Y tras la investidura, a por el Poder Judicial
«Sánchez planteará al PP un ultimátum: o renovamos el CGPJ al gusto de las fuerzas que me apoyan en el Congreso o haré una reforma legal para controlarlo»
Mientras la opinión pública concentra toda su atención en la próxima sesión de investidura de Feijóo, que se da por aritméticamente fracasada, y se vislumbra ya la de Sánchez —quien alardea de tenerla ya asegurada—, aparece en un horizonte no muy lejano una cuestión de mayor alcance si cabe que la concesión de la inconsensuada amnistía.
Se trataría de un paso más en la hoja de ruta emprendida por la autodenominada «coalición de progreso», que, indisimulada y desinhibidamente, no parece exhibir ya más programa para gobernar que implementar un cambio de régimen eludiendo los procedimientos de reforma constitucional.
Me estoy refiriendo al abordaje de una reforma legal que redujera las mayorías necesarias en las Cortes para aprobar una renovación del Consejo General del Poder Judicial; reforma en virtud de la cual se residenciaría privilegiadamente en el Congreso la elección de los vocales del órgano citado, donde el PP precisamente tiene una presencia significativamente menor que en el Senado, y por tanto menos capacidad de influencia en aquella elección.
Si hay un espacio que se le ha resistido a Sánchez en su sistemática colonización partidaria de las instituciones es el órgano de gobierno de los jueces. Que se trata de una prioridad absoluta de la coalición y de los apoyos parlamentarios que la sostienen en el Gobierno no cabe dudar: recuérdese cómo en la reunión mantenida con Feijóo a finales de agosto en la que propuso un acuerdo de investidura de dos años, Sánchez, desentendiéndose de cualquier cuestión atinente a la posible conformación de un gobierno de la nación, respondió con una carta —probablemente redactada mucho antes de conocer la propuesta del candidato del PP— en la que se limitaba a exigir perentoriamente la renovación del CGPJ. Ni medio disimulo en cuál es su prioridad.
«La mera demanda de Sánchez de que el CGPJ se componga a semejanza de lo que es hoy es el Congreso es en sí misma inconstitucional»
Así las cosas, no hay que descartar que la punta de lanza de Sánchez conforme revalide su investidura gracias a la concesión de la amnistía sea —espoleado por sus apoyos— la de hacerse por fin con el control del CGPJ. Y lo hará planteando al PP un ultimátum: o renovamos la composición del CGPJ al gusto de las fuerzas que me apoyan en el Congreso o acometeré una reforma legal para hacerme con dicho órgano, aprovechando, por un lado, la coyuntural composición del Tribunal Constitucional, y por otro, que el recurso a dicho órgano de 50 diputados o senadores no tendría efectos suspensivos. De modo que, para cuando el tribunal de garantías resolviera su recurso, aun haciéndolo en el sentido de la inconstitucionalidad de la reforma, ya se habrán incorporado gracias a ella a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y al Tribunal Supremo suficientes jueces afines para aplicar la ley de amnistía según los intereses de la coalición; y por lo mismo, para que dichos jueces relativicen las transgresiones del orden constitucional que de suyo acompañan a una mutación constitucional sin pasar por el procedimiento de reforma.
Haría bien por tanto el PP en mantenerse firme en su negativa a cualquier renovación de CGPJ. En primer lugar, porque la mera demanda de Sánchez de que el CGPJ se componga a semejanza de lo que es hoy es el Congreso es en sí misma inconstitucional: la mayoría reforzada legalmente exigida lo que persigue es el consenso de los partidos en los nombramientos de los vocales, no en su desempeño. Lo que quiso el Tribunal Constitucional con su famosa sentencia sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial es que cada uno de los vocales del CGPJ gozara de consenso al ser nombrado, no que por consenso se distribuyeran los vocales en proporción aritmética al reparto de los escaños en el Congreso. Se trataba de evitar que en su desempeño terminaran conduciéndose como si fueran otros «diputados», delegados de los partidos en el Poder Judicial.
Y, en segundo lugar, haría bien el PP en resistirse a la renovación, porque conociendo las maneras despóticas del actual secretario general del PSOE, renovado el CGPJ al gusto de Sánchez y sus muletas parlamentarias por temor a una reforma inconstitucional, el chantajista acabará sacando las dos cosas: un CGPJ a su gusto y, luego, la reforma insidiosa que se trataba de evitar asumiendo el mal menor. El que hoy se deja engañar por Sánchez no es que no esté ya libre de culpa, es que deviene en medio cómplice suyo.