Un momento constitucional crítico
«Los españoles hemos de dejar de dar por sentada nuestra democracia: ha llegado la hora de que nos impliquemos de forma activa en la salvaguarda del marco de convivencia constitucional»
Ilustración. | The Objective.
Vivimos un momento democrático e institucional crítico debido a que uno de los partidos del sistema, el PSOE, ha asumido el discurso y los objetivos de los independentistas catalanes. Hubo más de un ingenuo que creyó que la jugada de Sánchez de gobernar con Podemos y apoyarse en los secesionistas le daría la puntilla definitiva a los procesistas y los reconduciría por la senda de ese animal mitológico llamado «catalanismo constitucional», pero nada más lejos de la realidad: el procés no se ha acabado porque Sánchez es el procés. Hasta un punto es así que ha convertido el progresismo en un sinónimo de procesismo.
Un ejemplo de esa retórica propia del secesionismo que se ha instalado en la izquierda político-mediática y -lo que es más grave- en el Congreso, es la que sitúa a la soberanía popular por encima de la ley y las instituciones. En otras palabras: las decisiones emanadas de las mayorías parlamentarias no admiten ningún tipo de fiscalización, lo que implica transitar del imperio de la ley a la dictadura de la mayoría.
Pero esta soflama populista no solo es falaz, sino profundamente totalitaria: España, además de una democracia, es también un Estado de derecho. Ello implica que todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, estén sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 de la Constitución). Es decir, que no hay poder u órgano del Estado situado al margen de la ley o del marco constitucional, cuyo intérprete supremo es el Tribunal Constitucional y no el Parlamento, como algún jurista deshonesto ha pretendido hacer creer durante las últimas horas. Vean si no el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Y para garantizar esta primacía de la ley frente a la arbitrariedad, la Carta Magna consagra la división de poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, correspondiendo al Tribunal Constitucional, entre otras funciones, la de árbitro del sistema.
Efectivamente, los Estados liberales se cimentan sobre un equilibrio de contrapesos materiales y formales. Entre los primeros estarían los jueces y magistrados, mientras que los segundos los conformarían los requisitos, procedimientos y plazos, que serán más agravados cuanta mayor entidad tenga la institución o derecho afectado. La finalidad de todos ellos sería proteger a la democracia de sí misma, de forma que los cambios legales que se produzcan no solo tendrán que ajustarse a la Constitución y a la ley en cuanto al fondo, sino también en cuanto a la forma. Esto es: la ley podrá cambiarse siempre que se sigan los cauces establecidos en la misma y el resultado no sea antijurídico, correspondiendo a los tribunales fiscalizar que así sea.
El recurso interpuesto por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional ni amordaza al Parlamento ni es un golpe de Estado de la derecha política y judicial. Se trata, simple y llanamente, de una herramienta prevista en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente en el art. 42 de la LOTC, que facultaría a los diputados que consideren vulnerados sus derechos a recurrir en amparo las decisiones o actos sin valor de ley de la Mesa del Congreso adoptados durante el proceso de tramitación legislativa. De igual forma, la ley prevé la posibilidad de que esos diputados soliciten la suspensión cautelar de dicha decisión o acto en tanto que se resuelva definitivamente el recurso, para garantizar que el resultado que con él se pretende no quede desvirtuado.
En este caso concreto, los populares consideran que el intento del Gobierno de colar en una proposición de ley dos enmiendas que nada tienen que ver con el objeto de la norma a la que se incorporan es inconstitucional. Básicamente, el Ejecutivo intenta aprovechar la reforma del Código Penal que despenaliza el delito de sedición y rebaja las penas para el de malversación, con el fin de modificar otras dos dos leyes orgánicas, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El objetivo indisimulado es el de colocar en el Constitucional a dos personas vinculadas estrechamente a Moncloa y expertas en asuntos catalanes: Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia que preparó los indultos y la derogación de la sedición, y Laura Díaz, alto cargo del Gobierno que trabajó en la reforma del «Estatut».
El resultado será una Constitución vigente en lo formal pero carente de virtualidad material, porque las leyes que la desarrollen contravendrán su espíritu
No se trata de un control de constitucionalidad preventivo, es decir, sobre el resultado que persiguen las reformas que acometen esas enmiendas, sino sobre el procedimiento seguido para su tramitación: cuando una iniciativa legislativa ha sido aceptada por la Cámara, no puede alterarse su objeto mediante enmiendas para reformar otra ley que no guarda conexión, pues con ello se sustraen del debate parlamentario, algo que no solo vulnera los derechos fundamentales de los diputados, sino también los de los ciudadanos. Así lo consideró ya el Tribunal Constitucional en la STC 119/2011, de 5 de julio.
Con estos mimbres jurídicos, no es de extrañar que el Constitucional haya accedido a lo solicitado por los populares, a los que después se sumó Vox. Además de descartar las maniobras gubernamentales para intentar embarrar el terreno de juego planteando recusaciones sin sostén legal, ha paralizado la tramitación de la ley que creaba las condiciones para asaltar ese Tribunal. No me cabe duda de que las presiones que deben de haber recibido todos los magistrados del Constitucional tienen que haber sido tan enormes como intolerables. Mayores si cabe habrán sido las dirigidas al sector progresista, a los que les habrán listado las consecuencias de apartarse de la obediencia debida. Pero el rechazo de la cautelarísima habría determinado la rendición de la democracia constitucional y abierto la puerta al Gobierno para manosear las leyes y asaltar hasta el último rincón de nuestras instituciones.
Porque, contrariamente a lo que sostiene el relato monclovita, no es la oposición la que pretende esquivar la voluntad popular: son el Gobierno y sus apoyos parlamentarios los que quieren hurtar a la opinión pública española los debates e informes de los órganos consultivos que pondrían de manifiesto las inconsistencias, riesgos e inconstitucionalidades de la modificación de dos leyes que alteran el funcionamiento de dos contrapoderes del Estado, como son el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
En las próximas horas, vamos a escuchar y leer cosas que nos helarán la sangre. Que nos evocarán a la Cataluña del 17 y a la Venezuela chavista. Sé que es duro de asumir, pero el mayor enemigo de la soberanía nacional emanada de la Carta Magna del 78 es el actual gobierno de España, convertido en una sucursal nacional del independentismo golpista. Sánchez degustó durante la pandemia el sabor de los decretos y se ha propuesto convertirlos en su instrumento legislativo de cabecera, no sin antes retocar por vías espurias las leyes orgánicas que moldean el orden constitucional para intentar transformar a los contrapoderes, como el Constitucional, en meros satélites del Ejecutivo cuya independencia termine donde empieza la voluntad de Pedro. El resultado será una Constitución vigente en lo formal pero carente de virtualidad material, porque las leyes que la desarrollen contravendrán su espíritu.
Los españoles hemos de dejar de dar por sentada nuestra democracia y de confiar su custodia en exclusiva a las instituciones: ha llegado la hora de que nos impliquemos de forma activa en la salvaguarda del marco de convivencia constitucional. No hay mundial de fútbol ni festividades navideñas que justifiquen nuestro silencio ante las gravísimas acusaciones de golpismo dirigidas desde el Gobierno al Tribunal Constitucional para deslegitimarlo e ignorar sus resoluciones. La apatía y la indiferencia ya no son una opción, conciudadanos, porque el momento para defender el Estado democrático y de Derecho que nos dimos con la Constitución del 78 es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde.
