Desmontando la sedición

Pedro Sánchez insiste en dos argumentos para justificar la derogación del delito de sedición: la homologación con Europa y la construcción de convivencia. Llama la atención que estos argumentos no solo no son complementarios, sino que podrían entrar en conflicto y forzar al Gobierno a decantarse: ¿qué es más importante, parecerse a Europa o construir paz social? Evidentemente, esto es un divertimento retórico. El conflicto nunca se dará porque ambos argumentos son falsos.

El primer argumento, llamémoslo «de homologación», ha sido refutado con solvencia y sin demasiado esfuerzo por cualquiera que le haya dedicado unos minutos: ni en Europa las penas por las conductas enjuiciadas son menores, ni importaría que lo fueran. Además, es obligado dudar de la vocación homologadora del Gobierno cuando esta solo se ocupa del delito de sedición e ignora los seiscientos artículos restantes del Código Penal. Y como ha señalado Andrea Martínez Molina, la pregunta no es cuáles son las penas en Europa por sedición, sino cuántos países de Europa reforman un delito a petición de los delincuentes condenados por él.

«El cambio en Cataluña es consecuencia del fracaso del ‘procés’ y del efecto disuasorio de las penas impuestas a sus responsables»

El segundo argumento, llamémoslo «de construcción de convivencia», es igualmente falaz pero más escurridizo. Comienza con un falso dilema: ¿no es mejor la situación actual que el ambiente de tensión que se respiraba en la Cataluña de 2017? Incluso si aceptamos que la situación actual, aunque sea desde el punto de vista del orden público, es preferible a la de hace cinco años, cabe cuestionar que esa mejora se deba a la gestión de Pedro Sánchez. Si el ánimo insurreccional se ha mitigado es porque el Estado abortó la insurrección; y los mecanismos que empleó el Estado para conseguirlo son los que el Gobierno está desmontando, primero con los indultos y ahora suprimiendo el delito de sedición. El cambio de escenario en Cataluña es consecuencia del fracaso del procés y del efecto disuasorio por las penas impuestas a sus responsables.

Pero la consigna es repetir que la convivencia en Cataluña ha mejorado sustancialmente gracias a las políticas del Gobierno. Algunos incluso sacan pecho recordando que «al PP» le organizaron dos referéndums ilegales y una proclamación de independencia, sugiriendo que al PP le metieron tres goles mientras que el PSOE mantiene su portería a cero contra el independentismo. Es cierto que la gestión del PP fue desastrosa, pero los goles se los metieron a un Estado, no a un partido político. Además, si esos goles son algo de lo que avergonzarse, ¿por qué el PSOE reforma ahora el código penal para jugar sin portero? 

En cualquier caso, para encontrar el desmentido más rotundo al argumentario gubernamental basta con escuchar las palabras de Pere Aragonès: «Hemos llegado a un acuerdo con el Estado para eliminar el principal delito que sufrieron los presos políticos del 1-O». Han leído bien. Ellos son las víctimas, y por eso el Estado tiene la obligación de pedirles perdón y garantizarles que no les estorbará cuando lo vuelvan a hacer.