¿Quo Vadis, F6?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI. | Ilustración: Alejandra Svriz
Entre las personas de buena voluntad a las que les preocupa la ley de amnistía del Gobierno de Sánchez, surgen voces que claman por algún tipo de intervención del Monarca. Ya se ha escrito mucho al respecto, pero como observo que aún existe mucha confusión, me permito aportar mi granito de arena, pues el tema es absolutamente esencial para el futuro de España.
Quiero dejar hoy meridianamente claro que el Rey, en el caso de que se opusiese a esta ley (o a cualquier otra), no puede negarse a firmarla, ni tampoco puede disolver las Cortes y convocar elecciones para buscar una nueva mayoría alternativa sin el apoyo del Gobierno. Y con esa precisa intención se redactó la Constitución. Es más, si hiciese algo, sería al margen de la Constitución, violando sus principios básicos y le situaría a él fuera de la ley. Por tanto podría ser obligado a abdicar (artículo 59.2) en su hija la Princesa de Asturias, que estaría obligada, a su vez, a firmar la citada ley. Es «una pescadilla que se muerde la cola».
Para empezar hay que aclarar que, por ahora, la ley de amnistía, aunque provoque repulsa generalizada, parezca inconstitucional por su contenido, la misma no es «legalmente» inconstitucional. Cuando se tramite la ley y se apruebe por las Cortes, será una ley absolutamente legal y vigente hasta que el Tribunal Constitucional se manifieste en sentido contrario (si ese fuese el caso). Puede que exista un clamor popular de juristas de reconocido prestigio y una mayoría de constitucionalistas que opinen que la ley es anticonstitucional, pero en nuestro ordenamiento jurídico una opinión no hace una ley inconstitucional, solo lo hace una sentencia.
Es esencial entender que el Rey está obligado por la Constitución en su artículo 62 a promulgar todas las leyes que apruebe el Gobierno, absolutamente todas, y sin ningún margen de maniobra. Y esto es así porque España es una monarquía parlamentaria y todos los actos del Jefe del Estado deben ser refrendados por el Ejecutivo. Según el articulo 59 de la Constitución, «el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Es decir que en un país democrático, la soberanía reside en sus ciudadanos, quienes eligen por sufragio a los representantes que formarán parte del Parlamento para que posteriormente formen el Gobierno. Por lo tanto, el Rey solo tiene un papel moderador, y como no ha sido elegido, si tomase decisiones políticas, España dejaría entonces de ser una democracia.
Existen muchas fuerzas a ambos lados del espectro político que quieren arrinconar al Rey y ponerle en una situación imposible. Lo hacen sibilinamente, intentando influenciar y confundir a la gente de buena fe, con la idea de atacar las bases de nuestro Estado de Derecho: la Constitución y la democracia de nuestra monarquía parlamentaria. Es importantísimo no darles baza a esos desestabilizadores, porque precisamente eso es lo que buscan los radicales, minar el respeto y el apoyo popular que tiene el Rey, para así acabar con la más firme línea de defensa de nuestra España constitucional.
«El Rey solo tiene un papel moderador, y como no ha sido elegido, si tomase decisiones políticas, España dejaría entonces de ser una democracia»
¿Qué puede hacer entonces Su Majestad, si esta ley tiene un tufo total de inconstitucionalidad? El Rey, afortunadamente, no puede hacer populismo como los políticos y va a cumplir con su mandato constitucional. Él puede inspirar, influir, convencer, arbitrar, moderar, integrar y preservar y ejercer las relaciones internacionales. Puede encauzar diálogos y contactar con dirigentes nacionales e internacionales, buscar la concordia e intentar buscar una solución a los problemas dentro de la Constitución. El Rey inspira respeto, tiene auctoritas. Ese es justo el valor de la monarquía parlamentaria, que está por encima de la política, y de los intereses particulares, y busca solamente defender los intereses de España, y no los suyos propios. Los dos mayores ataques a la Constitución en nuestra historia tuvieron delante a la figura del Rey como agente clave para desactivarlos. Su liderazgo y su firmeza fueron esenciales en la resolución de ambos «motines» (golpe de Estado del 23-F, y el del independentismo catalán del 1-O).
En ninguna de las dos ocasiones el Monarca se puso de perfil, a diferencia de como hubiera podido actuar un presidente de una hipotética república española, un político partidista, humanamente temeroso de su propio futuro profesional, y a la merced de sus compañeros de partido. Aquí quiero sacar a colación la fábula extraordinaria del Mono que quiso ser escritor satírico, de Augusto Monterosso. El mono tras intentar escribir contra alguno de los habitantes de la selva, no podía hacerlo sin ofender a «tantos de que lo habían recibido, por lo que temió lastimarlos (…). Finalmente, elaboró una lista completa de las debilidades y los defectos humanos y no encontró contra quién dirigir sus baterías, pues todos estaban en los amigos que compartían su mesa». A diferencia del mono de Monterroso (y del presidente de la república), el Rey está por encima de todo, es neutral e imparcial. A estas alturas del partido es la única institución del Estado en la que ni los políticos, ni los partidos han podido meter sus asquerosas garras. Reflexionen al respecto.
Harina de otro costal es que el Rey tuviese que enfrentarse a un presidente del Gobierno autócrata, que violase flagrantemente la Constitución. Desgraciadamente, nuestra Carta Magna no recoge la posibilidad de que un Gobierno elegido democráticamente vaya contra los intereses de todos los españoles. El único mecanismo constitucional para descabalgar al sátrapa en cuestión sería la moción de censura, que en cualquier caso necesitaría del apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (algo inútil si el presidente en cuestión tuviera el control del mismo). Fallando esto, quedarían los recursos de anticonstitucionalidad, que dependerían de las resultantes sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Pero y si los miembros del Tribunal también estuvieran «conchabados» con el presidente y desestimasen estos recursos a sabiendas? Otro resorte, pero que finalmente también dependería de su aprobación por la mayoría de los diputados, sería la acusación por «Traición». Fallando todo esto, se podría exigir «la responsabilidad criminal del Presidente» vía el artículo 102 del Constitución que sería exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De ahí que sea absolutamente clave que se mantenga la independencia máxima de la justicia.
En paralelo, siempre queda el recurso a la Unión Europea cuando una ley atenta contra el derecho comunitario y en la que pudiera haber (por ejemplo) malversación de caudales públicos europeos (como puede ser en el caso de la amnistía). En este caso es muy probable que la UE paralizase la ley. Es verdad, que es casi imposible que España acabe en esta situación extrema en el marco de la Unión Europea, pero, si fuera el caso tenemos que saber que la Constitución no está diseñada para afrontar su propio suicidio.
Afortunadamente, tenemos la inmensa suerte de contar en Felipe VI con un Jefe del Estado absolutamente ejemplar, independiente, increíblemente preparado y experimentado, inteligente, humilde, paciente pero firme, muy bien relacionado y respetado a nivel internacional, y, sobre todo, muy habituado a lidiar con todo tipo de problemas y de personajes siniestros. Su liderazgo es reconocido por todos los observadores internacionales. No tengan ninguna duda de que él sí se dejará la piel, como lo hará su hija (como se la dejó su padre), por España. ¿Cuántos políticos conocen que pudieran hacer lo mismo?
