Sedición de autor

En los orígenes del pacto social que propició el nacimiento del Estado se encuentra el instinto de protección del ser humano, la necesidad de defenderse de un eventual ataque por parte de otros grupos o incluso del de otros miembros del clan. Por este motivo, una de las primeras potestades que los hombres cedieron a la supraestructura estatal fue la de sancionar o castigar conductas: el ius puniendi.

Los individuos renunciaron al uso de la violencia a favor del Estado, único autorizado a emplearla de forma legítima. Mientras que en los regímenes totalitarios este poder se ejerce de forma arbitraria y omnímoda, en las democracias liberales está sometido al cumplimiento de una serie de normas y principios limitadores cuya finalidad es la de reprimir aquellas conductas que alteren el orden social y atenten contra bienes jurídicos que se estiman dignos de protección, muchos de los cuales encuentran su fundamento en los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por eso, en los Estados de derecho liberales, el ius puniendi gira en torno al acto, al comportamiento concreto realizado por el autor del delito, mientras que en las autocracias, el ius puniendi estatal no sólo pone el foco en la conducta, sino también en determinadas cualidades de la persona, a veces indisponibles, que o bien determinan un agravamiento de su conducta, o directamente la convierten en un peligro social. Éste es el motivo por el que yo suelo a menudo decir que el derecho penal es un termómetro democrático infalible: da igual que seas de derechas o de izquierdas, rico o pobre, guapo o feo, porque pagas por tus actos.

Lamentablemente, las sociedades occidentales se han embarcado en una deriva populista que intenta relegar la importancia del acto objetivamente considerado mientras se confiere cada vez mayor entidad a determinadas características del sujeto activo o del sujeto pasivo.

La intención del Gobierno sanchista de reformar el delito de sedición es la penúltima constatación de la degradación populista del código penal y de su instrumentalización política. La rebaja de las penas previstas para este delito tan grave, con el objetivo indisimulado de beneficiar, tanto de forma retroactiva como a futuro, a los partidos independentistas de los que depende la andadura parlamentaria del Ejecutivo de coalición, consagraría un ius puniendi no sólo con nombre y apellidos, sino hasta con una afiliación política determinada.  Una barbaridad sin precedentes en nuestra historia democrática cuyo propósito es debilitar al Estado para reforzar al actual Gobierno.

Provoca no sólo sonrojo, sino también angustia, escuchar a los muñidores mediáticos del poder restar importancia a lo que el Ejecutivo se trae entre manos. Mucho peor me parece lo del portavoz socialista Patxi López cuando afirma que lo que se pretende por el Ejecutivo es «adaptar el delito de sedición a los códigos que existen en la Unión Europea». Una ya llega a dudar de si se trata de pura ignorancia supina o de simple mala fe. Posiblemente sean ambas.

«Una de las decisiones más acertadas de Feijoó en los últimos tiempos ha sido la de romper las negociaciones para renovar el gobierno judicial»

Porque mire, estimado lector, en otros países de Europa las penas por conductas equivalentes a las que aquí se tipifican bajo la rúbrica de la sedición son igual o más elevadas que las españolas. Y no dude usted, ni por un segundo, que la voluntad del sanchismo no pasa, precisamente, ni por agravar las sanciones penales previstas, ni por reforzar al Estado volviendo a castigar la mera convocatoria de un referéndum ilegal, que en tiempos de Aznar fue tipificada y castigada con penas de tres a cinco años, pero que terminó siendo derogada con la llegada al poder de Zapatero, cuyo gobierno aseguraba que sólo a un grillado se le ocurriría acometer una estupidez semejante. 

El empeño socialista en desarmar jurídicamente al Estado frente a quienes conspiran para atentar contra su integridad territorial es irrefutable y profundamente preocupante. Mientras acusan a los populares de incumplir un mandato constitucional imaginario, que consistiría en aceptar la propuesta del Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pergeñan la impunidad para quienes han intentado y volverán a intentar derogarla en una parte de España: «Ho tornarem a fer».

Pocas lecciones de constitucionalidad pueden dar quienes están instrumentalizando el ius puniendi para sus fines electoralistas. El sentido de Estado no basta predicarlo, hay que practicarlo, y el sanchismo no está para dar lecciones, sino para recibirlas. Una de las decisiones más acertadas de Feijoó en los últimos tiempos ha sido la de romper las negociaciones para renovar el gobierno judicial. No sólo porque con varios de los nombres que se barajaban se ahondaba en su ya insoportable politización, sino porque no se pueden alcanzar acuerdos de Estado con quien se amanceba con los que persiguen su destrucción.