El contagio «procesista»
«Algunas instituciones del Estado están importando las maneras de hacer política del procés, evitemos importar también sus efectos económicos»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Gabriel Rufián, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. | Ilustración: Alejandra Svriz
A principios de año, el Gobierno lo dio por muerto. Pero lejos de eso, el procés resiste, muta y se extiende. Ahora por las instituciones del Estado. Su revitalización tiene que ver con una simple transacción. Pedro Sánchez necesita los votos de Junts para ser investido de nuevo presidente. A cambio, el Gobierno en funciones abraza sin rubor el discurso independentista, aun a riesgo de deslegitimar las instituciones, y adopta su manera de hacer política, expulsando del arco mismo de la democracia al bloque adversario. Todo ello hace imposible cualquier pacto de Estado entre el PSOE y el PP. En un momento de deterioro de las previsiones de crecimiento e inflación en España y de creciente incertidumbre económica internacional, esa mutación procesista sólo puede profundizar el estancamiento que sufre la economía española desde hace casi 20 años.
¿Cuáles son los síntomas de la cataluñanización de España? El PSOE ha decidido cancelar políticamente a la derecha, al igual que hacen las fuerzas independentistas catalanas con los constitucionalistas cuando se arrogan la representación única del pueblo catalán y niegan la pluralidad de la sociedad. Tanto unos como otros son poco amigos de la separación de poderes. «¿De quién depende la Fiscalía?, ¡pues eso!», Sánchez ha pasado a asegurar con tanta rotundidad como descaro que el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, aprobará la Ley de Amnistía que ha negociado con sus socios independentistas a cambio de su apoyo en la investidura. La ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana de 2017 secuestraba la independencia del poder judicial. Hablan de diálogo y concordia, pero excluyen de la mesa de negociación a la otra mitad que no piensa como ellos o que no les sirve para permanecer en el poder. Mientras, negocian leyes que atañen a la convivencia de todos y dicen hacerlo en nombre de la reconciliación.
Esta deriva procesista no es sólo una amenaza para nuestro Estado de Derecho, también puede serlo para nuestra economía. La división de la sociedad en dos bloques irreconciliables. La colonización y erosión de las instituciones que deben de hacer de contrapeso al poder. La inseguridad jurídica que supone hacer reformas legales de gran calado, como la rebaja del delito de prevaricación y la derogación de la sedición y ahora la amnistía, sólo en base a las necesidades de los apoyos parlamentarios del Gobierno sin importar si estas violentan la igualdad de los españoles ante la Ley. El afán intervencionista del Gobierno en la economía o el señalamiento de empresas y empresarios. No son las mejores condiciones para hacer frente a un escenario económico plagado de incertidumbres.
«Hablan de diálogo y concordia, pero excluyen de la mesa de negociación a la otra mitad que no piensa como ellos o que no les sirve para permanecer en el poder»
Quizás convenga recordar alguno de los efectos que el procés ha tenido en la economía catalana en los últimos años. Ninguno de los grandes bancos y empresas que abandonaron la comunidad autónoma en 2017 tiene el propósito de regresar. Banco Sabadell se mantiene en Alicante. Caixa Bank expresa su deseo de permanecer en Valencia y la aseguradora Catalana de Occidente seguirá en Madrid. Lo que significa que las inversiones de estas grandes corporaciones se han ido desplazando gradualmente fuera de Cataluña. Además de estas, han huido 4.942 empresas en los últimos seis años. También se ha resentido la inversión extranjera. De los más de 8.000 millones de euros en brutos que recibía la región en 2016, a 3.883 millones en 2022. Casi cinco veces menos que los 17.226 millones de inversión que llegaron a Madrid. El PIB per cápita de Cataluña se situó en 2021 en el cuarto puesto entre las CCAA de España: 29.942 euros en 2021 frente a 34.821 de Madrid, 32.925 del País Vasco o los 31.024 de Navarra. Y fue en 2019 cuando Cataluña dejó de estar entre las regiones más prósperas que la media europea.
¿Cuánto más nacionalismo menos prosperidad? Todo apunta en esa dirección. En el caso del conjunto de España, la división entre bloques, exacerbada ahora tras el endiablado resultado del 23J, ha impedido alcanzar los pactos necesarios para hacer las reformas que corrijan los desajustes que la Gran Recesión (2008-13) puso en evidencia: una economía poco productiva, con la tasa de paro más elevada de la UE, con una elevada deuda pública y un déficit fiscal estructural persistente y una evolución demográfica preocupante. España es el segundo país que menos crece la renta per cápita desde 2007.
España se sitúa a la cabeza de Europa en mortalidad de empresas, según Cepyme, que representa a las pequeñas y medianas empresas que conforman el 99% del tejido empresarial español. El cierre de empresas en España batió récords en 2022: 26.207 disoluciones, un 10% más que en 2021, cuando las medidas anticovid las mantenían con respiración asistida en forma de ERTEs y otras ayudas.
Si bien la economía española será una de las que más avance dentro de la UE en 2023 (2,3%), tanto el FMI como el Banco de España han avisado del debilitamiento del crecimiento para 2024 y rebajado su previsión hasta el 1,7% y el 1,8% respectivamente, tres y cuatro décimas por debajo de la estimación anterior. Lastrado por los efectos de las subidas de los tipos de interés, el encarecimiento de los precios de la energía y el menor dinamismo de las exportaciones. La inflación vuelve a repuntar y el conflicto desatado a raíz de los ataques terroristas de Hamás en Israel amenaza con desestabilizar la región, principal exportadora de petróleo del mundo, y sólo puede agudizar esa tendencia al alza de los precios. El Gobierno planea además retirar la rebaja de impuestos al gas y la electricidad. Y en 2024 Europa reinstaura las reglas fiscales que obligarán a un ajuste presupuestario que puede también frenar el crecimiento.
Todo ello complicará a gestión económica al futuro Gobierno. Si finalmente Pedro Sánchez saca adelante la investidura no lo tendrá fácil. Y si insiste en ahondar en la división, en cancelar a su adversario político y en despreciar los grandes consensos cuando más se necesitan, las posibilidades de corregir el deterioro de la economía se reducirán. Algunas instituciones del Estado están importando las maneras de hacer política del procés, evitemos importar también sus efectos económicos.
