La vivienda y el desahucio de la seguridad jurídica

«Cuando negocias con un Gobierno no consigues todo lo que quieres y no ha habido manera humana de desbloquear la situación del alquiler social», decía la diputada de ERC Pilar Vallugera en su comparecencia conjunta con el diputado de EH-Bildu, Oskar Matute. La ocasión era la presentación del acuerdo para aprobar la Ley por el derecho a la vivienda. «Sí que hemos conseguido» –proseguía ahora ya más ufana la diputada Vallugera- «cosas que nunca antes se habían planteado para la protección de las personas que deban ser desahuciadas… los desahucios sin fecha y hora predeterminada se han acabado. Todos ellos deben ser con fecha y hora predeterminada. Se acaba con la incertidumbre de que se presente la comitiva oficial, la comitiva judicial en tu domicilio sin saber cuándo va a pasar».

Cientos de miles de ciudadanos, esos denominados «pequeños propietarios» (el 85% de la oferta según se estima), que pusieron sus viviendas en el mercado de alquiler en cumplimiento de la legislación vigente, han sido masivamente expropiados al verse obligados a no poder actualizar la renta de acuerdo con las condiciones fijadas en los contratos que celebraron válidamente con anterioridad al 31 de marzo de 2022 (fecha de entrada en vigor del Decreto-Ley 6/2022) o a ampliar su duración en 6 meses si finalizaban con anterioridad al 30 de junio de 2023 de acuerdo con el Decreto-Ley 20/2022 de 27 de diciembre, que además prorroga el tope del 2% a la actualización de las rentas de alquiler que se fijó en marzo de 2022.

Y lo que te rondaré morena, dados los primeros detalles que conocemos del acuerdo que han alcanzado las fuerzas progresistas: la urgente y extraordinaria necesidad de la primera gran intervención que se dio en el mercado de alquiler justificada por el impacto de la pandemia y posteriormente por la guerra de Ucrania, ha tornado ya en «normalidad» porque de lo que se trata ahora es de garantizar un «derecho a la vivienda». «Por primera vez en democracia», señaló también muy campanudo en la rueda de prensa el representante de EH-Bildu Oskar Matute, que de vulneración de la democracia y los derechos sabe como pocos.

«La coalición de progreso tienen como afán facilitar que se impida la ejecución de una decisión judicial»

Pero volvamos por un momento a los desahucios y a la «eliminación de la incertidumbre». El diario El País nos ayudaba a entenderlo un poco mejor, como tantos otros movimientos o decisiones que adopta el Gobierno. La prohibición de los desahucios sin fecha y hora predeterminada «facilita la movilización de los grupos que se dedican a intentar frenarlos».

Vuelvan a leerlo y mastíquenlo con cuidado, con cuidado por si se muerden: los grupos que componen la coalición de progreso tienen como afán facilitar que se impida la ejecución de una decisión judicial. Pues eso es precisa y exactamente un desahucio: el resultado de que impere la ley. Ciertamente, la diputada Vallugera pertenece a un grupo político que se ha revelado bien dispuesto a que ni la ley ni la Constitución imperen, pero conviene recordar que no hay desahucio sin un previo proceso en el que las partes han podido plantear sus pretensiones y pruebas, se han dictado requerimientos, autos, providencias; que no hay desahucio sin una previa sentencia firme, y el agotamiento de los recursos y oportunidades procesales propias de un Estado de Derecho, y que la presunta «incertidumbre» no puede en ningún caso ser intempestiva para quien ha sido condenado, sino que es más bien una resistencia antijurídica que ahora, por lo que parece, jalea nada menos que la mayoría del Parlamento. El problema es que a estas alturas ningún desatino institucional resulta increíble.

Por lo que parece, no hay «manera humana de hacer alquiler social»; ni manera humana de hacer ver a esa supuesta mayoría progresista que sobran los estudios que muestran cómo esas medidas intervencionistas restringen la oferta y en el fondo dificultan el acceso a la vivienda. Una vez más, con el estandarte de los «derechos» (no el de propiedad, por supuesto) y el auxilio de un PSOE definitivamente desnortado, las «fuerzas del progreso» se disponen a desahuciar la seguridad jurídica misma.