La paradoja fiscal
«El aumento del gasto público, que se dice acordado para favorecer a la mayoría social de nuestro país, es financiado por la misma mayoría social vía IRPF e IVA»
María Jesús Montero. | THE OBJECTIVE
Pocos análisis se han demostrado tan certeros en el tiempo y tan confirmados por la realidad como el esbozado por Buchanan en su teoría de la elección pública. Es cierto y como muestra todos podemos comprobar que España constituye actualmente la mejor prueba de laboratorio para constatar que los partidarios de la public choice tienen razón, siendo objetivamente perceptible que las decisiones de nuestro Gobierno, empujadas por la coalición pro gasto que lo sustenta, están disparando la dimensión absoluta y relativa del gasto público español. Así, medido en términos monetarios, en los últimos cuatro ejercicios cerrados -de 2018 a 2021, ambos inclusive- lo gastado por el Estado ha pasado de 480.000 a 614.000 euros, creciendo un 28%. Considerándolo en términos relativos, ha pasado de suponer un 41% del PIB en 2017 a ser un 51% en 2021. Por supuesto, esta escalada es explicada por sus hacedores afirmando que los destinatarios de los gastos son la mayoría social del país que se estaría así beneficiando de las decisiones políticas adoptadas.
Lo cierto es que el significativo aumento que hemos reseñado provoca que aumente también de forma relevante la necesidad de recursos para financiar el ilimitado conjunto de políticas públicas que son aprobadas para poder mantener la actual mayoría parlamentaria y para apostar por su repetición en la próxima cita electoral. Y es aquí cuando surge el problema fiscal pues, aunque sea escasa la afición que por las reglas de la ortodoxia económica cultivan los integrantes de la mayoría parlamentaria que sostiene el Gobierno español, el descontrol de las cuentas públicas no puede ser ilimitado. Por ello, el desorbitado crecimiento del gasto debe ir acompañado de intensas subidas impositivas, pues la principal fuente de financiación del Estado es el sistema tributario que aporta entre el 80% y el 85% de los ingresos no financieros. Ergo, nuestra actual coalición pro gasto ha creado la necesidad de aumentar los impuestos.
Debido a la configuración tributaria existente en España, que no difiere en exceso de la que existe en los países de nuestro entorno, la recaudación tributaria se alimenta fundamentalmente de lo recaudado por dos impuestos: el IRPF y el IVA. Es así pues entre ambos aportan el 80% de los ingresos tributarios, el 45% el primero, el 35% el segundo. Quiere decirse que de no descubrir nuevos impuestos con semejante potencia recaudatoria -no se ha descubierto ninguno- o de no ser posible incrementar significativamente la potencia recaudatoria de otros ya existentes -no ha sido posible-, cualquier aumento significativo que se pretenda de la recaudación tributaria para sufragar al menos una parte del crecimiento del gasto público debe pivotar básicamente sobre los dos impuestos reseñados: el IRPF y el IVA. Y en efecto, así está sucediendo, toda vez que de los casi 28.000 millones de euros en los que, hasta ahora, ha aumentado la recaudación de 2022 sobre el mismo periodo de 2021, 11.500 se deben al IRPF y 11.000 al IVA. No hay duda, el montante del nuevo gasto del Estado que se financia ahora con impuestos -el resto es financiado con déficit y, por tanto, con más deuda y más impuestos futuros- se hace con los dos tributos reseñados.
«La recaudación del IRPF proviene en un 90% de los salarios percibidos por los trabajadores»
Y aquí surge la paradoja fiscal, consistente en que ese nuevo gasto público, que se nos dice acordado para favorecer a la mayoría social de nuestro país, es precisamente financiado por la misma mayoría social. En efecto, la recaudación proporcionada por el IVA es pagada por la totalidad de los consumidores en la que los llamados ricos y poderosos son clara minoría, en tanto que la recaudación del IRPF proviene en un 90% de los salarios percibidos por los trabajadores, colectivo del que no forman parte los llamados ricos y poderosos. El resultado es que los destinatarios de los nuevos gastos inventados por el Gobierno son los que en buena medida los están financiando, así que «con una mano te lo doy, con la otra te lo quito».
Es para intentar maquillar esta paradoja, tan cierta como impresentable políticamente, por lo que el Gobierno se está inventado esta oleada de nuevos impuestos que se afana en presentar como instrumentos de justicia social. La realidad es que dos de los tres casos, los tributos que recaen sobre las empresas energéticas y sobre las entidades bancarias, no modificarán la paradoja preexistente pues la traslación hacia adelante -que no repercusión, ministra- de la carga impositiva a través de su inclusión en el precio del producto determinará que el coste fiscal real lo soporte de nuevo la totalidad de los consumidores y no solo los llamados ricos y poderosos, con lo que no se cambiará el actual panorama. De manera que el único instrumento real para combatir efectivamente la vergonzante paradoja fiscal creada por el Gobierno es el esotérico Impuesto sobre las Grandes Fortunas, ese tributo más que probablemente anticonstitucional que se está utilizando gubernamentalmente para atizar la atávica confrontación ricos-pobres, que proporcionará a corto plazo una escasa recaudación y que, sin embargo, va a provocar una fuga de capitales desde España hasta el exterior y una disuasión para la llegada de capital extranjero a nuestro país.
