El Gobierno beneficia a los delincuentes

No cabe ningún tipo de duda de que a delincuentes de diferentes pelajes les ha tocado la lotería con este Gobierno ya que, gracias a ellos, se han visto beneficiados terroristas de ETA, sediciosos catalanes, malversadores de dinero público y violadores. Además, el Ministerio de Justicia lanzó un tutorial para explicar a los inmigrantes cómo borrar los antecedentes penales y sexuales para poder pedir la nacionalidad española. Y, por si fuera poco, Pedro Sánchez ha rendido homenaje a un sanguinario dictador marroquí llevándole flores a su tumba. De todo ello se ha hablado con profusión en las noticias, las tertulias y los artículos de opinión, pero llama la atención, como escribía hace unos días Cristina Casabón, la escasa información sobre otros de los agraciados con la llamada ley del solo sí es sí: los pederastas. 

Antes de entrar en vigor esa ley que, con su acostumbrada cursilería, nos repiten que «pone el consentimiento en el centro» se condenaba al que con engaño o abusando de una posición reconocida cometía abusos sobre una víctima de entre 16 y 18 años, pero ahora ese delito ha sido destipificado, es decir, que un adulto puede tener relaciones sexuales con un adolescente aunque medie el engaño, porque, ¡oh, sí!, lo importante es el consentimiento y que no se distinga entre abuso y agresión sexual. Desde que entró en vigor la ley, hemos escuchado todo tipo de sandeces para defenderla, siempre con la arrogancia y la vehemencia que caracteriza a la cuchipandi de esa especie de Chiquipark que es el Ministerio de Igualdad: desde que no se iba a rebajar la condena de ni un solo violador a que la culpa de las rebajas es de los jueces machistas, esos mismos jueces que, con la anterior ley, habían impuesto penas superiores, pero a los que ha debido de sobrevenir un machismo repentino. 

Sin embargo, por mucho que repitan sus consignas o, peor aún, que la impresentable Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, haga chistecitos sobre los violadores beneficiados por su ley, la realidad es que antes, abusar de un menor de entre 16 y 18 años con engaño era un delito y ahora ya no lo es. Aquí no se puede hablar de jueces machistas –muchas de las víctimas son chicos- ni de mala interpretación de la ley: ya no es delito y no se puede condenar. De hecho, el primer pederasta liberado, un profesor de inglés que abusó de sus alumnos, estudia pedir una indemnización al Estado porque pasó tres años en prisión preventiva por unos hechos que ahora ya no son constitutivos de delitos, es decir, que el dinero de nuestros impuestos puede ir a parar a un abusador de menores por culpa de este Gobierno.

Desgraciadamente, este no ha sido el único pedófilo beneficiado por esta infame ley: también lo han sido, entre otros, un melillense que cuando tenía 65 años tuvo relaciones con una menor de 17 años a cambio de dinero; un joven que se dedicaba a toquetear las nalgas de menores mientras patinaban; un hombre que le provocó una fisura anal y dos perforaciones parciales en el himen a su sobrina o un pederasta que violó a un cría en su domicilio. Y digo entre otros porque, aunque sabemos que ya ha habido casi cuatrocientas rebajas de penas, estas son las que trascienden a la prensa, pero en realidad hay muchas más.

«¿En qué beneficia a los adolescentes ‘poner el consentimiento en el centro’ si media el engaño y el abuso de autoridad?»

Se suele decir que la ley fue creada con buenísimas intenciones, pero que la torpeza legislativa de sus ponentes ha dado lugar a efectos nocivos no deseados que el vergonzoso «toque de atención» de Patxi López a los jueces no ha logrado paliar. Pero, ¿cómo se supone que se va a proteger mejor a las víctimas más vulnerables, los menores, si se destipifica un delito? ¿En qué beneficia a los adolescentes «poner el consentimiento en el centro» si media el engaño y el abuso de autoridad? ¿No resulta evidente que estaban más protegidos antes de esta ley? Y lo más grave de todo es que, como confesó Carmen Calvo, sabían que esto iba a suceder. Por eso, además de Irene Montero, son también culpables el Gobierno y todos los diputados que votaron a favor de la ley de cada una de las rebajas de las penas.

Está claro que Irene Montero y sus amigas no están capacitadas para legislar e, incluso, la parte socialista del Gobierno filtró que el primer borrador de la ley era tan chapucero que estaba plagado de faltas de ortografía, pero no creo que en el caso de los menores se deba a su torpeza. En septiembre del año pasado, la ministra Montero afirmó que todos los niños, las niñas y les niñes de este país «tienen derecho a conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, eso sí basadas en el consentimiento». Estas palabras originaron un gran revuelo y mientras sus detractores la acusaron de hacer apología de la pederastia, sus defensores se lanzaron a decir que todo era una campaña de la ultraderecha y que habían manipulado el vídeo.

Yo le concedí el beneficio de la duda porque sé que muchas veces cometemos lapsus, pero es que poco después volvió a repetir exactamente lo mismo en Argentina. Además, hace unas semanas, Podemos registró un documento en el Congreso titulado Sobre salud sexual en centros educativos públicos y sostenidos con fondos públicos en el que habla de «fomentar las relaciones afectivas y sexuales sanas, consentidas y con respeto hacia los y las demás». Llama mucho la atención la insistencia en el consentimiento cuando, según nuestro ordenamiento jurídico, los menores de 16 años no pueden consentir. No son pocas la voces que alertan, especialmente desde el feminismo, que la legalización de la pederastia está en la agenda queer y cabe recordar que Podemos son los grandes valedores de esa ideología. No quiero ni pensar que los tiros puedan ir por ahí.