Feijóo en la encrucijada
«El líder del PP se halla en una disyuntiva: obedecer al núcleo duro de su partido y a sus apoyos mediáticos o desterrar la frivolidad y optar por la política adulta»
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. | The Objective
Poco después de ser elegido líder del PP, Alberto Núñez Feijóo concedió una entrevista al diario El Mundo (5-III-2022) en la que manifestaba su forma de concebir la política: «Mi proyecto es desterrar la frivolidad de la política». Y añadía: «Mi objetivo es servir a los españoles, eso es la política. Lo demás es el plató de televisión, es el tuit, es ser guay, es tener seguidores y ser influencer. Yo no quiero ser influencer. Pretendo devolverle a las gentes una generación de políticos adultos».
Sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, la capacidad de gestión demostrada en altos cargos de la Administración central a fines de los años noventa, la sobriedad de su estilo de gobernar y de comportarse ante los ciudadanos, infundían confianza a muchos que no estaban en la esfera de adictos incondicionales del PP pero abominan del postureo y la ligereza del presidente del Gobierno y saben que buena parte de la actual mayoría parlamentaria que lo sostiene desea destruir nuestro sistema constitucional. Por fin parecía llegar a presidente del Gobierno una persona con sentido de Estado, con capacidad de mirar más allá del corto plazo, con una idea estratégica de la política que iba a prescindir de las tácticas de regate corto por simples intereses partidistas, mejorar algún punto en los sondeos y conservar el poder a costa de lo que sea.
En definitiva, algunos esperábamos un giro en el estilo de hacer política que nos devolviera la confianza en los gobernantes. Lo podíamos expresar con las mismas palabras que utilizaba Feijóo: desterrar la frivolidad y pasar de una política adolescente a una política adulta para así rectificar la orientación de los dos gobiernos de Pedro Sánchez tras la incongruente moción de censura de 2018 que le llevó al poder de la mano de los partidos nacionalistas, republicanos y populistas.
Feijóo tenía – y aún tiene, si rectifica- una ocasión de oro para ser coherente con su trayectoria pasada, con su idea de hacer política, tal como la expresó en las declaraciones que encabezan este artículo: proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial pendiente desde hace cuatro años, un grave e insólito caso de vulneración de la Constitución.
«El actual Gobierno se burla constantemente de las instituciones y las maneja a su antojo»
Respetar las instituciones, más todavía las constitucionales, es un principio fundamental de una política adulta. Es más, es el mínimo exigible a una política que se considere como tal en un Estado democrático de derecho. El actual Gobierno se burla constantemente de las instituciones y muchas veces las maneja a su antojo, con fraudes y arbitrariedades constantes. Desde esta tribuna he criticado algunas y lo seguiré haciendo, una por una. En el caso de la renovación del Consejo, en apariencia la mayor parte de la responsabilidad ha sido del PP (recordemos el vergonzoso affaire Cosidó) aunque la pasividad del PSOE en llegar a acuerdos para la renovación resulta sospechosa. Después, a cargo del actual Gobierno, están los indultos, el cúmulo de decretos-leyes, los abusos en la prevención de la pandemia, las falsas proposiciones de ley para evitar dictámenes de órganos consultivos, y otros tantos más.
Nada de todo ello es un modelo de buen funcionamiento democrático. Había que dar un volantazo a la situación y demostrar que el nuevo PP de Feijóo se distanciaba de todo ello. Y, como he dicho, se presentaba una ocasión de oro: la renovación del Consejo. Se iniciaron los procedimientos para llevarla a cabo, especialmente tras la dimisión de Carlos Lesmes. Ciertamente, las formas no fueron ejemplares: un pacto entre dos partidos, sin intervención de los otros grupos parlamentarios, efectuado en los pasillos y no en sede parlamentaria. Partitocracia en estado puro. Pero, en fin, la tradición pesa y no es la primera vez que esta anomalía ocurre. También sorprende la inactividad de las presidencias del Congreso y del Senado: el art. 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial les obliga a adoptar «las medidas necesarias para que la renovación se produzca en plazo». ¿Han tomado alguna medida en estos cuatro años o han obedecido a la dirección del partido al cual pertenecen? Otro órgano constitucional que no funciona.
Era la ocasión de oro, como he dicho y repetido, para Feijóo. Pero la ha desperdiciado alegando, de repente, un motivo lateral: que el Gobierno estaba pactando con Esquerra Republicana la modificación del delito de sedición para favorecer a los encausados en el golpe de Estado de octubre de 2017. Dirán algunos lectores que esta razón no es lateral sino substancial y es cierto: se trata de una maniobra indigna, una cesión más a las exigencias de un partido independentista y republicano, otro peaje en el período que empezó con la moción de censura de 2018.
«Renovación del CGPJ y sedición son decisiones de distinto nivel: una cosa es la política institucional y otra la política partidista»
Exactamente así es. Pero renovación y sedición son decisiones de distinto nivel: una cosa es la política institucional y otra la política partidista. En la política institucional, es obligatorio llegar a acuerdos cuando así lo establecen la Constitución y las leyes. En la política partidista, es natural que gobierno y oposición muestren sus desacuerdos y, tras debatir en las cámaras, se decida por la mayoría correspondiente.
Ello lo muestra nuestra Constitución al diferenciar varios tipos de mayorías: la mayoría simple para aprobar las leyes ordinarias u otro tipo de decisiones parlamentarias (más votos a favor que en contra, sin contar las abstenciones); la mayoría absoluta (la mitad más uno de los diputados del total de la cámara, es el caso de las leyes orgánicas) y las mayorías de consenso que deben ser cualificadas (3/5 o 2/3 de los diputados o senadores). En este caso, en el nombramiento de consejeros, la mayoría es de consenso y se requieren los 3/5 de cada cámara: se trata de política institucional. También se requieren mayorías de este tipo en la designación de otros órganos como el TC y en la reforma constitucional.
Por tanto, la obligación en tiempo es una «obligación constitucional» (así lo reconoce la STC 49/2008) y se exige una mayoría altamente cualificada, con lo cual diputados y senadores tienen el deber de alcanzar esta mayoría para el buen funcionamiento institucional del Consejo. Vulnerar esta exigencia constitucional (y así llevamos casi cuatro años) no es comparable con un posible cambio futuro del Código Penal para modificar el delito de sedición, que requiere mayoría absoluta porque es una ley orgánica, por disparatada que sea esta reforma.
Tras unos meses de plácido recorrido triunfal, Feijóo se encuentra en una encrucijada: o bien obedece al núcleo duro de su partidos y de sus apoyos mediáticos, o bien destierra la frivolidad, no hace caso de los influencers y opta por una política adulta. Si escoge el primer camino, renuncia a que muchos votantes habituales socialistas que no se reconocen en el PSOE de Sánchez (según los sondeos son cerca de medio millón) tampoco se reconozcan en el PP de Feijóo y quizás elijan abstenerse o seguir votando socialista. Si escoge el segundo camino, el de la política adulta, quizás se expone a un cierto trasvase de votos a Vox, pero en cambio tendrá el apoyo de muchos antiguos votantes del PSOE y la casi totalidad de los de Ciudadanos.
En política se premia la determinación y la claridad, se castiga la excesiva ambigüedad y la incertidumbre. Además, ¡hay tantas cosas que criticar de las políticas del Gobierno Sánchez!, ¿por qué darle esta bala de plata para que sostenga, con poderosas razones, que el PP es un partido que incumple la Constitución?
