Corrompiéndose en gayumbos
«Las circunstancias relativas al ‘caso Mediador’ resultan representativas de la hipocresía presente en la ribera izquierda de la política española»
Patxi López.
Además de ser escandalosas políticamente, éticamente deplorables y bochornosas en su faceta vital, las circunstancias relativas al caso Mediador resultan especialmente representativas de la hipocresía presente en la ribera izquierda de la política española. Que, según describe Navarro Tacoronte, un diputado del PSOE -así lo era al suceder los hechos que se investigan-, partido oficialmente abolicionista de la prostitución, haya participado en saraos celebrados en clubes de alterne para celebrar y/o preparar los diversos negocios de la trama investigada por corrupta constituye un acto de sumo cinismo. Que las radicales feministas presentes en el Gobierno, también abolicionistas, guarden silencio sobre lo que se va conociendo del caso supone una suerte de doblez solo asimilable a su ignominiosa falta de reproche cuando una política de derechas como Isabel Díaz Ayuso sufre un vándalo escrache en sede universitaria, por mucho que la salvajada haya sido avalada por ¡el ministro de Universidades!
Más allá de lo expuesto y según relata el reseñado Navarro, el caso Mediador es un caso típico de corrupción política en el que se intercambian voluntades de un/unos político/s a cambio de la recepción de favores entregados por empresarios, en dinero o en especie. Pero concurren también en él otras características especiales curiosamente presentes en otros casos de corrupción vinculados al PSOE. Como ejemplo, que el alcohol, las drogas y el sexo por dinero estén presentes en el modus operandi de los posibles corruptos ahora investigados ya sucedió en el caso del Gobierno socialista de Felipe González con el caso Roldán. Es difícil olvidar su foto en calzoncillos publicada en una revista semanal en la que se reflejaba el destino dado por el entonces director general de la Guardia Civil al dinero público robado. También en el escándalo de los ERE, acaecido en los Gobiernos socialistas de Andalucía hemos conocido que algunos de los corruptos sufragaron sus consumos de droga y sexo con los importes sustraídos del dinero que iba destinado a los trabajadores andaluces. Es una extraña coincidencia que cuando se corrompen los socialistas, en no pocas ocasiones la corrupción venga acompañada de otros determinados excesos en la conducta de los corrompidos.
En el actual estado de cosas, empiezan a oírse voces dentro de la izquierda que desautorizan las acusaciones de Navarro basándose en la escasa ejemplaridad del personaje. Interesadamente o no, se equivocan. Lo relevante de una acusación estriba en su fundamentación y, aún más, en las pruebas e indicios que la apoyan y no en el perfil del acusador. Basta con recordar que fueron unos personajes tan poco ejemplares como Amedo y Domínguez los que posibilitaron que se destripara en profundidad el caso de los GAL, caso que acabó con la condena e ingreso en prisión del que fuera ministro socialista de Interior -Barrionuevo- y de su principal colaborador, el secretario de Estado José Vera.
«Ha vuelto a ocurrir que cuando política y delito se conjugan en el entorno socialista, van acompañados de otras conductas truculentas»
Según acusa Navarro, en ocasiones con el pago dado a los políticos corruptos se pretendía que éstos intercedieran para rebajar una sanción previamente impuesta por la Administración deliberadamente excesiva para forzar el pago por su reducción. Esta praxis recuerda en parte la seguida por aquellos directivos de Hacienda nombrados por Borrell -Huguet y Aguiar- en la etapa de los Gobiernos socialistas y por varios de sus colaboradores. Sembrando previamente el terror entre los empresarios catalanes crearon el caldo de cultivo poder vender a un buen precio una pactada inmunidad a los que se avinieron a pagar por ella. Tras la necesaria denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción que realicé personalmente, el asunto terminó con ambos en la cárcel, destino al que fueron acompañados por sus cómplices y por algunos empresarios como José Luis Núñez, el expresidente del Barcelona. Por cierto, es de justicia reconocer que la investigación interna de la Agencia Tributaria desveló la absoluta falta de vinculación de Borrell con la corrupción de aquellos a los que nombró. Es criticable su error al nombrarles, pero nada más.
Por otra parte, ha sucedido que de modo casi simultáneo al destape del caso Tito Berni se ha conocido también el secuestro de una concejal del municipio de Maracena por parte de quien era la pareja de la alcaldesa socialista hasta uno o dos días después del suceso. Está por aclararse el motivo real de semejante atrocidad -posible corrupción urbanística en el Ayuntamiento, pelea feroz por la elaboración de la próxima candidatura municipal, …-. En cualquier caso, ha vuelto a ocurrir que cuando política y delito se conjugan en el entorno socialista, van acompañados de otras conductas truculentas. Curiosa circunstancia para la que yo no tengo explicación lógica y menos científica.
En cualquier caso, los sucesos reseñados, junto a muchos otros también conocidos, no deben llevarnos a participar de la afirmación según la cual: «La política siempre corrompe». No tiene por qué ser así, pues siendo innegable que la política puede corromper y de hecho así lo hace con cierta frecuencia, también lo es que hay políticos absolutamente honestos que no merecen sufrir un juicio al todo por culpa de una parte -la que representan los corruptos-. Lo relevante es que la sociedad se arme contra la corrupción aumentando los controles internos dentro del Estado y los instrumentos legales que permiten investigar y condenar los casos de corrupción. Es evidente que la reciente reforma del Código Penal impulsada por Sánchez por la que se aligeran las penas en el delito de malversación va en el sentido contrario de lo que hace falta.
