Los cordones blancos de Ortuzar

La amnistía está hecha, al menos en lo que se refiere a que el Gobierno o su grupo parlamentario la propongan. Si el tema no avanza, y asistimos a las declaraciones surrealistas de izquierdistas y nacionalistas afines, es porque Puigdemont no cede si no se le ofrece un itinerario seguro para que sea una realidad. El voto positivo o la abstención de los diputados de Junts tienen el mismo precio, y da igual si Coalición Canaria cambia de abrevadero. 

Sánchez solo tiene una salida aceptable para Puigdemont: que su ley de amnistía tenga una sentencia del Tribunal Constitucional favorable en su totalidad, en consonancia con la opinión pública. De ahí que los sanchistas se hicieran con la mayoría en dicha institución, el trabajo de sus medios de comunicación en favor de la amnistía, y el contacto con la patronal y los sindicatos.  

Los independentistas no quieren un engaño de Sánchez, porque el socialista puede aprobar la ley de amnistía, y luego negociar con Junts jugando con los tiempos y el contenido de la sentencia del TC. «¿De quién depende el Constitucional? Pues eso…». El Alto Tribunal se convertiría en una tercera cámara de deliberación donde Sánchez tiene mayoría y puede decidir. Sería algo similar a la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, pero con la diferencia de que Sánchez tendría la sartén por el mango, no Puigdemont, como ahora. 

«Ortuzar tiene el cuajo de sentarse con un prófugo golpista, pero no con Feijóo»

Mientras tanto, el sanchismo y sus aledaños nacionalistas van apareciendo en público para vender que la amnistía a los golpistas es lo mejor que nos puede pasar. Ya se sabe, hay que ganarse a la opinión pública, normalizar la cuestión, que en las barras de los bares y en las del metro, en los ascensores y en la sala de espera del médico no se hable de otra cosa. Fue así que Ortuzar cogió un avión en un aeropuerto del Estado español en rumbo a Bélgica. «Espérame en Waterloo, vida mía», que diría Jardiel Poncela. 

No sé en Bilbao, pero al menos en Chamberí, el barrio que tuvo la suerte de verme nacer, llevar cordones blancos en zapatos negros te aseguraba la entrada en el club de los payasos involuntarios. Aunque, para payasada siniestra la foto con Puigdemont. Porque Ortuzar, el valladar inexpugnable contra el avance de la ultraderecha española, sí tiene el cuajo de sentarse con un prófugo golpista, pero no con Feijóo, que le produce arcadas atávicas. 

El caso es que, después de comunicarse con Puigdemont a través de pinganillos, Ortuzar volvió al Estado (España, por más señas). Pidió una rueda de prensa y transmitió la buena nueva. La amnistía tiene un nombre con mala prensa, dijo. Hay que llamarla de otra manera, la que sea para que cuele. Mi abuelo, que pasó por una checa de UGT donde le invitaron a tortas y salió hinchado, lo llamaba «anís tía». Cosas que tiene el tomarse a chufla a los solemnes.  

Un día antes de Ortuzar salió Yolanda Díaz, patrocinada, como siempre, por la Fashion Week, para contarnos los tipos de amnistía. La doctora en Ciencias Infusas por la Ignatius Reilly University resumió, por no apabullarnos, que hay tres tipos de amnistía. Siéntese. Primero están las amnistías que facilitan el tránsito, a modo de un guardia urbano, entre una dictadura y la democracia. Luego Yoli miró el móvil, donde se lo había apuntado Ernest Urtasun con letra muy gorda, subió las manos para simular unas comillas y soltó: «Están las utilitaristas», como la amnistía fiscal que hizo el PP. Y por último, justo cuando salió el arco iris y relinchó un unicornio, están las amnistías para resolver conflictos. 

«Yolanda Díaz olvida que la amnistía fiscal de 2012, la de Cristóbal Montoro, fue tumbada por el Tribunal Constitucional»

Yolanda llama «conflicto» a conseguir siete votos en el Congreso para investir a una persona, Su Sanchidad, que no sacó votos suficientes en las urnas ni llevaba la amnistía en el programa electoral. Es más, la Fashionaria olvida, o no lo aprendió en la Ignatius Reilly University, que la amnistía fiscal de 2012, la de Cristóbal Montoro, fue tumbada por el Tribunal Constitucional. No salió adelante. Más claro: no es un tipo de amnistía en España porque hay una sentencia en contra y una ley de 2021, sí, del Gobierno de Yolanda, que la prohíbe. 

Eso sí, aquella «amnistía fiscal» se llamó de otra manera, como indica para Puigdemont el elegante Ortuzar, que por entonces apoyaba al PP de Rajoy. «Qué sútil hallazgo —debieron pensar—. Cuela, fijo». La denominaron «regularización extraordinaria»​ y «declaración tributaria especial», pero el Tribunal Constitucional sentenció en 2017 que vulneraba el principio de igualdad. Quedémonos con esto último.

Fue el PSOE de Sánchez el que recurrió aquella amnistía fiscal porque, ojo, era un zapatazo a la igualdad entre españoles. No era tolerable validar comportamientos de quienes no cumplieron con su deber, decían entonces los sanchistas. Alegaban que la ley de amnistía de 1977 solo servía para los cambios de régimen, resarcir a los presos por delitos políticos, y que por esta razón no estaba en una Constitución que garantiza los derechos y la libertad. 

Ya sé que Dios hizo el Universo y luego un precioso Bilbao para contenerlo, pero poner cordones blancos a unos zapatos negros, o llamar con otro nombre a una amnistía política para que cuele, es de muy mal gusto. Y Puigdemont no pica, y Bildu gana al PNV en las encuestas.