La economía, una herencia envenenada
«Siendo este Gobierno progresista, parece olvidarse de que para distribuir la riqueza, primero hay que crearla. Y las empresas son el medio más eficaz»
Nadia Calviño, Isabel Rodríguez, María Jesús Montero y José Luis Escrivá. | Eduardo Parra (Europa Press)
La Unión Europea ha anunciado que recuperará la disciplina fiscal en 2024 poniendo fin al paréntesis de laxitud abierto para hacer frente al colapso económico provocado por la pandemia. Y España, con sus abultados déficit y deuda pública, será uno de los miembros que más renuncias tendrá que hacer. El Banco Central Europeo continuará subiendo los tipos de interés para doblegar una inflación que aún se resiste a bajar. Como consecuencia, se encarece la financiación de nuestros desequilibrios en los mercados internacionales. El colchón del ahorro acumulado durante los confinamientos se ha agotado y la tasa de ahorro de España está hoy entre las más bajas de Europa. Los ingresos disponibles de las familias se resienten para hacer frente al pago de las encarecidas hipotecas. Y la escasa rentabilidad del dinero depositado en los bancos, también entre las más bajas de la UE, no ayuda a amortiguar ese deterioro en la renta. Los datos de empleo llevan varios meses empeorando. La inversión extranjera cae. El precio de la cesta de la compra no acaba de ceder pese a las medidas del Gobierno. Tal vez lo que resta de 2023, lleno de citas electorales, se capeará con el mantenimiento de medidas extraordinarias que subvencionan el escudo social, pero estas tienen sus días contados en cuanto Europa vuelva a la senda de la consolidación fiscal.
Desaparecidos el colchón de la política monetaria y el de la laxitud fiscal, que tanto han ayudado al Gobierno a capear la crisis de la pandemia y la derivada de la invasión rusa de Ucrania, para el Ejecutivo que tome el relevo tras las elecciones generales a finales de año, la economía será una herencia envenenada. A la que cabe añadir las medidas anunciadas por el ministro José Luis Escrivá para asegurar la sostenibilidad de las pensiones como le exigía Bruselas para desbloquear el tercer tramo de ayuda por valor de 10.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Tras la reforma aprobada por el Gobierno y sus socios en diciembre de 2021, que en su barra libre para elevar conforme a la inflación todas las pensiones (sin distinguir entre las bajas y las altas como ha hecho por ejemplo el Gobierno también socialista portugués) hizo recaer el pase de esa subida en el déficit público y puso en entredicho su sostenibilidad.
Sin embargo, lejos de resolver el problema, el reputado técnico ha optado por perseverar en el gasto creciente de la partida destinada a las pensiones en los presupuestos generales, que en 2023 se eleva a 190.687 millones (la mayor de la historia y el doble que hace 15 años), comprometiendo el gasto en otros capítulos claves para el progreso del país. Su decisión de financiarlas con un aumento generalizado de impuestos, encubierto en forma de subida de las cotizaciones a la seguridad social de los salarios medios y altos, tendrá un impacto inevitable en el empleo de profesionales. El resultado es que tendremos uno de los tipos marginales efectivos sobre el trabajo entre los más altos entre las economías desarrolladas según la opinión de varios expertos.
«La economía española lleva estancada desde 2006. La renta per cápita no ha avanzado desde hace 16 años»
Es, en definitiva, dar una patada hacia adelante para que el problema se lo coma el siguiente Gobierno cuando los números se hagan insostenibles. Un panorama poco deseable que se corresponde con lo que hace poco defendía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un mitin del PSOE: «Los abuelos no quieren pensiones para ellos, sino para pagar la luz al hijo, o para dar una ayuda a sus nietos». ¿Dónde queda la solidaridad intergeneracional? ¿Dónde la innovación que supone el relevo de las nuevas generaciones? ¿Es este el modelo al que queremos aspirar? Porque la economía española lleva estancada desde 2006. La renta per cápita no ha avanzado desde hace 16 años. No es el caso de Portugal, Grecia o Italia, países intervenidos en la crisis financiera de 2008-13. Por no hablar de Irlanda, donde durante ese periodo esa variable se ha incrementado casi un 80%. El peso de España en la economía mundial sólo retrocede puestos. Hoy ocupa el decimoquinto lugar de ese ránking. En 2006 era la novena.
Algo falla en nuestro modelo. Y ningún Gobierno parece querer atender ese deterioro. Y el actual parece dispuesto a alejarse aún más de las soluciones con su modelo populista e intervencionista. Porque la cosa va por ahí. ¿No es más apetecible crear las condiciones óptimas, incluidos los contrapesos que han de vigilar los abusos de poder, para que prospere una economía productiva y competitiva capaz de generar riqueza a la que gravar para financiar el Estado de bienestar, las inversiones públicas en infraestructuras, la educación y la Investigación y Desarrollo, que son la base de la cohesión social y de la prosperidad económica, pero que no castigue precisamente a los agentes y las rentas que contribuyen y generan los ingresos?
Pero el Ejecutivo de Sánchez no lo cree. No es sólo su manifiesta hostilidad hacia las grandes empresas. Es también su querencia a intervenir en los mercados, justificada puntualmente para aliviar el choque de la oferta de bienes esenciales durante la pandemia o para atender la crisis energética, pero en casos como el del bono a las gasolinas con efectos indeseados que han servido para engordar la cuenta de resultados de las grandes distribuidoras de combustible a costa del contribuyente o en el del tope al gas, que teniendo buenos resultados en la inflación, ha creado externalidades no deseables. También sus políticas sociales, como la citada subida generalizada de las pensiones a costa del déficit público o los sucesivos aumentos del salario mínimo ignorando la necesidad de corregir su impacto negativo en algunos sectores como la agricultura que afecta más negativamente a algunas comunidades autónomas o a colectivos como los jóvenes.
Y los dos ministros de los que se esperaba pudieran moderar ese impulso populista, Escrivá y Calviño, lejos de jugar ese papel parecen haberse entregado a la causa. La cacería contra Ferrovial por cambiar de sede, perfectamente aceptable según las normas europeas de libre establecimiento de cualquier empresa, contrasta con el reciente asalto a Indra de empresarios afines al Gobierno para hacerse con el control de su mayoría. Otro estropicio más que heredar. Son dos actuaciones que resumen la visión patrimonialista que de la economía parece tener el Gobierno. Y siendo este progresista parece olvidarse de que para distribuir la riqueza, primero hay que crearla. Y las empresas son el medio más eficaz para generar ese crecimiento económico. Castigarlas, perseguirlas, amenazarlas o asaltarlas para controlarlas no parece que sea la manera de conseguirlo. Pero mucho me temo que no será el último capítulo que veremos antes de que se convoquen las elecciones generales. Aún hay margen para complicar esa enrevesada herencia económica.
