Las leyes y la justicia están enfermas

Qué es la justicia sin el Derecho y qué es el Derecho sin los jueces. El atasco de la justicia, y la agresividad y desamparo que viene sufriendo desde el poder Político, Ejecutivo y Legislativo, nos permiten contemplar, lamentablemente, su constante degradación.

Los datos publicados el pasado 24 de diciembre en THE OBJECTIVE extraídos, según dice, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), indican que en 2023 se han dictado menos sentencias que en el año anterior, y los tribunales cierran el año con más asuntos pendientes que en el curso 2022. Pueden achacarse esas cifras a las distintas huelgas registradas; pero todas las asociaciones judiciales y fiscales reconocen que el problema es estructural y no viene de hace poco, aunque ahora sea más grave. Demandan más jueces, reformas procesales, incentivar la mediación como solución a la ineficacia del aparato judicial y un plan de acción específico, porque las previsiones del CGPJ dibujan un panorama desolador para la justicia.

Este año se cierra con más millones de asuntos ingresados que los resueltos, teniendo además en cuenta que «muchos procesos llevan años de retraso, por lo que los nuevos litigios se van acumulando a los viejos pendientes». Asimismo, aumenta la litigiosidad y se esperan tantas jubilaciones en el próximo año que no podrán ser repuestas con las plazas ofrecidas en las oposiciones.

A ello cabe añadir que una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), incomprensiblemente declarada constitucional, impide al CGPJ efectuar determinados e importantes nombramientos de la carrera judicial, mientras esté «prorrogado». Además, ahora, no solo no se incentiva a los jueces, sino que se les señala y ofende desde el Gobierno y desde el Legislativo, queriendo revisar sus resoluciones con unas comisiones políticas que sirvan para controlarles.

Así, el sistema es cada vez menos eficiente y más alarmante. Los jueces y fiscales, por muy vocacionales que sean, y lo son, padecen desilusión, alta carga de trabajo y medios precarios. Hace mucho que debía haberse mejorado de manera práctica, clara y real, la eficiencia organizativa, la digital y la procesal, entre otras. Hace mucho tiempo que los gobernantes debieron respetar al Poder Judicial, o sea el Título VI de la Constitución. 

«Los jueces y fiscales, por muy vocacionales que sean, y lo son, padecen desilusión, alta carga de trabajo y medios precarios»

Ante este lamentable panorama, uno, que lleva tantos años dedicado a la justicia, de un lado (Fiscalía), y también del otro (abogacía), aunque al fin se pretenda aspirar a lo mismo, como explicó Piero Calamandrei, en Elogio de los jueces escrito por un abogado, no puede dejar de preguntarse: ¿que induce a los gobiernos a no ocuparse de aquel maldito Poder; o, ¿a ocuparse demasiado …?  Mi corta imaginación solo llega a ver que la justicia, como Poder del Estado, molesta al Ejecutivo y, también en ocasiones, al Legislativo, y no aporta a los políticos, a corto plazo, beneficio propio alguno; e incluso, ya en la deriva, estos dos poderes hasta se proponen suprimir al tercero, o ignorarlo, como es fácil comprobar hoy.

Si bien puede ser costoso a los poderosos conseguirlo, va creando poco a poco en jueces y fiscales la inercia de hacer las cosas regular; bien por agobio, ante los asuntos acumulados, por difícil dedicación a cada uno de ellos, por grandes dificultades para la ejecución de sus resoluciones o, incluso ahora, por ausencia de normas en qué apoyar sus decisiones. 

Y es que, no solo los gobiernos de siempre han carecido de coraje y visión de futuro, o de creencia democrática, para ¡¡dejar en paz!! al Poder Judicial, sino que ahora, el Gobierno actual, a través de su Poder Legislativo, tan irregularmente frecuentado por proposiciones de ley y por reales decretos leyes, quiere hacer desaparecer todos los efectos de los delitos que pueden afectar a sus correligionarios, o a sus miembros, como si nunca se hubieran cometido, con paralización de cualquier procedimiento iniciado, que eso es la amnistía.

Se comenzó con los indultos arbitrarios, se continuó suprimiendo el delito de sedición, que castigaba, entre otras, las acciones contrarias a la aplicación de las leyes y al cumplimiento de las resoluciones judiciales; se dulcificó la malversación de caudales públicos; se quieren ignorar, para determinadas personas, delitos de alta gravedad que afectan a la unidad de la nación española y a otros derechos, a través de una ley de amnistía. Se habla de autorizar referendos inconstitucionales. Y yo me pregunto: por qué no, si se sigue por este camino, suprimir el delito de tráfico de droga, desproteger el derecho a la vida, el derecho de propiedad, ya iniciado con los okupas (hurtos, robos, estafas, etc.), o cualquier otro que interese a unos pocos, incluido el Gobierno.

«Por qué no, si se sigue por este camino, suprimir el delito de tráfico de droga, desproteger el derecho a la vida, el derecho de propiedad, ya iniciado con los okupas (hurtos, robos, estafas, etc.) o cualquier otro que interese a unos pocos, incluido el Gobierno»

Se plantea así una cuestión interesante: en nuestro ordenamiento jurídico y sin respuesta eficaz, ¿puede el Poder Legislativo, a impulsos del Ejecutivo (que lo es solo gracias a la coalición elegida por su presidente), suprimir, (antes se decía derogar) de manera arbitraria, las leyes más esenciales?; o sea, las que mantienen el orden en la sociedad y los derechos de sus miembros, dejándola desarmada frente a los ataques de quienes desean destruirla; ¿no es llevarla al caos o a la autarquía? Y si aquellos poderes inician ese camino, ¿existe en nuestro ordenamiento jurídico algo previsto para impedirlo? 

¿Carece la democracia de instrumentos jurídicos para defenderse? ¿Nadie pensó en ellos? ¿Nadie tiene la solución?  ¿No va contra la razón el permitir como legales, dentro de una democracia, la existencia de determinados grupos, llamados partidos políticos, cuya pretensión, públicamente manifestada, es imponer la autarquía? ¿Pueden defender la libertad ideológica o la libertad de expresión quienes desean suprimirlas? ¿Es así como valoramos la bondad del sistema político democrático que nos hemos dado? 

Convendría recordar a Alexander Solzhenitsyn cuando dijo en su libro Archipiélago Gulag (volumen I, páginas 341 y siguientes) que «una justicia digna es el fruto más tardío de la más madura de las sociedades». Y es que, la independencia judicial y el Estado de derecho son el máximo nivel evolutivo alcanzado por la convivencia de una sociedad libre y civilizada. ¿Lo queremos, o no? Esta, y no otra, es la reflexión principal a la que nos enfrentamos.