De la desconexión
«Los resultados electorales demuestran que al Gobierno más progresista de toda la historia le ha pasado la realidad por encima»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Eduardo Parra (Europa Press)
Hay quien dice que es la primera vez que el centro derecha gana unas elecciones en España para frenar un deterioro institucional y no uno económico. De que la democracia ha menguado bajo el mandato del Gobierno de Pedro Sánchez hay suficiente evidencia: desde la ocupación de instituciones públicas como la fiscalía general del Estado, el CIS, RTVE o el INE… a la elaboración de leyes a la medida de las demandas de sus socios de legislatura, enemigos de un proyecto común de país, ya sean los indultos, la supresión del delito de sedición o la rebaja por malversación. Por no hablar de la alarma social provocada por leyes de alto voltaje ideológico, como la fallida de sí es sí contra la violencia de género o la polémica Ley Trans o la precipitadamente aprobada Ley de Vivienda. Todas ellas son iniciativas que han alimentado la confrontación política en la que se está instalado este Gobierno. Todas ellas desconectadas de las necesidades reales de los ciudadanos. Los resultados electorales demuestran que al Gobierno más progresista de toda la historia le ha pasado la realidad por encima.
Lo resumía muy bien Alberto Olmos en El Confidencial esta semana: «Sólo una vida comodísima te permite tener preocupaciones tan dramáticas como el fin del mundo. La gente normal está únicamente a preocupaciones diminutas: cuánto cuesta un café». ¿Pero no es un poco injusto que el electorado no le reconozca a Pedro Sánchez y a la vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calviño la buena marcha de la economía? El empleo crece, el PIB aumenta más de lo previsto, la inflación está entre las más bajas de la Unión Europea… Y luego está el llamado escudo social del que tanto presume el presidente del Gobierno: los ERTE, las tres subidas del salario mínimo interprofesional, la aprobación del ingreso mínimo vital, el aumento de las pensiones con el IPC…
El Gobierno compara insistentemente su gestión de la crisis derivada de la pandemia y la energética tras la invasión rusa de Ucrania con las medidas tomadas durante la crisis financiera de 2008 a 2013. Es un relato que Sánchez y sus ministros han usado con frecuencia en esta última campaña y que seguramente seguirán haciéndolo de aquí a las generales del próximo 23 de julio. Un relato del que el Gobierno omite que fue el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, que ocupó el poder hasta diciembre de 2011, el que decretó los mayores recortes sociales conocidos hasta la fecha y dejó como herencia un déficit público que rozaba el 11% del PIB. Asimismo, y a diferencia de una Europa que ha aprobado un paquete de estímulo fiscal cercano a 800.000 millones de euros y suspendido las reglas fiscales con respecto al límite del déficit y de la deuda para superar cuanto antes el socavón de la pandemia, la de entonces apostó equivocadamente por la austeridad y obligó al Gobierno de Mariano Rajoy que siguió al de Zapatero a hacer tremendos e impopulares ajustes.
Pero eso en la narrativa del PSOE sanchista al parecer no ocurrió. Es todo un capítulo negro de nuestra historia reciente que se atribuye en exclusiva al PP. El descalabro de las cajas de ahorros, colonizadas por representantes de todos los partidos políticos y los sindicatos, rescatadas con 50.000 millones de euros prestados por nuestros socios europeos, también se tergiversa para cultivar un gran resentimiento contra la banca privada que fue también ayudada, pero de forma marginal.
Más allá de ese ejercicio de memoria selectiva, está el hecho que el Gobierno de Sánchez ha contado con colosales colchones: 180.000 millones de los fondos europeos (la mitad a fondo perdido). Y una política monetaria que ha permitido financiar nuestro déficit a unos tipos de interés negativos. El Banco Central Europeo, además, ha estado comprando toda la deuda emitida por los estados soberanos para dar liquidez al sistema. Un chollo. Que se acabó cuando la inflación se disparó coincidiendo con la reanudación de la actividad económica tras la pandemia, con una demanda disparada y una oferta bajo mínimos, limitada por los cuellos de botella que se extendieron por las cadenas de producción internacional. La crisis energética que provocó la invasión rusa de Ucrania sólo ha agravado esa presión inflacionista.
