¿Por qué la nueva Ley de Seguridad Ciudadana es mala para España?
«La nueva ley quiere dar una vuelta de tuerca al principio de autoridad de los policías que se viene pisoteando constantemente por este Gobierno»
Agente de la Policía.
La modificación de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada por la mayoría parlamentaria que sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez, se produce en un contexto muy negativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos efectivos se encuentran desmoralizados y debilitados en un escenario de violencia agravada y pérdida del principio de autoridad policial, que deriva en un agravamiento de las agresiones a los compañeros y una peligrosa judicialización de nuestra labor profesional que en ningún momento cuenta con el respaldo del Gobierno de España.
Las modificaciones de la Ley Orgánica de 2015 perjudican la eficacia policial, con la consiguiente desprotección para la sociedad y, por tanto, a los españoles. El texto que entrará en vigor tiene medidas que van en la dirección contraria de lo que precisamos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para abordar con garantías los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos: delincuencia de alta intensidad, mafias internacionales que actúan en nuestro territorio, bandas juveniles muy violentas o delincuencia que aprovecha la tecnología para desafiar a la autoridad y vulnerar las leyes.
En un proceso de reforma como este, suele ser costumbre parlamentaria contar con la participación de los actores principales involucrados, es decir, los policías o sus representantes, por lo que se va a ejecutar una reforma legislativa sin ni siquiera escuchar la opinión de quienes trabajan día a día con esta ley.
Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la Ley de Seguridad Ciudadana es una herramienta de trabajo en nuestro día a día. La utilizamos con la misión de proteger las libertades de los ciudadanos y para ello es fundamental garantizar la seguridad; si en un Estado no existe seguridad no existe Estado de Derecho y, por lo tanto, la sociedad es incapaz de desarrollarse y crecer económicamente.
Una de las mayores amenazas de esta reforma para los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la toma y difusión de imágenes de policías. Se quiere despenalizar la mera toma de imágenes en la vía pública y gravar con falta leve su distribución, siempre que afecta a su seguridad personal y/o familiar. En la actual Ley de seguridad ciudadana este precepto cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, que se pronunció al efecto. De poco sirve sancionar a una persona cuando el daño hecho a la seguridad del policía ya está hecho. Recordemos todos que en España hemos sufrido el terrorismo de ETA en el País Vasco, un lugar donde, junto con Cataluña y el Campo de Gibraltar, nuestra profesión supone un riesgo y desprestigio social. Hemos de proteger la integridad física de nuestros agentes antes de que se produzca el hecho.
«Eliminar o limitar el uso de material antidisturbios en manifestaciones violentas generará mayor impunidad en la parte violenta»
Por otro lado, los agentes de la autoridad disponemos de veracidad en el trámite de sanciones administrativas. Con la actual reforma se añade «siempre que resulte coherente, lógica y razonable». En un Estado de Derecho como el español, con las policías que integran el mismo, nunca han existido problemas en esta veracidad administrativa. En la nueva Ley se le quiere dar una vuelta de tuerca al principio de autoridad de los policías que se viene pisoteando constantemente por este Gobierno y sus socios.
En lo relativo a temas de orden público, se quieren autorizar manifestaciones y reuniones sin comunicación previa, con el perjuicio que genera en la planificación de los servicios no conocer qué manifestaciones o aglomeraciones de personas se van a producir. La policía está para proteger los derechos de las personas, y en este sentido las Unidades de Intervención Policial (UIP) garantizan diariamente que las personas que se manifiestan por diferentes motivos puedan hacerlo sin perturbaciones o agresiones de grupos contrarios. Además, eliminar o limitar el uso de material antidisturbios en manifestaciones violentas generará mayor impunidad en la parte violenta. Recordemos todos que el Estado ostenta el uso legítimo de la fuerza para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. ¿Con qué pretenden que responda la policía una agresión violenta con piedras?
Además, en esta reforma se quieren eliminar los rechazos en frontera o «devoluciones en caliente» en la frontera con Ceuta y Melilla. Cuando hordas de miles de personas con actitud violenta quieran penetrar nuestras fronteras, ¿qué se supone que tendrá que hacer la Guardia Civil? Las normas en materia de extranjería ordenan la inmigración regular en nuestro país y es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la lucha contra la inmigración irregular. Con la reforma nos dejan sin armas para esta lucha legítima.
Todas estas reformas atacan nuestra labor en el mantenimiento de la paz social, pero también la atacan otras reformas menos visibles como el establecimiento de un plazo máximo mucho menor que el actual para identificaciones, devolver a las personas identificadas a su lugar como si de transportistas o taxistas nos tratásemos, implementar obstáculos a los registros corporales en la búsqueda de sustancias o armas prohibidas o eliminar la infracción por resistencia pasiva y faltas de respeto.
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad queremos estabilidad en la seguridad jurídica que rodea nuestro trabajo y protección para desarrollar nuestra función con garantías. Si en un Estado se desprotege a quien tiene que proteger al resto, se corre el riesgo de que esa desprotección se traslade a toda la sociedad, y ahí es donde empeorará nuestra calidad de vida, nuestra seguridad como la conocemos y nuestro Estado de Derecho como es en la actualidad. Esta es la ley del odio al policía.
Tenemos una de las mejores policías del mundo. Es un valor de todos, cuidémoslo.
Anxo Rama, experto en Legislación de Seguridad del sindicato Jupol.
