Año electoral, mercado político
«La lógica impone preguntarse no tanto qué puede comprar aún el PSOE para que Sánchez obtenga su nueva investidura, sino qué le queda en realidad por vender»
Erich Gordon
Como no pretenderán hacernos creer que, con la que está cayendo, quien lleva en su agenda pública como prioridad el derecho a marcar sus pezones en el suéter sea realmente «secretaria general» de nada ni esté decidiendo ninguna estrategia política seria, es más que plausible que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, al hilo de la inminente derogación de su recién estrenada ley del sí es sí, y del probable descafeinamiento del proyecto de su ley trans, estén ya ensayando sus roles respectivos en la escenificación de su ruptura en el largo interregno electoral en el que ya España está inmersa. En ese contexto, interesa el avalúo del saldo político con el que cuenta Sánchez para atender a sus respectivos vencimientos de pago que, en el mercado que él mismo eligió (recuerden: «No es no»), le van a exigir con cargo al crédito de la marca PSOE para poder acceder a una eventual nueva investidura.
Así, en esta escenificación preelectoral, tras los cínicos aspavientos de Sánchez ante los razonables efectos penológicos de su propia reforma legal que ahora le endilga a un ministerio, es de esperar que el apoyo del PSOE a la aprobación de la ley trans no hará en la bolsa del Sánchez un agujero importante. Precedida del fiasco de la ley del solo si es sí -el otro producto de la factoría legislativa Montero y amigas-, el precio de sacar adelante esta nueva ley será barato, y aun proveerá de saldo al PSOE, siendo así que su cepillado (Alfonso Guerra) lo habrá de aceptar a fortiori Unidas Podemos, que será quien financiará políticamente su promulgación asumiendo de nuevo la responsabilidad de sus eventuales «efectos indeseados» (Pedro Sánchez respecto a de su ley sí es sí).
A fin de cuentas, Unidas Podemos ha resultado ser un socio barato; la realidad ha demostrado que acordar con el partido que vino a acabar con la casta es tan fácil como prometerle a su dirigencia y cuadros el repartirse con ellos, aritmética y proporcionalmente a sus futuros escaños, los centenares de altos cargos creados en los veintitantos renovados ministerios y los empleos de los sin cuento observatorios, agencias y organismos de nuevo cuño alumbrados en estos años. No piden más: no están las cosas para que unas personas tan jóvenes para ser políticos profesionales sean arrojadas a debutar en un competitivo y cruento mercado laboral donde, paradojas de la vida, son ya demasiado viejos para ofrecer unas competencias en humanidades que el sistema productivo desdeña absolutamente.
«En lo que respecta al separatismo vasco, tendrá Sánchez su nueva investidura a un precio asequible»
Más difícil lo tiene Sánchez para renovar su investidura con el apoyo del separatismo convicto. Y es que su promesa en la mesa de diálogo de quebrar las defensas del Estado de derecho, incluyendo el indulto y la anulación de condenas penales firmes vía despenalización para que Junqueras pudiera volver a presentarse a unas elecciones y acabar presidiendo la Generalidad, no está saliendo -Llarena y Marchena mediantes- como esperaba. Dicho sea en términos puramente dialécticos, más barato le saldría a Sánchez ofrecer aquella presidencia sugiriendo obtenerla con un nuevo golpe ante un Estado ya inerme, que prometerla gracias a sus atajos normativos de déspota no ilustrado.
En lo que respecta al separatismo vasco, descontado ya el coste de entenderse con Bildu, tendrá Sánchez su nueva investidura a un precio asequible. La luz verde a la aprobación de un nuevo Estatuto -análogo al inconstitucional Estatut catalán de 2006- junto con la promesa de abstenerse del recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional que corresponde al Gobierno, serían suficientes para satisfacer el peaje. De ese texto no cabe por menos que esperar el reconocimiento del derecho de autodeterminación y de un Poder Judicial propio (que fue la real ambición fallida del Estatut); pero no olvidemos qué Tribunal Constitucional habría esta vez de resolver sobre el recurso no suspensivo que plantearan los partidos aún adeptos a la Constitución vigente. La del Poder Judicial propio no es cuestión baladí: imaginen el golpe en Cataluña en 2017 con un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dependiente de la Generalidad y Puigdemont.
A las alturas que estamos ya de esta columna, la lógica impone preguntarse no tanto qué puede comprar todavía el PSOE para que Sánchez obtenga su próxima investidura, sino qué le queda en realidad por vender de lo que en realidad no era suyo.
Ah, casi se me olvidaba, a Sánchez le queda también en la bolsa el control el gasto del Fondo Next Generation UE: ya saben, 140.000 millones de euros para «transformar la economía española, haciéndola más verde, digital, inclusiva y resiliente»; y, como traca final, aprovechando la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europa, toneladas industriales propaganda con la habitual confusión de instituciones y partido desde el mes de julio hasta justo la celebración de las elecciones generales en diciembre de 2023. ¿Alguien más a la venta?
