De justicia e igualdad

Asistimos durante las últimas semanas a un debate, con perdón para los debates, en el que políticos juristas dan concienzudas versiones sobre si una Ley de Amnistía tiene cabida en nuestra Constitución. Vaya por delante que para aquellos políticos que la desean cabe, y no dudarán en llamarla de cualquier manera que satisfaga sus objetivos. En mi caso se llame como se llame: de «Amnistía», «por la Concordia», «Hasta la Victoria Final», o, «Porque lo dice El Líder Supremo», me parece una infamia.

Me niego a entrar en el «debate», ya sea político o jurídico, si antes no pensamos en si la Amnistía que se pide es justa y no vulnera la igualdad entre todos los españoles.

Una amnistía es justa cuando se aplica a presos o expresos que los son o han sido en función de la aplicación de leyes no democráticas, como pasó con los condenados por leyes franquistas nacidas tras un levantamiento militar que instauró durante 40 años una de las dictaduras más sangrientas de la historia reciente. Aquellos condenados no fueron rehabilitados por años de sufrimiento, pero al menos ellos o sus familias vieron desaparecer de sus expedientes, y de su vida, los delitos por los que habían sido condenados.

¿Alguien se acuerda de la Ley de amnistía de 1977?. ¿Nos acordamos que esa Amnistía fue producto de la Ley de reforma Política, gobernando Adolfo Suarez?, y ¿que fue condición necesaria para que tengamos una Constitución que nos homologó con las democracias Europeas, y que más paz y bienestar ha generado entre los españoles en dos siglos?

De aplicarse ahora significaría que los gobiernos que ha tenido España desde entonces son homologables a los de cualquier dictadura militar, reventando nuestro estado de derecho y nuestra historia porque nuestros jueces se verían obligados a aplicarla en virtud de un nuevo disparate (más Ley del sí es sí) que ahora beneficiaria a los que fueron condenados por golpistas, prófugos de la justicia de un Estado Democrático y malversadores como cualquier mafioso, y que para mayor escarnio representan el 1,6% de los votantes de las últimas elecciones generales. Eso sí, Amnistía y 20.000 millones de euros que les debemos. Tenemos que pagar su fiesta y el daño y mala vida que han llevado. Oír esto en boca del molt honorable Puigdemont es vomitivo si uno se acuerda de los exiliados por la dictadura franquista.

¿Es esto justo?

Otra pregunta que deberíamos hacernos en relación con un posible Ley de Amnistía o como quiera llamarla el Líder Supremo para seguir en el poder, es si la misma respeta o no la igualdad entre todos los españoles.

Sería injusto achacar la desigualdad entre españoles a esa posible Ley. La desigualdad la llevamos sufriendo en los últimos años con todo tipo de leyes, decretos, ocultaciones etc. Sería muy largo exponerlos aquí, pero sirvan algunos ejemplos: la imposición para conseguir un trabajo si no se habla una determinada lengua regional, diferentes procesos de selección para estudiar en una universidad, distintos niveles y tipos impositivos en función de la comunidad autónoma donde se viva, indultos según para quien y suma y sigue…

Todo esto para intentar contentar a quien obtiene resultados electorales cada vez más insignificantes, pero quieren dañar la convivencia entre la mayoría; a quienes rezuman racismo y xenofobia hacia la gran mayoría de españoles, y que, lejos de ser aislados, son blanqueados por un gobierno, el de Pedro Sánchez, que se permite englobarlos en un «bloque progresista», ¿A quién? ¿A Junts, ERC y PNV? Se nos olvida que estos partidos han sido y son los de las burguesías catalana y vasca, y ¿ahora los vamos a tildar de «progres» porque dieron sus votos a Pedro Sánchez a cambio de suculentos beneficios económicos y legales?

Estas formaciones si carecen de algo es de eso, de progresismo, son formaciones que sus propuestas económicas están más cerca de Vox que ningún otro partido en España. Bueno, con Podemos no andan mal encaminados. Para muestra un botón: el lema del PNV es «Dios y Leyes Viejas».

«Si lo hacen, hacen el encaje de Cataluña en España y si una Ley de Amnistía cabe o no en la Constitución»

Una Ley de Amnistía pensada para ellos, independentistas y sediciosos, condenados por malversadores y golpistas, que no renuncian a la «vía unilateral» es decir, a hacer lo mismo por lo que ya fueron condenados, es la mayor ruptura del principio de Igualdad entre los españoles recogido en la Constitución. Y todo por qué: porque me faltan sus votos para seguir en el poder unos añitos más. Mientras, la inflación, los tipos de interés, los resultados de la Ley de Vivienda, los fijos discontinuos -que seguimos sin conocer-, el abandono escolar, los precios de los productos básico para la cesta de la compra, y tantas otras cosas no forman parte de los problemas de los españoles. Y sí lo hacen, hacen el encaje de Cataluña en España y si una Ley de Amnistía cabe o no en la Constitución.

El Gobierno presidido por el Gran Líder Supremo considera que los ciudadanos españoles, socialistas o no, que hacen uso del derecho constitucional a manifestarse por aquello que consideran injusto y contrario al estado de derecho son unos golpistas y fascistas que incitan, nada más y menos, que a la confrontación civil.

Entonces ¿cómo pudieron pactar un gobierno con Podemos, que reclamaba la calle, que consideraba lícito el escrache a personas que no pensaban como ellos, y que rodeaban el Congreso, sede de la soberanía nacional, para sus intereses políticos? ¿Desde cuándo expresarse libremente en la calle es monopolio de las siglas que considera oportunas el gobierno? ¿Desde cuándo la libertad de expresión ha dejado de ser la bandera de los partidos de izquierdas?

¡Qué pena! Y todo por siete votos para seguir en el poder.

PD. Toda mi solidaridad y afecto al compañero Nicolás Redondo Terreros, al que con métodos similares a los usados por gobiernos bolivarianos despedazan política y personalmente. No conseguirán ni lo uno ni lo otro.

Así no, Pedro

Juan Antonio Ruiz Castillo