa con los derechos individuales o acorde con los principios constitucionales. Para el Gobierno, sin atender a más razones, la condición de poderoso o rico es suficiente para ser diana de cada nueva agresión fiscal. El segundo argumento justificativo hace referencia al número de los afectados por cada medida que, según el Gobierno, representan una reducida proporción de la población española. Como vemos, primero se criminaliza a los afectados y, después, se advierte que en realidad son muy pocos.
El primer argumento utilizado por el Gobierno -la criminalización- es deplorable en cualquier Estado de Derecho. El Estado puede aumentar o no la fiscalidad de una parte de sus nacionales, pero si decide hacerlo resulta deshonesto que para justificarlo proceda a criminalizarlos públicamente. El segundo argumento gubernamental -el número escaso de sus víctimas- resulta absolutamente inadmisible. Si una medida del Gobierno es errónea, inadecuada, inmoral, ilegítima o ilegal, lo es fueran cuantos fuesen los perjudicados. También los judíos eran una pequeña proporción de la población mundial y no por eso puede justificarse el genocidio llevado a cabo por los nazis. También fueron una pequeña proporción de españoles los que resultaron víctimas directas del terrorismo de ETA y no por eso deja de ser execrable lo realizado por los etarras. Mutantis mutandis, el terrorismo de Estado es terrorismo por mucho que sus víctimas sean escasas como sucedió en el caso de los GAL, incluso aunque lo fuera solo una. Si el ámbito en el que se produce la extralimitación dolosa del Estado es el campo impositivo ¿cabría hablar de terrorismo fiscal?
