Feijóo y el pecado original
«Antes o después, fallar a las obligaciones constitucionales se paga. Y el PP ha sacrificado autoridad moral, algo esencial ante el nacionalpopulismo»
Alberto Núñez Feijóo.
Al Partido Popular le persigue y, lo peor para ellos, les perseguirá el pecado del bloqueo del Poder Judicial. Y lo saben.
Hay un sector en el partido, al que seguramente se simplifica calificándolo de ayusista, en todo caso muy capitalino, que sostenía que mejor así, y que seguramente no les pasaría ninguna factura. En esto último sin duda acertaban. Su electorado, a corto plazo al menos, nos les iba a pasar factura. En lo otro sí se equivocan: mejor así no. Antes o después, fallar a las obligaciones constitucionales se paga. Y el PP ha sacrificado autoridad moral, algo esencial ante el nacionalpopulismo, como se demostró en 2017. Las amenazas de Frankenstein no están para perder autoridad moral.
Sí, los partidarios de no ceder seguramente sentirían que el bloqueo estaba justificado por un Gobierno volcado en una mayoría peligrosa con secesionistas y bildutarras. Y sin duda han creído que la reforma perversa de la sedición y malversación les avala, y sobre todo la sombra de una futura consulta a la carta. Pero, a pesar de todo, ¿habilita esto para desatender un compromiso constitucional? Al revés, sacrificas parte de tu autoridad moral. Ponerte a la altura del rival acaba en puro trincherismo; un pulso de «y tú más» para determinar en todo caso cuál es peor. Mal asunto.
Ese pecado está ahí.
Sin embargo, Feijóo llegó y dio la orden de sellar el acuerdo. El negociador del PP llevaba exigencias duras, y el PSOE parecía dispuesto. Bolaños, para llegar a cerrarlo, como (me) cuenta Esteban González Pons, tuvo que pelear contra Podemos, porque se vetaba a Victoria Rosell, y contra el propio PSOE, porque el endurecimiento de las puertas giratorias afectaba a tres ministros jueces como Llop, Margarita Robles y Marlaska. Y al fin hubo acuerdo, con nombres solventes, reforma de la Fiscalía y protocolo de la futura reforma. Pero entonces, en víspera de firmar, con todo preparado para el tachintachán a final de octubre, Sánchez reventó la firma, en una maniobra orquestada con el lapsus de María Jesús Montero, anunciando la reforma de la sedición a sabiendas de que se le había prometido al PP que no. Es un dato muy importante: les hubiera costado poco ocultar la sedición una semana, y se habría firmado. En definitiva, eso sólo demuestra algo obvio: el PSOE no quiso firmar.
«Todo es falso. Incluso los magistrados atrincherados, de ser así, serían cuatro, no dos, y no ya caducados sino prorrogados»
Y si el PSOE no quiso firmar es porque se impuso la hipótesis, como en el supuesto sector ayusista, de que les iba a ir mejor sin firmar. El PSOE entendió dos cosas: que les convenía reformar la sedición y malversación, porque la estabilidad del Gobierno actual, y de cualquier posibilidad de seguir en la Moncloa después de 2023, pasan por Frankenstein, algo ya asumido por su clientela; y que todo esto excita la furia de Vox, un aliado fundamental para ellos como se ha evidenciado con la moción y la querella altisonante, que es algo esencial para mantener a la izquierda movilizada. El PSOE realmente en esta parte final ya no quería pacto.
Basta ver estos días de qué manera tan impúdica miente el PSOE sobre el recurso del PP ante el TC, hablando de golpismo, de enmudecer al Parlamento, de magistrados atrincherados… Todo es objetivamente falso. Incluso los magistrados atrincherados, de ser así, serían cuatro, no dos, y por cierto no ya caducados sino prorrogados, según la Ley Orgánica del TC. Por añadidura, el TC no ha impedido al Congreso debatir y legislar, sólo establece que debe hacerse de acuerdo con la ley. Y al cabo ni siquiera el Congreso, aunque el PSOE mimetice a los indepes en 2017, está por encima de la ley. Claro que todo es el combustible para mantener la tensión ante el año electoral.
El pecado de bloquear el TC es del PP pero no es sólo del PP, sino finalmente del bipartidismo. Es así, aunque el PSOE ya haya ganado el relato. De hecho, lo que sucede ahora sólo es el epítome del verdadero pecado original. Y para dar con el pecado original hay, claro está, que remontarse tiempo atrás. Estos días ha habido ocasión de recordar la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, avalando la constitucionalidad de la reforma que hizo el primer Gobierno de Felipe González para que el CGPJ saliera del Congreso, pero a condición de que sus nombramientos no fuesen cuotas partidistas. La mayoría de 3/5 servía de garantía. En buena medida puede decirse que así se hizo. Es verosímil pensar que aquella generación que había hecho la Constitución sentía mayor compromiso constitucional. En todo caso, la cosa se mantuvo hasta los años noventa, con el deterioro del felipismo que aflora la corrupción y la guerra sucia contra ETA, y después la guerra sucia digital de Aznar ya en el poder. Ahí se rompen los últimos consensos y se inicia el llamado reparto de cromos.
«Las votaciones previsibles de un bloque contra otro ha degradado el prestigio institucional del Constitucional»
Muchos magistrados no participaban de ese juego. Andrés Ollero ha publicado Votos particulares (Tirant lo Blanch, 2022) para acreditar que los magistrados del TC no son una fiel infantería de los partidos a los que sirven como correa de transmisión: él recorre sus 69 votos particulares, la mitad de las veces con los conservadores, la mitad con los progresistas. Pero cada vez mas, eso ha ido perdiéndose. Y las votaciones previsibles de un bloque contra otro, con un bibloquismo como en San Jerónimo, como dos grupos comprometidos con unos colores parlamentarios, ha degradado el prestigio institucional del TC. Lo que sucede ahora es ya corrosivo.
Ese es el genuino pecado original de lo sucedido. El PP de Casado no quiso, cuando el PSOE sí quería; y Sánchez no ha querido cuando Feijóo sí estaba dispuesto. Se podrá discutir si el PP defiende honestamente acabar con ese sistema. En su contra pesa que no lo hicieron cuando estaban en el poder y pudieron promoverlo, tal y como llevaban en su programa electoral de 2011 votado con mayoría absoluta. Pero hay algo seguro: hay que acabar con eso, devolver independencia al Poder Judicial y autoridad al TC. Algo que el propio Pedro Sánchez decía en 2014, asegurando que lo otro es una comodidad del bipartidismo que empeoraba el sistema. Pero, claro, nada de lo que dijo Pedro Sánchez en el pasado ha tenido después algún valor. Y Frankenstein, sobre todo Podemos y Esquerra, lleva años persiguiendo desacreditar al Poder Judicial, a los que se ha unido ahora el sanchismo con eso de «la derecha política, judicial y mediática», de primero de populismo pablista.
E la nave va. ¿Pero, así, hasta cuándo?
