No es 'okupación', es allanamiento

«No queremos okupas ni narcopisos. Avisamos a los Mossos». El texto se podía leer en la fachada de un edificio de El Raval de Barcelona. Pregunté a un vecino del inmueble, un joven paquistaní que fumaba en la puerta, si el aviso era de la propiedad o de los inquilinos: «Nuestro, nuestro. No admitimos delincuentes en esta casa». Los vecinos -la mayoría asiáticos- pagan alquiler y no quieren suciedad ni ruidos, menos aún drogas, cerca de sus familias. La patada en la puerta no es preludio a la llegada de un buen vecino. Es, en la mayoría de los casos, usurpación o allanamiento de morada. 

España, con Barcelona a la cabeza, se ha convertido en el paraíso europeo de quienes no pagan renta por las viviendas que ocupan. En Europa no se tolera la usurpación inmobiliaria y el desahucio, en países como Francia o Alemania, es inmediato, cuestión de días. El Raval, al igual que otros barrios del centro de la ciudad condal o del área metropolitana, lleva años convertido en objetivo de las mafias que asaltan viviendas o convierten bajeras en narco-pisos, como no se cansan de denunciar las entidades vecinales. 

Sin embargo, la alcaldesa Ada Colau, ante la cercanía de las elecciones municipales, busca el voto antidesahucio y de izquierda radical. La Feria The District, que agrupa a empresas del inmobiliario, se vio invadida recientemente por activistas de la vivienda. Como bienvenida, lanzaron pintura sobre los trajes de los futuros inversores ante la pasividad policial. 

Las contradicciones políticas en Barcelona rizan el rizo. Se organizan ferias para atraer financiación, a la vez que se permite su asalto y que llamen «buitres» a las empresas o fondos inmobiliarios. Colau, cuyo ayuntamiento incluso colocó su propio stand, calificó la feria de «salón de especuladores». 

Se empeña la izquierda podemita en acusar a los propietarios de viviendas de ser los responsables de la especulación, de la subida de alquileres y de la falta de pisos a  precio asequible. Es el viejo truco de trasladar el problema gubernativo de la escasez de vivienda social al sector privado. España está muy por detrás de la media de la Unión Europea en este aspecto: sólo el 2,5% del parque de viviendas es de uso social, cuando la media en la UE asciende al 9%. En países conservadores, como el Reino Unido, llegal al 18%.

«Las ‘okupaciones’ han aumentado un 41% en los últimos cuatro años»

Hace una semana, por sorpresa, Pedro Sánchez anunció que el PSOE va a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para echar a los okupas en 48 horas. Lógica reacción al aumento del 41%  en las okupaciones durante los últimos cuatro años. En 2021 se contabilizaron más de 17.200 denuncias, que se acumulan en los juzgados.

A esta situación nada deseable ha contribuido la prohibición de ejecutar desahucios, vigente desde 2020, al inicio del covid, y prorrogada en varias ocasiones. Los tribunales tienen las manos atadas hasta diciembre. 

Frente al anuncio de Sánchez, su vicepresidenta Yolanda Díaz opina que «la okupación no es un problema del país». Lo que hay que hacer, dice, «es intervenir la subida de las hipotecas y el precio del alquiler».  

Es cierto, las rentas han aumentado este año más de un 6%, pero una mayor intervención solo agrava el problema, como advierten los expertos del sector. Actualmente, en las grandes ciudades españolas, los propietarios exigen más y más avales antes de atreverse a entregar llaves. Tienen miedo a que su inquilino se convierta en inquiokupa (término acuñado para los que no pagan el alquiler… durante años).

Los pequeños propietarios han perdido la confianza en las leyes, generándose un sentimiento de inseguridad que no ayuda a sacar pisos al mercado, lo que acarrea menos oferta y, por tanto, subida de precios. Se ven empujados a vender sus inmuebles a los fondos, los únicos capaces de invertir en seguridad, abogados y reformas integrales. 

«Actualmente, el plazo medio para desalojar a un allanador es mucho más largo que el castigo por delinquir ocupando»

Sea bienvenida la iniciativa antiokupa de Sánchez, siempre que englobe a quienes se atrincheran en las viviendas de otros con contratos largamente vencidos. Son alredededor de 80.000 los inquilinos que, amparados en leyes aprobadas durante una pandemia ya finalizada, han decidido ahorrarse el alquiler. Si realmente son vulnerables -y no simples pícaros-, ya están tardando las Administraciones en proveerles de una vivienda social. 

«Mi vecina de enfrente», me cuenta Azad, el joven paquistaní del cartel, «impaga la renta hace tiempo, pero realquila camas. No tiene hijos y ni siquiera vive en el piso, aunque se ha declarado vulnerable. Vive de esa ilegalidad. A sus realquilados, que esos sí son pobres de verdad, les cobra en negro. Mientras, mi hermano y yo pagamos puntualmente y trabajamos de reponedores en el súper».

El Código Penal español castiga los delitos de allanamiento y de usurpación con penas de prisión que van de dos a 24 meses, aunque raramente se aplican. Actualmente, el plazo medio para desalojar a un allanador es mucho más largo que el castigo por delinquir ocupando. 

Como consecuencia de la falta de seguridad y la tolerancia ante el delito, el centro de la Ciudad Condal se ha convertido en un lugar hostil. Mientras, los barceloneses de cualquier barrio -que pagan IBI y el Impuesto sobre el Patrimonio aunque la casa esté invadida-  se han lanzado a colocar alarmas y puertas blindadas, un sector floreciente en medio de la crisis.  

Fomentar la okupación o el impago del alquiler no es practicar política social, es permitir el allanamiento de tu piso, la usurpación de tu vivienda. El principio de la ley de la selva.