Crisis varias en la Agencia Tributaria
«El crecimiento de los ingresos gestionados por la AEAT ha pasado de crecer en torno al 15% anual en 2021 y en 2022 a solo un 4,5% en el presente ejercicio»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Los datos de los ingresos tributarios que refleja el informe mensual de recaudación que elabora y publica la AEAT ponen de manifiesto de modo incontestable la llegada de la crisis a la economía española, siendo claramente perceptible el frenazo recaudatorio en todos y cada de los principales impuestos de nuestro sistema tributario. Así, comparando el ritmo de crecimiento que siguieron durante 2022 y el que están siguiendo hasta septiembre de 2023, se observa que el IRPF ha pasado del 15,8% al 9,7%, el IVA del 13,9% al 1,4%, los Impuestos Especiales del 2,2% al 1,2%, y el Impuesto sobre Sociedades, de crecer un 20,8% a disminuir un 11,1%. En conjunto, el crecimiento de los ingresos gestionados por la AEAT se ha debilitado significativamente pasando de crecer en torno al 15% anual en 2021 y en 2022 a hacerlo en solo un 4,5% en el presente ejercicio, porcentaje próximo al de la inflación lo que supone que en términos reales la recaudación de la Agencia Tributaria está estancada.
Esta crisis recaudatoria de la AEAT evidencia que la crisis económica ya está presente en nuestra economía y que, muy probablemente, en el futuro inmediato agudice aún más su intensidad y sus efectos negativos. A fin de cuentas, con independencia de las milongas cuantitativas que sobre los resultados de la llamada lucha contra el fraude se nos transmite en la información gubernamental, la evolución de la recaudación de la AEAT responde casi en exclusiva a la seguida por la actividad económica y a las subidas/bajadas de impuestos. Por este segundo motivo el IRPF es el tributo cuya recaudación aumenta en mayor medida pues está reflejando el permanente e ilegítimo subidón del impuesto aplicado por el Gobierno al no proceder a deflactarlo.
Pero desgraciadamente la crisis recaudatoria que acabamos de describir no es la única que se vive actualmente en el seno de la Agencia Tributaria pues existen otras que golpean a la institución en diversas áreas de su actividad y que, sin caer en el alarmismo, resultan nocivas para la eficacia de su funcionamiento y para su credibilidad ante la sociedad española. Veamos una muestra.
«La ilegalidad consistía en certificar falsamente que un contribuyente estaba al corriente en sus pagos»
Hace pocos días hemos leído en los medios de comunicación la noticia del enésimo caso de corrupción habido en el organismo. No se ha producido en la esfera de la inspección tributaria, evidente área de riesgo en términos de regularidad y, por el contrario, los presuntos corruptos son funcionarios de nivel medio, o medio bajo, responsables de emitir los certificados de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes -los estados de deudas-. La irregularidad o ilegalidad detectada consiste en la venta de certificados que acreditaban falsamente que un contribuyente -el pagador o corruptor- estaba al corriente en sus pagos a la AEAT, falsedad que le permite acceder indebidamente a contratar con las Administraciones Públicas o a percibir subvenciones oficiales.
Conviene señalar que las noticias sobre este tipo concreto de corrupción son recurrentes, por lo que algo serio y contundente debería hacerse en la Agencia Tributaria para remediarlo. Está bien que se castiguen los casos de esta modalidad corruptiva que se detectan, pero no es suficiente pues nunca serán detectados y castigados todos los supuestos de utilización fraudulenta de la potestad certificadora. Deberían establecerse las medidas para prevenir, y por tanto impedir, que se repitan con tanta frecuencia. Han de cambiarse los procedimientos, la asignación de funciones y los sistemas de garantía previos a la emisión del certificado.
También hemos conocido hace pocos días que el Tribunal Supremo ha reiterado la ausencia de culpabilidad en la conducta fiscal del futbolista Xavi Alonso que, habiendo sido ya sentenciada en tres instancias judiciales previas, ha tenido que volver a ser juzgada por cuarta vez dada la inconcebible y rechazable contumacia acusatoria de la Agencia Tributaria. El juzgado inicialmente actuante, la Audiencia de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la CAM, todos le dieron la razón al deportista y se la quitaron a la AEAT, pero ésta y sus habituales pedúnculos -Abogacía del Estado y Fiscalía- ha seguida erre que erre hasta llevar la causa al Tribunal Supremo.
Como principal y negativa consecuencia, Xavi Alonso y sus asesores legales, también acusados, han sufrido durante cerca de diez años un pleito originado y sobre todo prolongado indebidamente. Inaudito. Como efecto complementario, la obsesión acusatoria de la AEAT y de sus pedúnculos ha cargado innecesariamente de trabajo a varias instancias judiciales. Y lo peor del caso es que ninguno de los responsables de haber llegado hasta aquí deberá rendir cuentas ante nadie por su desvarío. Es un ejemplo paradigmático de la flagrante crisis por la que atraviesa el modelo de control aplicado en la Agencia Tributaria, modelo que necesita una urgente y profiláctica reforma. A los que entorpecen tan intensa e injustificadamente la vida de los ciudadanos no les debería salir gratis su empecinamiento en entorpecerla.
«La presidenta de la asociación de los inspectores ha dicho que un funcionario poco preparado es más manipulable»
Por último, es obligado referirse a la grave crisis de confianza que actualmente existe entre la Administración tributaria y sus funcionarios de mayor cualificación, los inspectores de Hacienda. Por referirnos a los hechos más recientes, recordemos la estruendosa oposición a las previsiones de modificación del sistema de acceso a la condición de funcionario contemplada en el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado que fue aprobado por el Gobierno a propuesta de la ministra de Hacienda, competente en el caso, y que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.
Los inspectores denunciaron el desprecio a los principios de mérito y capacidad en los sistemas selectivos que se basarían en unos ridículos test donde se plantea la elección entre respuestas preestablecidas sin que, además, penalice el error en la elegida. Más recientemente, la asociación profesional de la inspección tributaria ha denunciado también los términos de la última convocatoria oficial de pruebas para ingresar en el cuerpo de Inspectores de Hacienda por incluir la habilitación para nombrar inspector interino a quien no haya superado prueba alguna. Por ello, la citada asociación anunció que recurriría ante los Tribunales la reseñada convocatoria.
Aún más, como medida de su discrepancia de fondo con las autoridades del Ministerio de Hacienda, al referirse a las posibles finalidades del proyecto de Ley y de la convocatoria de oposiciones que se mencionan en el párrafo precedente, la presidenta de la asociación de los inspectores ha manifestado que un funcionario poco preparado es más manipulable. Nada más y nada menos. No cabe mayor carga de profundidad contra lo que consideran las intenciones de M. J. Montero en particular, de la que depende la Agencia Tributaria, y del Gobierno de Pedro Sánchez en general.
