Dónde está la bolita
«El sanchismo se cambia de mano la pelotita del aborto para que los españoles no presten atención al circo en el que han trasformado la política española»
El vicepresidente y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo. | Europa Press
En la política del escándalo, las responsabilidades no se dirimen dimitiendo, sino creando una polémica mayor porque, como dijo el historiador y clérigo británico Thomas Fuller, la mentira no tiene piernas, pero los escándalos tienen alas. Y nadie los sabe hacer volar como Pedro Sánchez.
Con su Gobierno acorralado por las polémicas generadas a cuenta de la despenalización de la sedición y las bromas de la Secretaria de Estado de Igualdad sobre la rebaja de penas a violadores tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, salió a otear el horizonte político en busca de un suceso, evento o decisión susceptible de ser viralizado a base de hiperventilación y desinformación. Y lo encontró en tierras castellanoleonesas, concretamente en el protocolo provida que el Gobierno autonómico va a poner en marcha.
El problema que tiene Pedro Sánchez es que muchos ya conocemos el percal, porque lo que está intentando estos días no es ninguna novedad: durante esta legislatura ya ha ejecutado varias pantomimas del estilo. Me viene a la cabeza el histerismo por los cánticos malsonantes de unos chavales de un colegio mayor o el tristemente conocido como «bulo del culo», que le llevó a convocar de urgencia a la Comisión para los delitos de odio a fin de responder ante una agresión homófoba que acabó siendo simulada. Y cómo olvidar el envío de navajitas ensangrentadas a la ministra Maroto en plena campaña electoral madrileña…
Porque miren, si algo tienen en común los escándalos que he relacionado es que sucedieron en lugares gobernados por los populares, concretamente en Madrid. La brutal agresión homófoba de Sitges no la ha considerado digna de su atención, porque lo que importa no es el qué, sino el quién y el dónde. Efectivamente, mientras que amenazan a la Junta de Castilla y León nada menos que con aplicar el 155 de la Constitución por ofrecer a las mujeres que acudan a abortar y así lo soliciten, en Cataluña miraban para otro lado cuando la Generalidad incumplía las sentencias del 25% de clases en español. Y eso que en tierras catalanas sí que tenían caso.
«La posible intervención de todas o algunas de las competencias de la autonomía de CyL no se sostiene jurídicamente»
La posible intervención de todas o algunas de las competencias de la autonomía de CyL no sólo no se sostiene jurídicamente, sino que provoca cierto rubor a quienes aún respetamos las bases de nuestro ordenamiento jurídico y de las herramientas que contempla para situaciones de excepcionalidad constitucional. Porque, al igual que los estados de alarma, de excepción o de sitio, la aplicación del art. 155 también está prevista para situaciones extraordinarias. En la STC 90/2019, de 2 de julio, el Tribunal Constitucional ya declaró que la aplicación de este artículo en una Comunidad Autónoma ha de obedecer a la necesidad de garantizar el orden constitucional frente a contravenciones del mismo no reparables por las vías ordinarias de control.
¿Y esto qué quiere decir? Que si el Gobierno de verdad considera que la decisión de la Junta de CyL presenta visos de ilegalidad o vulnera algún derecho fundamental, lo que tiene que hacer es formular los recursos que, contra la misma, prevé nuestro ordenamiento. El 155 CE sólo cabría invocarlo si los dirigentes autonómicos se resistiesen a acatar y respetar la eventual sentencia que declarase la nulidad o inconstitucionalidad de la medida. Por otro lado, si lo que van a remitir al Gobierno castellanoleonés a modo de requerimiento reproduce el contenido de la nota publicada por Moncloa, ya les digo yo que no cumple con los mínimos requisitos formales que debe de reunir una comunicación de tal entidad. El escrito es un insulto a la gramática española y una tomadura de pelo a la inteligencia.
Les confieso que el asunto me produce una pereza inmensa. Tener que explicar que el hecho de que se ofrezca información adicional a una mujer que así lo solicite no integra en modo alguno la intensidad de la violencia para conseguir un resultado determinado que exigiría el delito de coacciones produce hasta vergüenza. Y quienes están manejando los hilos de este escándalo impostado lo saben.
De lo que se trata es de poner sobre el tablero de juego polémicas viejas pero efectivas que nublen la visión del personal. El sanchismo se cambia de mano la pelotita del aborto para que los españoles no presten atención a lo que sucede detrás del circo de cinco pistas en el que han trasformado la política española: que han reformado el Código Penal para beneficiar a violadores, sediciosos y corruptos. Son ya casi doscientos los agresores sexuales beneficiados por las rebajas de la ley del solo sí es sí.
