Gracias, Irene

En España, la cosa empezó hace ya algún tiempo. Me refiero al ataque despiadado del neofeminismo contra dos principios democráticos que siempre creímos inamovibles: 1) la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y 2) la presunción de inocencia, que viene desde los romanos (in dubio pro reo).

Estando Zapatero al frente del Gobierno comenzó el asalto contra la igualdad ante la ley y fue con la Ley Integral contra la Violencia de Género, que convirtió lo que era falta en delito y endureció las penas. Desde entonces, el artículo 153.1 del Código Penal prescribe penas distintas según que el delito lo cometa un hombre o lo cometa una mujer. Lo cual resulta trascendente en el campo de los principios jurídicos.

Cuando esa discriminación se planteó en las Cortes pregunté a muchos diputados (yo lo era entonces) entre ellos al ministro ponente, que fue el de Trabajo, de dónde había salido tal idea, con la cual casi nadie estaba de acuerdo. Me quedó entonces claro que la fuente de donde manaba esa agua cristalina la constituía un pequeño y aguerrido grupo de feministas radicales que habían encandilado con sus ideas al presidente del Gobierno.

Esta innovación del Código Penal fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por una jueza de Murcia (Juzgado de lo Penal número 4) y el TC hizo pública una sentencia (14 de mayo de 2008) de la que fue ponente Pascual Sala. Dicha sentencia desestimó el recurso porque el «autor (del delito) inserta su conducta en una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa». En otras palabras: la sentencia da por hecho que existe «una pauta cultural» que afecta —lo quieran ellos o no— a todos los varones.

«La discriminación contra los varones no ha hecho sino aumentar»

Pues bien, esa discriminación contra los varones no ha hecho sino aumentar y hoy si una mujer denuncia por malos tratos a su marido o exmarido, con razón o sin ella, el denunciado pierde todos los derechos respecto a sus hijos, cualquiera que sea el veredicto judicial posterior. ¿Dónde queda la presunción de inocencia?

El 13 de marzo pasado el abogado asturiano José Cuevas presentó en Grado una denuncia por delito de odio contra la secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam en la que puede leerse:

«En las redes sociales, concretamente en Twitter, también en YouTube, hay un vídeo de la meritada Dña. Ángela, a la cual denuncio ahora, en el que dice textualmente que ‘los hombres no necesitan el Registro Civil para ser violadores, lo son y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante’».

Pero la invasión neofeminista no sólo ha afectado a la izquierda gubernamental. En Andalucía, si quieres abrir un negocio puedes solicitar ayuda al emprendimiento; si eres hombre te dan 3.000 euros, si eres mujer, 5.000. Si quieres dedicarte a la pesca en Galicia puedes solicitar una ayuda de 2.000 euros a la Xunta y si eres mujer te la suben a 7.000. Existe un blog que lleva una relación exhaustiva de esas discriminaciones.

Pero no todo son malas noticias para los varones. Llegó Irene Montero y ella y sus amigas se sacan de la manga la ley trans, según la cual cualquiera puede cambiar de género sin más trámite que solicitarlo en el Registro Civil. Así que, chicos españoles, daos prisa e id al Registro y que os inscriban como mujeres. Así podéis recuperar la igualdad que os otorgaba la Constitución y que esta invasión neofeminista os había quitado.

En nombre de esos varones, me dirijo a Irene Montero para agradecerle que su ineptitud haya vuelto a poner las cosas en el sitio que la Constitución las había colocado.