Las banderas y el Estado

Se ha hablado mucho en los últimos tiempos del futuro de Ciudadanos como partido político. Yo mismo lo he hecho, y no es mi intención reincidir. Lo que sí me interesa, en cambio, es reflexionar sobre su legado, no tanto en forma de programa e ideario políticos como de relación con el tejido social en que el partido se ha desenvuelto en el territorio donde nació, Cataluña. Del mismo modo que Ciudadanos, tras el fogonazo de su manifiesto fundacional y antes incluso de convertirse en partido, se fue nutriendo de apoyos procedentes en buena medida de entidades cívicas como la Asociación por la Tolerancia, entre otras, en cuanto logró asentarse fue también la causa indirecta, a veces por afinidad, a veces por disenso con el rumbo tomado por el partido, de la aparición de nuevas entidades cuyo protagonismo no ha mermado, sino todo lo contrario. Acaso la más conocida sea hoy la Asamblea por una Escuela Bilingüe, principal embrión de Escuela de Todos, la plataforma en la que han convergido un buen número de colectivos unidos por la reivindicación del uso de la lengua española en la enseñanza y las instituciones de aquellas partes de España donde gobierna el nacionalismo, y convocante asimismo de la importante manifestación barcelonesa del pasado 18 de septiembre.

Y en el embrión del embrión se hallaba y se halla otra asociación, Impulso Ciudadano, fundada en 2009 por el exdiputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán José Domingo, que continúa presidiéndola hoy en día. Pues bien, el pasado viernes Laura Fàbregas traía aquí la noticia de que Impulso Ciudadano –cuya actividad no se ciñe a la defensa de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, sino que vela también por el cumplimiento de la neutralidad institucional y el respeto a los símbolos comunes– ha elaborado por segundo año consecutivo un informe sobre la presencia de la bandera española en la fachada de los ayuntamientos catalanes. Y lo cierto es que el balance, lo mismo en 2021 que en 2022, resulta tan ilustrativo como demoledor. A pesar de la política de presunto appeasement –léase entreguismo– practicada por los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez con respecto al separatismo catalán –y también vasco, por supuesto– y de las proclamas de sus voceros para tratar de convencer al común de que la normalidad ha regresado a la dulce tierra de los calçots, las sardanas y el Institut d’Estudis Catalans, Cataluña sigue siendo, también en este punto, una región sin ley: sólo en el 18% de los consistorios ondea la bandera española y sólo en el 14% se exhiben las banderas oficiales sin la vecindad maculosa de algún mensaje o enseña separatistas. En suma, la ley de 1981 por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas sólo se cumple a rajatabla, sin aditivos ultrajantes, en las fachadas de 132 de los 947 municipios catalanes.

Impulso Ciudadano, además del trabajo de campo consistente en fotografiar todos los frontispicios consistoriales y elaborar el mapa resultante –donde el rojo de la infracción cubre casi por entero el territorio de la comunidad autónoma y las pocas aldeas galas donde se respeta la ley tienden a situarse en la periferia– ha hecho lo que el Estado ha desistido de hacer desde que Pedro Sánchez gobierna en alianza con podemitas y separatistas; ha interpuesto recurso en los tribunales contra algunos de estos ayuntamientos instando al cumplimiento de la ley. Con suerte dispar hasta el momento, pues, junto a juzgados que han atendido al recurso y ayuntamientos que han obedecido la resolución judicial y colocado de nuevo la bandera de España en la fachada, ha habido también ayuntamientos que aún no lo han hecho y magistrados que ni siquiera han admitido el recurso.

«El Estado se ha ido borrando del mapa o, lo que es lo mismo, permitiendo que dicho mapa se tiñera con el rojo de la ilegalidad»

La dejación por parte del Gobierno central de su obligación de hacer cumplir la ley en aquellas regiones de España donde la teórica representación del Estado corresponde a un gobierno autonómico con presencia, mayoritaria o no, de formaciones nacionalistas ha traído consigo que el Estado se haya ido borrando del mapa o, lo que es lo mismo, permitiendo que dicho mapa se tiñera con el rojo de la ilegalidad. La larga lucha por lograr una enseñanza bilingüe, de la que también ha sido y es pieza esencial Impulso Ciudadano, se ha llevado a cabo igualmente, en el mejor de los casos, por incomparecencia del Estado, y en el peor, en contra del propósito disolvente de quienes ejercen en ese Estado la máxima responsabilidad ejecutiva.

Como es natural, no todo se reduce a lo simbólico si lo que se pretende es evitar la progresiva y fatal ruptura del Estado de derecho que los españoles nos dimos hace más de cuatro décadas mediante nuestra Constitución. Queda mucho por legislar conforme a las competencias que aún conserva el Gobierno central. Y queda mucho por aplicar de lo ya legislado. Sólo falta voluntad para hacer lo uno y lo otro. Lo que no significa menospreciar el valor de lo simbólico, por supuesto. Existen por lo demás iniciativas que puede tomar un gobierno del Estado con el apoyo de una mayoría parlamentaria y que conjugan lo práctico con lo simbólico. Les propongo una: que todos los centros escolares públicos y concertados tengan la obligación de colgar en su fachada la bandera de España, la autonómica y la europea. No digo yo que con esto se acabe con la preceptiva inmersión lingüística en una lengua cooficial allí donde la haya, pero estoy seguro de que la curiosidad innata de las criaturas llevará a más de una a preguntar, ahora que la Generalidad catalana se apresta a extender el modelo de inmersión hasta el vientre mismo de la madre, por qué diantre cuelga esa bandera bicolor del frontispicio de la escuela cuando dentro del aula, en los juegos, las canciones, los carteles y los mapas de las paredes, no está, ni por asomo, una mísera muestra de lo que simboliza.

El 82% de los ayuntamientos catalanes no exhibe la bandera de España

Laura Fàbregas