La campaña de la Renta y la amenaza de Calviño
«Al utilizar la inflación como impuesto, el Gobierno de Sánchez está dando una vuelta de tuerca más al expolio fiscal que practica sobre los españoles»
Ilustración de Erich Gordon.
Ayer dio comienzo la campaña Renta-2022, repitiéndose así la cita anual en la que más de 25 millones de contribuyentes nos confesamos fiscalmente ante la Agencia Tributaria. Con toda probabilidad, volverá a ser una campaña modélica en la que el amplio, diverso y eficaz conjunto de servicios de información y de ayuda puestos a nuestra disposición por la citada entidad nos facilitará el trance de la confesión. Es cierto que los ingentes recursos financieros puestos a disposición de la AEAT le permiten desarrollar estas excelentes campañas, pero también lo es que la excelencia lograda no sería posible sin el habitual buen hacer de la institución, sin su experiencia acumulada, sin la profesionalidad de sus directivos, sin la preparación técnica de sus cuadros, y sin el uso inteligente de las nuevas tecnologías.
Recordemos adicionalmente que no es solo en las campañas anuales de Renta donde la Agencia Tributaria ha demostrado su capacidad para afrontar retos de gran dimensión. Como ejemplo, la magnífica labor que realizó con motivo de la introducción del euro.
La pena es que la campaña iniciada ayer gira en torno a un impuesto, el IRPF, que constituye un paradigma de la nefasta deriva emprendida por nuestra Hacienda Pública. No es ya tan solo que el citado tributo sea un mecanismo que sobre grava los sueldos, componente que supone prácticamente el 90% de los rendimientos gravados, proporción muy superior a la que representan dentro de la renta nacional, es que adicionalmente las últimas decisiones del Gobierno Sánchez lo han convertido en un instrumento de agresión contra la clase media. Recordemos al respecto que la nueva reducción sobre los rendimientos del trabajo personal se aplica exclusivamente para ¡los que sean inferiores a 21.000 euros!, excluyendo de la medida a una gran parte de los trabajadores, incluso a aquellos cuyo salario está por debajo de la media nacional.
«Nuestra presión fiscal está al mismo nivel que la de los alemanes, pese a que en Alemania la renta media supera en un 50% a la de España»
Con todo, lo peor es la escandalosa negativa del Gobierno a deflactar el impuesto actualizando sus tarifas y sus deducciones fijadas en euros a la evolución seguida por el índice de precios al consumo. Con ello, se aprovecha ilegítimamente de la inflación haciendo tributar a los españoles por un aumento de los ingresos que lejos de ser real, es tan solo nominal. Se trata de una práctica tercermundista, alejada de cualquier ética pública y propia de los Gobiernos dictatoriales, aquellos que no respetan la soberanía parlamentaria en las decisiones relativas a la fiscalidad, desoyendo el principio clásico y democrático según el cual No taxation without representation.
De ese modo, utilizando la inflación como impuesto, el Gobierno está dando una vuelta de tuerca más al expolio fiscal que practica sobre los españoles, expolio que ha situado nuestra presión fiscal al mismo nivel que la soportada por los alemanes, pese a que en Alemania la renta media supera en un 50% a la de España. Así, es evidente que el esfuerzo fiscal de los españoles es considerablemente mayor que el exigido a los alemanes.
Afortunadamente, la distribución territorial de competencias permite que los Gobiernos autonómicos mas sensibilizados con la ética pública y menos obsesionados con reducir la renta disponible de los contribuyentes si hayan deflactado el IRPF en su tarifa autonómica. Es el caso de Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia, Castilla y León -todas ellas gobernadas por el PP-, y también de Canarias o Aragón, pero no se ha actuado así en todas las Comunidades. La diferente conducta de los Gobiernos territoriales relativa a la deflactación del IRPF unido a sus decisiones previas en relación con el impuesto determina que no sea insignificante la diferencia de las cargas tributarias que soportan los contribuyentes de las diferentes Comunidades. Es lo que tiene la competencia, en este caso fiscal, por la que cada Gobierno queda retratado por el mayor o menor esfuerzo tributario al que obliga a sus residentes.
«La carta enviada por Calviño a Ferrovial es algo propio de regímenes bananeros»
Como es sabido, son los contribuyentes residentes en la Comunidad de Madrid los menos obligados en el tramo autonómico del IRPF dada la política fiscal moderada que aplica el Gobierno regional madrileño. En el extremo opuesto, los contribuyentes catalanes y valencianos se encuentran entre aquellos que resultan más exprimidos en el impuesto toda vez que sus respectivos ejecutivos han optado por una fiscalidad agresiva, al estilo de la aplicada por el Gobierno de Sánchez. Pero insisto, es lo bueno de la competencia -también la fiscal-, diferentes precios para que el consumidor -también el contribuyente- elija el producto – también el Gobierno- que desea.
Vuelvo al comienzo para contrastar lo que será otra magnífica campaña de Renta desarrollada por la Agencia Tributaria con la inadmisible carta enviada por la vicepresidenta Calviño a Ferrovial. Su contenido es una evidente amenaza para la compañía y para sus accionistas al tiempo que un intento de coacción a la propia AEAT. Que se haya atrevido a reproducir casi literalmente el hito previsto en la legislación -ausencia de motivos económicos- como causa de exclusión del Régimen Fiscal Especial al que tienen derecho la sociedad y sus socios por la operación societaria, pretendiendo anticipar así lo que sería la posición posterior de la AEAT –la que ella intentaría imponerle- es propio de regímenes totalitarios y bananeros. Es así pues apreciar si existe o no una motivación económica válida en la operación proyectada por Ferrovial es competencia de la AEAT y no del Gobierno, por lo que resulta inaceptable la manifestación que por escrito se ha atrevido a hacer la vicepresidenta económica.
Cuesta entender que el pasado profesional de Calviño haya pasado por Europa dado que el Régimen Fiscal Especial con cuya inaplicación amenaza a Ferrovial es precisamente una norma comunitaria que está presente en nuestra legislación a través de una transposición. Por lo que se ve, con pasado europeo o no, cuando Sánchez hace ministro a cualquiera éste -en este caso, ésta- se vuelve chavista.
