Ferrovial como síntoma
«Las amenazas lanzadas desde el Gobierno al grupo no han hecho sino confirmar la preocupante reducción de seguridad jurídica que está asolando a España»
Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
Los acontecimientos que se han vivido estos días alrededor del affaire Ferrovial son verdaderamente sintomáticos de lo que está sucediendo en España. Ha ocurrido, como tantas otras veces, que por muy profundos que sean los análisis y por muy fundadas que sean las criticas, es el estallido de un caso concreto el que acaba desvelando el auténtico sentido de la realidad. Y así ha ocurrido esta vez.
De poco o nada han servido la multitud de avisos presentes en numerosos análisis sobre el peligro que la política económica seguida por el Gobierno -y su política en general- representaba en orden a ahuyentar la actividad empresarial y la inversión en España. Los avisadores solo han logrado convertirse en destinatarios de los ataques del Gobierno: chamanes, brujos, apologetas del apocalipsis…, son términos que han salido de los labios del propio Pedro Sánchez para dirigirlos contra cualquiera que fuera crítico con sus decisiones. De repente, un potente grupo empresarial comunica y fundamenta adecuadamente su decisión de reestructuración societaria por la que se cambia la cabecera del grupo modificándose consecuentemente la sede social del grupo, y lo que venía calificándose por el Gobierno como una campaña orquestada por los asistentes a cenáculos madrileños y fumadores de puros, aparece como real. En efecto, es cierto, en perspectiva empresarial España se ha convertido en territorio hostil.
Los parámetros de la hostilidad están meridianamente claros en el caso de Ferrovial. El acceso al crédito para un grupo domiciliado en Países Bajos es más confortable que para el que tenga su sede en España. Es así porque el riesgo país, marcado por la prima de riesgo, es más bajo allí que aquí, consecuencia del descuadre de nuestras cuentas públicas y del nulo esfuerzo del Gobierno por arreglarlo. La probabilidad de éxito al intentar captar fondos propios también es superior en Países Bajos por disponer de un sistema y un mercado financieros más desarrollados y menos rígidos que los nuestros. Únase a lo anterior el preocupante descenso en nuestra seguridad jurídica, del que la creación de un impuesto a través de una enmienda a una proposición de ley que entra en vigor el 28 de diciembre y se devenga tres días después no es más que el último ejemplo. Añádase además el permanente acoso, insulto y descalificación a las empresas realizados por miembros del Gobierno español en reiteradas declaraciones. Y culmínese con la enloquecida aplicación de una política fiscal crecientemente agresiva para tener completado el cóctel. En estas condiciones, resulta absolutamente fundado que un grupo empresarial, que además factura más del 80% fuera del territorio español, haya decidido modificar la domiciliación de su matriz, circunstancia que no obsta para que los beneficios futuros que pueda obtener en España sigan tributando a nuestra agencia Tributaria.
Como vemos, la decisión corporativa adoptada por Ferrovial está sólidamente fundada, siendo precisamente esta circunstancia la que ha provocado el enfado de Pedro Sánchez y su Gobierno. Que se constate una realidad -España como territorio hostil para la actividad empresarial- que ellos han negado de manera histriónica, y que dicha realidad vaya a ser constatada en los foros económicos y políticos internacionales merced a la decisión del citado grupo empresarial, es un hecho que ha herido el orgullo y la soberbia que Sánchez tiene en grado alarmante.
«Heridos su orgullo y su soberbia, Sánchez ha desatado su ira con una histeria incontenible»
Sucede que una vez heridos su orgullo y su soberbia, Pedro Sánchez ha desatado su ira con una histeria incontenible. Su inaceptable agresión a Ferrovial y a su presidente realizada en presencia de un líder extranjero en una comparecencia pública en el exterior ha servido para que todos -en España y en el extranjero- pudiéramos comprobar el talante escasamente democrático que le acompaña. Las amenazas lanzadas desde el Gobierno al grupo Ferrovial, como tener que devolver las supuestas ayudas recibidas o ser excluido de futuros procesos de contratación pública, no han hecho sino confirmar la veracidad de uno de los motivos de su decisión: la preocupante reducción de seguridad jurídica que está asolando a España. Más adelante, podremos conocer si esta pérdida es parcial o total en función de la conducta que siga la Agencia Tributaria al verificar la tributación de lo acordado por Ferrovial.
En efecto, nuestra legislación tributaria contiene en la Ley del Impuesto sobre Sociedades un régimen fiscal especial para las operaciones de reestructuración empresarial, régimen que fue incorporado obligatoriamente por constituir la transposición de la correspondiente directiva europea y que decreta la neutralidad fiscal de las citadas operaciones: fusiones, absorciones, aportaciones no dinerarias, aportaciones de activos, canje de valores, cambio de domicilio social entre Estados miembros. La aplicación del régimen citado supone la inaplicación de cualquier impuesto a la sociedad o sociedades que aplican la reestructuración y a sus socios, existiendo solo una causa que excepciona la aplicación del régimen. Ésta es el supuesto en el que la operación carezca de motivación válida y persiga exclusivamente la comisión de un fraude fiscal.
Dados los varios y fundados motivos que apoyan lo decidido por Ferrovial y considerando que existiendo un moderado ahorro fiscal éste no sería fraudulento, nada justificaría que la Agencia Tributaria le impidiera aplicar el régimen fiscal europeo a su decisión de reestructuración. Nada, salvo que recibiera una orden al respecto y la acatara. Eso confirmaría que en España la seguridad jurídica habría desaparecido.
