Amnistía y decadencia económica

No hubo exposición de motivos. Era tal el consenso para su aprobación en las entonces Cortes constituyentes que no necesitó de ningún preámbulo. La Ley de Amnistía de 1977, previa a la aprobación de la Constitución, fue presentada por el partido de centro derecha entonces, UCD, junto con el PNV, PSOE, PCE y PSC. Y salió adelante con 296 votos a favor, 18 abstenciones, 2 en contra y un voto nulo. La que propone Pedro Sánchez hoy representa exactamente lo contrario. Todo el esfuerzo de sus promotores se concentra en los motivos que debe recoger el preámbulo para intentar vestir una ley que no estaba en su programa electoral y que responde a la necesidad de Sánchez de lograr el apoyo de los siete diputados de Junts para sacar adelante su investidura. Una ley que no goza de ningún consenso social y divide en dos al Parlamento, a la sociedad y a las instituciones y poderes del Estado. Los últimos en visibilizar esa ruptura han sido los jueces y las fuerzas de seguridad. Y todo ello en nombre de la reconciliación y la convivencia.

La fractura social y la escalada en el enfrentamiento político coincide con un momento de mayor fragilidad económica, como reflejan algunos datos, y de persistentes incertidumbres y tensiones geopolíticas. De lograr los apoyos para la investidura, la gestión económica del futuro Gobierno de Sánchez no contará con alguno de los importantes apoyos que le permitieron capear las graves crisis de la anterior legislatura: una política monetaria ultra laxa y la ausencia de reglas fiscales. La necesidad de frenar una inflación que se había disparado a las tasas más altas de los últimos 40 años y el deseo de los países acreedores de recuperar la senda de consolidación fiscal han provocado ese vuelco. 

Se acaban las medidas excepcionales que se acordaron durante la pandemia. Y la ley de amnistía y el afán del PSOE de cancelar políticamente al PP y restringir sus pactos a Sumar, favorable a ampliar el intervencionismo público en la economía en detrimento de la actividad privada, y a las fuerzas independentistas, que sólo defienden sus intereses particulares, alejan definitivamente la posibilidad de alcanzar pacto de Estado alguno que dé estabilidad a la economía. En contra de lo que vienen reiterando instituciones como el Banco de España y la AIReF, y de la voluntad popular expresada en las elecciones del 23J, con el avance de los dos grandes partidos y el retroceso de los extremos y los nacionalismos periféricos.

¿Qué datos apuntan a esa desaceleración? En el segundo semestre del año, el sector exterior tiene una aportación negativa de cinco décimas en el PIB, la inversión en bienes de equipo desciende, la actividad industrial se sitúa en terreno contractivo y aunque la afiliación a la Seguridad Social avanza, lo hace a un ritmo menor que en los meses anteriores. «La última parte del año estará marcada por la desaceleración como consecuencia del impacto de la subida de tipos de interés, del enfriamiento de Europa -las previsiones de crecimiento para la eurozona se han revisado a la baja- y en menor medida por una moderación del consumo público», avisaba Funcas en su último informe.

Los efectos del giro restrictivo de la política monetaria son los más notables. La política ultra laxa permitió una financiación del déficit a tipos casi negativos y que ayudó a aportar liquidez al sistema para fomentar el crédito e impulsar el crecimiento. Desde hace más de un año, el Banco Central Europeo dejó de comprar la deuda emitida por los países miembros del euro y ha subido en diez ocasiones sus tasas oficiales de interés, hasta el 4,5% el pasado mes de septiembre. Como resultado, los tipos del bono a 10 años español, que a mediados de 2019 cayeron por debajo del 0,5% se sitúan ahora en el 4%. La rentabilidad que piden los inversores para financiar nuestro déficit se ha multiplicado por ocho. Como resultado, la factura del pago de intereses de nuestra deuda no para de subir. En julio superó los 31.000 millones de euros, más que el gasto en prestaciones por desempleo. La perspectiva de un BCE restrictivo por más tiempo, en respuesta a la inestabilidad de los precios del petróleo a causa del conflicto en Oriente Medio, intensificará esa frenada en el crédito. El euríbor, principal índice utilizado para calcular las hipotecas, se situó en el 4,16% en octubre. En octubre de 2020 cayó al menos 0,415%, su mínimo histórico. Una subida vertiginosa.

Para compensar los efectos de la política monetaria sobre la economía, la política fiscal, apoyada en la recepción de los créditos Next Generation para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, ha tenido unos efectos dinamizadores menores de lo previsto. Según el Banco de España, su impacto directo sobre el crecimiento se sitúa en el 1,15% de promedio anual en un horizonte de 5 años (2020 a 2025). Bastante por debajo del 2,6% al que aspiraba el Gobierno. Además, en 2024, se deberá adoptar un nuevo marco de gobernanza fiscal que en el caso de España supone la limitación del gasto público nominal al 2,6%. 

El regreso a la disciplina presupuestaria supondrá con probabilidad la asunción de impopulares recortes sociales que tendrá que asumir el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con el apoyo de sus socios parlamentarios. La reforma de las pensiones, una de sus grandes apuestas, cuya sostenibilidad se basa en las cuentas de la lechera del ministro José Luis Escrivá puede ser la primera en saltar por los aires. Las subvenciones a los precios de la energía y el IVA reducido, que han sido medidas excepcionales para hacer frente a la inflación, es probable que salten también. ¿Qué hará entonces ese Gobierno que insiste en llamarse progresista? 

Progresista pero que no tiene problema con ser insolidario territorialmente. Que pacta condonaciones de la deuda con los territorios más ricos, como los 15.000 millones de euros de deuda que ha acordado con ERC perdonar a Cataluña, sólo por mantenerse en el poder. Creando además un problema de riesgo moral: quien peor gestione sus finanzas y más deba al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como es el caso catalán, más se beneficia. ¿De qué sirve ser fiscalmente disciplinado? Pues parece que de los mismo que sirve cumplir y hacer cumplir la ley si luego el Estado aprueba una ley que niega el delito juzgado, rehabilita a los que lo cometieron y convierte en presuntos prevaricadores a los magistrados que impusieron las condenas. 

La fractura política y social que estamos viviendo, ¿nos aboca a otra legislatura perdida para el progreso económico? España lleva detenida desde 2005. Su renta per cápita no ha crecido en ese periodo y sólo ha retrocedido puestos en la convergencia con el resto de Europa y perdido peso en la economía mundial. Todo apunta a que esa decadencia económica se mantendrá.