La Polonia del Sur
«Polonia es un espejo de lo que puede ser la España de Sánchez. Los ataques del Gobierno iliberal del PiS al Estado de derecho no pudieron ser cortados por la UE»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Todo apunta a que nos vamos a convertir en la Polonia del Sur de Europa. El país del Este estuvo gobernado desde 2015 por el partido Ley y Justicia (PiS) y la confrontación con la Unión Europea ha sido continua por las violaciones del Estado de derecho hasta su salida del Gobierno hace una semana. El Ejecutivo de Sánchez sigue la misma senda.
Desde su llegada al poder Ley y Justicia aprobó distintas medidas sobre la composición del Tribunal Constitucional y su funcionamiento, lo que despertó el temor sobre la vulneración de los valores fundamentales de la Unión Europea. El Gobierno del PiS, que no contaba con una mayoría suficiente para remodelar la Constitución, realizó cambios puntuales y aislados que no suponían unas violaciones severas por sí solos; pero que en su conjunto tenían potencial para erosionar el Estado de derecho.
Las reformas del Constitucional y de la estructura del sistema judicial atacaron al principio de separación de poderes. Las destituciones de magistrados ya nombrados, la reducción de la edad de jubilación y procedimientos disciplinarios que permitían someterlos a investigaciones sobre el contenido de sus resoluciones violaban claramente la independencia del poder judicial.
La Comisión Europea recurrió en 2016 por vez primera al Mecanismo del Estado de Derecho para resolver la amenaza que se cernía sobre el Estado de derecho polaco. Primero mediante el dialogo con el Gobierno de Varsovia, pero como no cooperó con Bruselas, la Comisión aprobó dos recomendaciones en las que instaba a eliminar las medidas que amenazaban la integridad del Estado de derecho. Polonia no cumplió y a finales de 2017 la UE tuvo que activar el botón nuclear del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que solo se utiliza cuando se vulneran de manera grave principios democráticos en los Estados miembros. El problema es que su aplicación requiere de la unanimidad de los 27.
«En 2021 la Comisión decidió que el Estado que no respetase la independencia del poder judicial no recibiría fondos europeos»
En octubre de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE condenó al Gobierno polaco a pagar una multa de un millón de euros diarios mientras no paralizase el funcionamiento de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, un órgano que, según la Comisión Europea, minaba la independencia de los jueces y no ofrecía las garantías necesarias para protegerlos del control político.
Las tensiones entre Varsovia y Bruselas alcanzaron su punto álgido cuando el Tribunal Constitucional de Polonia declaró la inconstitucionalidad de varios artículos del Tratado de la Unión Europea en contra del principio de primacía del derecho del derecho comunitario, lo que planteaba una incompatibilidad que podía significar la salida de facto de Polonia del marco comunitario legal.
Seis años habían pasado desde que la Comisión comenzó su investigación sobre Polonia y el resultado era la debilidad del Estado de derecho. De ahí que en enero de 2021 se pusiera en marcha un nuevo mecanismo de condicionalidad que vinculaba la financiación procedente del presupuesto comunitario al respeto del Estado de derecho. Es decir, que el Estado que no respetase la independencia del poder judicial no recibiría fondos europeos. El dinero del Fondo de Recuperación europeo aprobado tras la pandemia no llegaría a Polonia hasta que no hubiese una reforma judicial.
Además de los problemas con el poder judicial, Polonia también vio atacada la libertad de prensa con la ley de medios que aprobó el gobierno conservador o la libertad de reunión y asociación por el acoso policial durante protestas pacíficas.
La guerra en Ucrania lo cambio todo. Polonia acogió gran número de refugiados y la Comisión se volvió laxa y desbloqueó el Next Generation para Varsovia. Craso error pues las reformas no garantizaban ni la independencia de los jueces ni la no interferencia en los medios de comunicación. El Estado de derecho no podía estar por encima de los intereses políticos del momento.
«La Comisión Europea pide que el 50% del CGPJ sea nombrado por los jueces»
En España podemos ver paralelismos de lo que ocurrió en Polonia. En primer lugar, con la falta de renovación durante cinco años del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que impide cubrir las vacantes que se producen en la carrera judicial porque los dos partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo en las cuotas de reparto. Existe una clara politización en la designación de los vocales y la Comisión Europea ya ha advertido del problema que eso supone y pide que el 50% del CGPJ sea nombrado por los jueces.
Desde Bruselas también se advierte del problema que supone para el Estado de derecho que el Fiscal General del Estado sea nombrado para una legislatura y que se designe a personas vinculadas con el Gobierno. Recordemos como Dolores Delgado pasó de ministra de Justicia a Fiscal General del Estado en menos de dos semanas. La independencia de los magistrados del Alto Tribunal español también está bajo sospecha por la designación de personas cercanas al Gobierno de Sánchez.
El acuerdo entre el PSOE y Junts recogía la creación de comisiones de investigación para revisar las actuaciones de los tribunales y apartar a los jueces de la solución del conflicto catalán. Todo esto supone un ataque a los valores del artículo 2 del Tratado de la UE, entre ellos, el respeto al Estado de derecho.
También en España como sucedió en Polonia, hay cada vez un mayor control político de los medios de comunicación como en el caso de RTVE, o con un exsecretario de Comunicación al frente de la Agencia EFE o debido la opacidad en la transferencia de fondos públicos a medios privados, tal y como han denunciado varias entidades de la sociedad civil en un informe enviado a Bruselas en el que se detalla el deterioro del Estado de derecho en nuestro país.
Polonia es un espejo de lo que puede ser la España de Sánchez. Los continuos ataques del Gobierno iliberal del PiS al Estado de derecho no pudieron ser cortados por la Unión Europea pese a la presión ejercida por Bruselas. Al final el único remedio fueron las urnas.