Además, el Gobierno de Sánchez ha ido recibiendo los fondos solidarios europeos sin apenas intervención de Bruselas en nuestras finanzas públicas. El visto bueno a la reforma de las pensiones del ministro José Luis Escrivá, cuya sostenibilidad y solidaridad intergeneracional cuestionan de forma casi unánime los grandes expertos, sorprendió a todos. Lamentablemente, la ejecución de esos fondos deja mucho que desear. Nada sorprendente, dado el historial deficitario de la gestión de los fondos estructurales que recibimos de la UE (España, año tras año, no llega a ejecutar ni el 50%). El 54% de los fondos NextGen se ha quedado en la Administración pública ante la incapacidad de las administraciones de hacerlos llegar al sector privado. Y luego están los 32.000 millones de ingresos fiscales extra que ha percibido el Gobierno en 2022 por los efectos de la inflación. Tanto la recaudación por IVA como la del IRPF se han disparado.
Pero el paréntesis de la disciplina fiscal tiene sus días contados. Y España, sobre todo en el capítulo de la deuda, sólo se ha alejado de los objetivos de estabilidad. Este desequilibrio se situó en marzo en 1.53 billones (el 113% del PIB). Y sigue creciendo. La deuda y sus intereses, el gasto en esta partida aumentará un 30% de aquí a 2024, según recoge el propio programa de Estabilidad presentado por España ante la Comisión. Quién sabe si al convocar elecciones anticipadas, Sánchez también intenta salvarse de que Bruselas, que ya ha anunciado el regreso al rigor fiscal exigido por los países acreedores contribuyentes netos de los fondos Next Gen, ponga fin a sus martes electorales y le exija un plan de consolidación fiscal que implique impopulares recortes.
«¿Servirá el reciente varapalo electoral para que el presidente Sánchez corrija esa desconexión con los votantes?»
Hay otros indicadores que demuestran que nos alejamos de la convergencia con Europa y que nuestra economía está perdiendo competitividad. Más allá del hecho de que la renta per cápita de España está estancada desde hace 20 años o de que el PIB, a diferencia de nuestros socios europeos, apenas ha recuperado los niveles previos a la pandemia. En lo que se refiere a las cotizaciones sociales, lo que viene a ser el impuesto sobre el empleo, España se sitúa en el quinto lugar más alto de la OCDE. Y la mencionada reforma de las pensiones sólo encarecerá la contratación. Especialmente la más cualificada. Aspira a recaudar por este concepto 100.000 millones de las empresas. Lo que duplica lo que hoy aportan a la caja. En un país con la tasa de paro más alta de la UE resulta una medida incomprensible.
Al mismo tiempo, las subvenciones públicas han crecido un 45% durante 2022. Y en ese mismo año hemos alcanzado el récord en el pago de nóminas a funcionarios y políticos comparado con cualquier administración anterior: 154.000 millones de euros. El empleo público ha subido más que nunca, con 3,6 millones de empleados en las administraciones públicas. Con un crecimiento trimestral de nuevos contratados que dobla al del sector privado. Es un modelo intervencionista, que se sostiene a cargo de los contribuyentes y que amenaza con alejarnos aún más de nuestros competidores europeos. Subvenciones, mayor presión fiscal, electorados cautivos por la recepción de prestaciones, el crecimiento imparable de la deuda… No parece que sea el modelo que quiere la mayoría de los españoles. Así se lo han hecho saber en las urnas. ¿Servirá el reciente varapalo electoral para que el presidente Sánchez corrija esa desconexión con los votantes? Nada en esta recién iniciada campaña apunta en esa dirección.
