¿Traidores a las siglas?

Lauren Boebert es una congresista republicana por el estado de Colorado que hace pocos días protagonizó un escándalo por recibir y dar caricias sexuales en un teatro. Las imágenes se propagaron por las redes sociales. En su perfil de Twitter, Boebert se define como una «RINO hunter». Una semana antes había leído en el Financial Times un largo artículo titulado The Real RINO. Los RINO (Republicans In Name Only) son aquellos a quienes los fieles a Donald Trump consideran unos traidores dentro del Partido Republicano. Un partido fundado en 1854 por Abraham Lincoln y que hoy, bajo la presidencia y liderazgo populista de Trump, ha abandonado muchos de sus valores conservadores fundacionales y se desliza peligrosamente hacia el iliberalismo. El FT concluía que el verdadero RINO era Donald Trump.

No pude evitar establecer un paralelismo con lo que está ocurriendo en el PSOE bajo la presidencia de Pedro Sánchez. Aquí también hay una cacería contra quienes son considerados Socialistas In Name Only o socialistas traidores a las siglas. Ese ha sido el argumento esgrimido para explicar la expulsión esta semana de Nicolás Redondo Terreros. Pero la lista de potenciales presas no para de ampliarse. Aunque es altamente improbable que se atrevan a expulsarlos, las críticas y descalificaciones vertidas por los leales a Sánchez contra Felipe González y Alfonso Guerra tras expresar su oposición a la amnistía a los condenados por el Procés y criticar el giro dado por el candidato socialista antes y después de las elecciones, pone en evidencia la deriva autoritaria dentro del propio partido. Al igual que el GOP de Trump, en el PSOE de Sánchez no cabe disentir. 

Y en cuanto a lealtad a las siglas, es difícil reconciliar eso de ser progresistas y pactar con un partido supremacista y ultranacionalista como Junts. ¿Qué fue de su compromiso electoral del 23-J de parar a la extrema derecha? Y en cuanto a la igualdad ante la ley de todos los españoles y la defensa del Estado de Derecho, ¿cómo encajar la posible amnistía hecha a la medida de quienes atentaron contra la Constitución y el Estatut y dejaron en el desamparo legal a más de la mitad de los catalanes? Sánchez y sus ministros han dado un bochornoso giro de 180 grados sobre esta cuestión. Lo que hace escasos meses se rechazaba por equipararse al olvido y eso no tenía cabida en la Constitución (Juan Carlos Campo) o porque supondría suprimir uno de los tres poderes del Estado, en este caso el judicial (Carmen Calvo) o era una medida no reconocida en nuestro ordenamiento jurídico (Fernando Grande-Marlaska), hoy se viste de alivio penal para conseguir la normalización en Cataluña. ¿No sería más fácil que nos dijeran que es una exigencia del prófugo Puigdemont a cambio de un puñado de votos? Nos ahorrarían tanto eufemismo.

Y en cuanto a otro valor con el que siempre se han identificado esas siglas: la solidaridad, ¿cómo encajar la idea de federalismo asimétrico que defienden algunos dentro del Gobierno en funciones en su intento de conservar su puesto? Una asimetría que favorecería a las regiones más prósperas y privilegiadas fiscalmente, como el País Vasco y Cataluña, en detrimento de las más pobres, como Extremadura o Andalucía. Un Gobierno que estuviera dispuesto a ampliar las regalías a estos territorios, tanto en materia fiscal como en transferencias de fondos del Estado o a aceptar, como parece que está ahora en la mesa de negociación con los independentistas catalanes, la condonación de su deuda con el Estado en nombre de todos con todos los contribuyentes españoles, a cambio de su apoyo en una posible investidura, sería todo menos solidario.

«La conversación pública está una vez más secuestrada por quienes no comparten un proyecto común de país»

Mientras, todos los problemas reales que afectan al ciudadano de a pie se ven de nuevo relegados por el debate territorial. La conversación pública está una vez más secuestrada por quienes no comparten un proyecto común de país. Y los pactos de Estado necesarios para sacar a España de su anquilosamiento resultan cada vez más inabordables. Desde la reforma de las Administraciones Públicas (los efectos de su colapso en la recepción de prestaciones sociales o trámites básicos son alarmantes), a la toma de medidas para la integración de los jóvenes en el mercado laboral y frenar la brecha salarial entre generaciones, o un acuerdo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por no hablar de la necesidad de retomar la senda de la consolidación fiscal para reducir la carga la deuda y el déficit en las finanzas públicas que está socavando la inversión futura en las partidas que aseguran el progreso y la cohesión social. Todo ello tendrá que esperar.

Porque con la llegada de los populismos, a los que los partidos mayoritarios tradicionales han sucumbido, nos hemos adentrado en la era de la posdemocracia, como señalaba el catedrático de Historia Contemporánea, Juan Pablo Fusi, en una reciente entrevista a El Diario Vasco. «Detrás de la política de bloques late una visión perversa de la política, de la democracia como sistema: la aspiración a excluir al otro bloque -en el caso de España, al bloque de la derecha- del arco mismo de la democracia». Ni dejar gobernar a la lista más votada que ha recibido el mandato del electorado, en este caso el PP, ni aceptar oferta alguna de pacto como la que hizo el líder popular Alberto Nuñez Feijóo a Sánchez para que el PSOE facilitara su investidura y afrontar juntos seis grandes pactos de Estado limitando la legislatura a dos años. 

El presidente en funciones desdeña el pacto ofrecido por quien representa a más de ocho millones de votantes, que tiene la mayoría del Senado y gobierna en 11 de las 17 CCAA además de Ceuta y Melilla, al tiempo que reivindica el diálogo con el más wanted de la justicia española, cuyo partido fue la quinta fuerza más votada en Cataluña, con 392.634 votos, por detrás del PP en esa comunidad (469.117). Ni progresista, ni igualitario ni solidario ni dialogante. El líder socialista puede tratar vestir con los términos más decorosos que se le antojen la traición que supone para las siglas del PSOE las concesiones que está dispuesto a hacer a los independentistas en su intento de reeditar su Gobierno Frankestein (esta vez siniestramente ampliado) si fracasa Feijóo en su investidura el próximo martes. Pero la factura de esa traición la pagaremos todos. No sólo en prosperidad, a falta de un gran pacto entre los dos grandes partidos que permita a España salir del estancamiento, algo que se correspondería por otro lado con el mandato dado por los votantes en las últimas elecciones. Aún más grave y preocupante es la deslegitimación que supone de nuestro Estado de Derecho y la quiebra de los principios de solidaridad e igualdad entre los españoles que consagra la Constitución. Y sí, el socialista In Name Only es él. Sánchez.

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Enemigos de la prosperidad

Victoria Carvajal