Lenguas cooficiales: la tercera peineta de Sánchez a la UE

Si faltaba alguien en la Unión Europea por conocer la verdadera cara de Pedro Sánchez, habrá podido comprobar esta semana hasta qué punto el dirigente español sólo piensa en sí mismo y qué poco le importan el club comunitario y la presidencia de turno que su Gobierno desempeña desde el pasado 1 de julio.

Que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hiciera el jueves 17 el ridículo enviándose una carta a sí mismo a las 6.47 horas de la mañana para, en calidad de ministro de un país europeo, pedirle a la presidencia rotatoria que ponga en el orden del día la inclusión del catalán, el gallego y el vasco como nuevas lenguas oficiales de la UE, roza el absurdo y supone un grave desprecio al funcionamiento y las reglas no escritas del club.

Si hay algo que enoja en Bruselas sobremanera es que un país intente trasladar a la UE sus propias neuras nacionales. Y el colmo de ello es que ese país pretenda hacerlo durante su semestre de presidencia. Usar las instituciones comunitarias para, en vez de avanzar en cuestiones europeas, sacar rédito político en el debate nacional es uno de los peores pecados que se pueden cometer.

Y Sánchez lleva ya tres desplantes de este tipo en menos de dos meses de presidencia. Lo nunca visto. Primero se sacó de la manga una convocatoria electoral para el 23 de julio, que dejó completamente sin efecto las primeras tres semanas del semestre, pues el Gobierno estuvo más pendiente de hacer campaña que de liderar nada que no fuera un mitin.

Luego postuló a Nadia Calviño como candidata para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Ese nombramiento debe decidirse en una reunión informal de los ministros de Economía y Finanzas de los 27 estados miembros que se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en Santiago de Compostela. Y el problema es que Calviño ese día es la anfitriona del encuentro y la persona que debería mediar entre sus homólogos para alcanzar un acuerdo respecto a quién es la persona seleccionada de entre todos los candidatos propuestos. Que el que hace de árbitro pretenda también ganar el partido es algo que tiene pocos precedentes en la UE, por lo que fuentes diplomáticas apuntan a que será difícil que Calviño pueda salir airosa del envite.

Y ahora llega lo de las lenguas, que es el tema más delicado de toda la historia de la organización y que, por tal motivo, requiere la unanimidad de los 27 para adoptar cualquier decisión al respecto. Lo cual anticipa un sonoro fracaso, pues ningún país en su sano juicio va a aceptar que España cuente con otras tres lenguas oficiales en la UE cuando ya hay 24 con ese estatus y al menos otras 17 aguardan en la sala de espera desde hace décadas. Sería abrir de par en par un debate que llevan años evitando países como Italia o Francia, conscientes del lío y el coste que supondría empezar a reconocer a escala continental lenguas de ámbito regional.

Ninguna de las fuentes consultadas conocedoras de los entresijos comunitarios le da la más mínima posibilidad de éxito a esta iniciativa, y el propio ministro Albares lo sabe. También Sánchez, pero a los dos les da igual quedar como auténticos energúmenos rompiendo las reglas no escritas y colocando encima de la mesa un debate nacional aprovechando su presidencia y sabiendo de antemano que va a ser una pérdida de tiempo para todos.

Albares, abusando de su condición de presidente de turno, llevará la discusión a la reunión del Consejo de Asuntos Generales del próximo 19 de septiembre. Y seguramente de ahí saldrá el encargo para que alguien evalúe las implicaciones y costes que tendría la medida, con el objetivo de que en alguna reunión posterior se pueda someter a votación.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya intentó algo similar, si bien no coincidió con la presidencia española… y le mandaron educadamente a esparragar. Ahora Sánchez vuelve a la carga y el resultado será parecido. Si, a pesar de ello, se empeñase en conseguir su aprobación a toda costa, las fuentes consultadas apuntan a que sería a cambio de que España asumiera los cuantiosos costes de la medida y de que hiciera importantes concesiones en otras materias. Dicho de otro modo: que si España decide hacer del tema lingüístico su prioridad absoluta en la UE el resto de socios le van a hacer sudar tinta y le van a pedir lo que no está escrito antes de dar su brazo a torcer, y ahí cabe todo, desde nombramientos institucionales hasta reparto de ayudas. Es decir, la medida no saldrá, pero si llegase a salir sería a cambio de un terrible coste para los intereses generales de España.

Por tanto, todo hace indicar que la carta de Albares es un brindis al sol, una burda maniobra propagandística y una cortina de humo. Habrá cierto paripé o farsa durante meses, con suerte para Sánchez quizás años, pero nada más. Lo triste es que el Gobierno de España abuse de esta manera tan caprichosa de las instituciones europeas y que su presidente y su ministro de Exteriores estén dispuestos a hacer el ridículo con tal de salvar el culo durante una legislatura más.