Sin límites, la democracia es dictadura
«Una democracia es tanto más perfecta cuanto más limitados están todos los poderes del Estado. El fin último de todo Estado es la salvaguarda de la libertad»
Uno de los leones situados a la entrada del Congreso. | Europa Press
Una democracia verdadera es aquella que tiene los mecanismos adecuados para limitar el poder. Todos los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como todas las instituciones y todos los ciudadanos están sometidos al Imperio de la ley. Así que el hecho de que el Tribunal Constitucional corrija al Parlamento, cuando se extralimita, no debería mover a escándalo ni provocar reacción alguna.
Ese tribunal está hecho precisamente para eso, para vigilar que nadie se salga de la Constitución. Y no pasa nada porque corrija a uno de los poderes del Estado. O mejor dicho, sí pasa algo, que, si el Tribunal Constitucional funciona adecuadamente y vigila para que la ley esté por encima de los poderes, los ciudadanos podemos dormir tranquilos porque nadie ni nada podrá menoscabar nuestros derechos.
Esto hay que tenerlo meridianamente claro. Una democracia es tanto más perfecta cuanto más limitados están todos los poderes del Estado. Porque no hay que cansarse de recordar que la democracia no es un fin en sí misma, que el verdadero fin último de todo Estado es la salvaguarda de la libertad. La democracia es un medio para conseguir un fin más alto, que es la libertad. Y la forma para conseguir que la democracia no atropelle nunca la libertad y los derechos de los ciudadanos es que todos, ciudadanos e instituciones, estén siempre sometidos a la ley.
Esto quiere decir que la libertad y los derechos de los ciudadanos están por encima de lo que, en un momento dado, pueda votar una mayoría. Ya Hayek decía que «bajo el gobierno de una mayoría muy homogénea y doctrinaria, el sistema democrático puede ser tan opresivo como la peor dictadura». Aunque parezca superfluo, hay que recordar que, si una mayoría parlamentaria legislara, por ejemplo, que las mujeres tienen que llevar velo, esa ley no sería legítima. Y lo mismo se podría decir si esa mayoría quisiera reponer la pena de muerte o implantar la esclavitud. Y nadie podría argumentar, como hacen Sánchez y sus seguidores, que «el pueblo, al votar, ha creado esa mayoría y, por tanto, tiene derecho a imponerle el velo a las mujeres».
Lo que acabamos de vivir y estamos viviendo en estos días en España es un ejemplo claro de la necesidad de que existan mecanismos para limitar el poder.
«Lo que se está dirimiendo es si una mayoría parlamentaria tiene legitimidad para cambiar las normas constitucionales»
El argumento de Sánchez y sus aliados de Frankenstein para oponerse a la decisión del Tribunal Constitucional es que el pueblo español habló en 2019 y dio el poder a su coalición, que, por tanto, tiene poder absoluto para legislar lo que le venga en gana. En este caso, dar todos los pasos legislativos que ERC y, en general, todos los partidos independentistas, comunistas y rupturistas le exigen para mantenerse en el poder.
Ante este argumento se hace necesario recordar lo que pasó en las elecciones de aquel año. En las de abril el PSOE obtuvo 123 diputados y Cs, 57, lo que permitía formar un gobierno de centro izquierda, apoyado por 180 diputados, que plantase cara al desafío independentista. Y aquella noche rugió la calle de Ferraz al grito de «¡Con Rivera, no!». Y fue que no.
Se repitieron las elecciones en noviembre y el PSOE perdió el 10% de los votos de abril y 3 escaños. A esas elecciones Sánchez se presentó con el compromiso de traer a Puigdemont para que aquí fuera juzgado por su golpe de Estado de 2017, con la promesa de no pactar jamás con Bildu y con el aviso de que no podría dormir si Pablo Iglesias estuviera en el gobierno. Esas eran sus promesas electorales y eso es lo que votaban los que le votaron entonces. ¿O no?
Se podrá mentir más a los electores, pero no sé cómo. Lo que ha hecho Sánchez es sencillamente escandaloso. Los que estamos en política somos esclavos de las hemerotecas. Salvo Sánchez, que miente y puede mentir sin que ningún telediario abra con alguna imagen de archivo en la que dice exactamente lo contrario de lo que ahora dice y hace.
Pero el fondo del asunto de estos días es aún más grave que la constatación de que Sánchez es un embustero, calificativo que probablemente él tiene por un piropo, en la línea de Lenin que consideraba que la mentira es un arma revolucionaria. Lo que se está dirimiendo es si una mayoría parlamentaria tiene legitimidad para cambiar las normas constitucionales.
Todos sabemos que si Sánchez está en La Moncloa se debe al apoyo entusiasta de todas las fuerzas políticas que quieren, no sólo cargarse la Constitución del 78, sino la nación española.
También sabemos que ese apoyo entusiasta no es gratis. En concreto, los independentistas exigieron: el indulto a los condenados por el golpe del 17, la eliminación del delito de sedición, la disminución de las penas por malversación y, ahora, llega la exigencia del referéndum de autodeterminación.
«Aprobar una ley del referéndum es cargarse no sólo la Constitución, sino España»
Claro, para ese referéndum es necesaria una ley. Cualquiera sabe que un referéndum de autodeterminación es lo más contrario que puede haber contra una Constitución basada en la unidad indisoluble de la nación española, que no es otra cosa que la solemne declaración de que España es propiedad de todos y cada uno de los españoles. Entonces aprobar una ley del referéndum es cargarse, repito, no sólo la Constitución, sino la nación, en definitiva, es cargarse España.
O sea, que una ley de referéndum siempre será inconstitucional, salvo que… un Tribunal Constitucional, formado a la medida de los independentistas y sus socios socialistas, la declare constitucional. Y para eso Sánchez necesita un Tribunal Constitucional a su medida.
Cambiar la estructura y el funcionamiento de ese tribunal exige una ley orgánica, no una enmienda metida con calzador en una reforma exprés del Código Penal. Por eso, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es decirle al Poder Legislativo que tiene que cumplir las formas que nuestro ordenamiento jurídico exige para modificar leyes orgánicas.
Pero en el fondo del fondo de este conflicto está la amenaza de Sánchez y Frankenstein de que, con una mayoría en el Legislativo se puede cambiar todo el edificio constitucional. Exactamente lo que han hecho sus congéneres en Venezuela. Que es la muerte de la democracia y, lo que es infinitamente peor, la muerte de la Libertad.
Porque la clave del origen de todos los regímenes totalitarios y dictatoriales que no llegan al poder con violencia física es colocar la voluntad del pueblo en un momento dado por encima de la ley.
Los países libres lo son precisamente por los límites que imponen al poder, por los mecanismos de limitación que imponen a esos poderes del Estado. Y dejan de ser libres cuando esos controles desaparecen.
