El final del Savaterismo y el terrorismo de Estado

Ha sido como un final de época. No sorprende tanto el despido de Savater en La Paisa sino el que haya querido esperar a que lo echen, en vez de coger él mismo el portante, pues El País hace mucho que dejó de existir.  Y los dinosaurios, como Savater, no se extinguen por un meteorito, sino de tristeza al ver que ya no asustan a nadie. Con todo, qué descanso abandonar el diario sanchoísta, y poder decir, dándole la vuelta al célebre eslogan izquierdista: cuán mejor es tener razón con Aron que equivocarse con Sartre, el maoísta.

La carta de nuevas de la Pepa (newsletter la llama), que pretende ser un digno obituario, a las pocas líneas se convierte en un aviso a navegantes y otros azúas. La línea oficial es la que es, y entre los discrepantes sólo se autorizarán a los moderados y  a los estómagos agradecidos; el supuesto pluralismo de fachada del diario no es más que la careta con que disfraza su sectarismo. Savater era urticante porque a vejez ciruelas, y entraba ya, por la edad, en esa fase de desinhibición tan saludable en que uno disfruta más que nunca de sus travesuras. 

Se equivoca empero la empresa Prisa con esta reacción visceral: muchos de los lectores adoraban leerlo y  muchos otros pagaban por leer a Savater para ponerlo a caldo, sobre todo desde que los comisarios políticos del periódico, Gracia a la cabeza, se permitían denostarlo y ridiculizarlo.  

Lo bueno de la purga es que con la salida de Savater la prensa libre gana a un soldado, veterano y memoriudo, con los bemoles ennegrecidos por el humo de mil batallas, que derrotó al terrorismo con un corte de mangas, y que ya no tendrá que dedicarse a criticar cansinamente a su diario, pudiendo por fin poner de nuevo su inteligencia e ingenio al servicio de mejores y más dignas causas.

Terrorismo de Estado

Las enmiendas-peaje preventivas de los independentistas que el Gobierno ha tenido que tragarse esta semana, para seguir corriendo la milla de la legislatura, suponen el último apriete de tuerca, una contorsión jurídica más, tan contraria a derecho como al mero sentido común: con el nuevo texto, habrá los delitos de terrorismo light amnistiables y los de terrorismo clásico (esos de matar y torturar con intención de matar y torturar), los de toda la vida. Hasta aquí llega de momento la deriva antijurídica que coloca, no en palabras benévolas del revoltoso Page, al Gobierno y al PSOE en la periferia de la Constitución, sino exactamente extramuros de la misma. Por mucho que un Tribunal Constitucional (un tribunal, no el Tribunal) politizado dé, con algunas voces discrepantes, su nihil obstat y que las previsibles prejudiciales europeas mueran en la orilla del alto tribunal, agostadas por la propia Comisión Europea, tan deseosa como los magistrados europeos de esquivar todo lo que huela a política interna, el oprobio causado habrá de sobrevivir a la aprobación de la diabólica ley. 

Y es propaganda falsaria lo que pretende Feijóo con sus anuncios preelectorales: las amnistías que se dan en democracia no se quitan, y cabe esperar que si llegase al poder el gallego y heredase, en unos años, una democracia ya por entonces completamente iliberalizada, no le diera por querer revertir lo irreversible, jibarizando todavía más lo que quedase de la maltrecha democracia española.

Se podrá discutir bizantinamente si tal o cual actuación de la plana mayor del independentismo puede encajar mejor o peor en el tipo penal de terrorismo, delitos graves y finalidades, mire y escoja:

Artículo 573.

1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: 1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.2.ª Alterar gravemente la paz pública.3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. 2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior. 3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos tipificados en este Capítulo.

Lo que es un hecho indiscutible es que sedición existió, y con ella la intentona golpista contra el Estado de derecho, la soberanía nacional y la Corona (guardiana de la unidad del país). Faltó a la rebelión, eso sí, media docena de muertos sobre la mesa o, por lo menos, un docena de ojos reventados; y algo tan estúpidamente simbólico como primordial cual el arriado de la bandera nacional en la azotea del Palacio de la Generalidad y el posterior izado de la nueva bandera estrellada nacionalista. No hubo cohone.

Que tales hechos quieran borrarse con una amnistía dictada por los beneficiarios, y cuya única virtud es la necesidad de un jefe de Gobierno para seguir gobernado, no empece para que España forme parte ya, de facto, del grupo de la democracias no plenas, en alegre compaña con algunos socios comunitarios del este de Europa (envilecidos todavía por su pasado comunista); países, que si existiese tal mecanismo, deberían ser expulsados de la UE por su quiebra de los principios fundacionales y de los vigentes tratados europeos.

Sin embargo, por muchos que sean los obstáculos que haya de sortear la ley, llegará el momento del final de la escapada, esto es su cumplimiento más o menos parcial, y el golpe asestado a las instituciones dejará secuelas probablemente crónicas. Lo que unas Cortes Constituyentes tejieron con gran denuedo y compromiso en aras del bien común, una Cortes Destituyentes lo habrán destejido con nocturnidad y alevosía,  pasando por encima de cuantos dictámenes preceptivos, consultativos pudieran interponerse, alumbrando un nuevo régimen, el del 2024, en el cual los ciudadanos dejarán de ser libres e iguales, y algunas Comunidades Autónomas empezarán a ser opresoras y desiguales. 

Pero, en lo inmediato, va a empezar el circo de las comisiones parlamentarias en el Congreso, encargadas de juzgar la labor de los jueces, auténtica guerra sucia ciertamente, pero contra la judicatura y su sacrosanta independencia.

Con  un ejecutivo que actúa de legislativo y un legislativo que funge de judicial, España se desliza ya peligrosamente por la pendiente antidemocrática, sin que quepa esperar una reversión de tendencia por parte de las instituciones europeas. A la postre, la patente de corso del socialismo siempre evita que se equiparen lo desmanes sanchistas con los de los iliberales húngaros, eslovacos  búlgaros o rumanos.

Cuatro años sí es nada, sobre todo en el país de las maravillosas encuestas, y por mucho que en Galicia y luego en las Europeas el electorado dé un respingo en forma de bofetada al PSOE y sus aliados, Sánchez sabe que, partido a partido, siguiendo la filosofía simeona, también se salvan las elecciones, y que dentro de casi cuatro años, si no todos calvos, sí todos más resignados a que, una vez más, y tras el conveniente riego de subvenciones, aumento de las pensiones y sueldos de los funcionarios, de las prestaciones de desempleo y algunos cheques regalo, vuelva a producirse en milagro (pesadillesco) de que el partido que gana las elecciones vuelva a no poder gobernar, porque una mayoría alternativa, un conjura de desleales, haya decidido seguir con su merienda de negros (que Urtasun me perdone), esa cuchipanda en que se ha convertido sin plazo de caducidad la política española.

N. B. El terrorismo fue de Estado, pues Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Marta Rovira, diputada y jefe de filas et alii formaban parte del estado, y si no cumplieron con su propósito de destruirlo, sí lo intentaron, a la manera de aquellos etarras o yihadistas a lo Mr. Bean, a los que les explota la bomba bajo el culo o secuestran a su abuela por error. Amnistiables pero terroristas, al cabo. 

Coda) La Paisa Today

“El 26 de enero de 2024 el periódico El País publicó una investigación en la que tres mujeres acusaban al director de abusos sexuales​. Las tres mujeres, relacionadas con el mundo del cine y mantenidas en el anonimato a petición de las mismas, alegaban haber sido víctimas de relaciones sexuales violentas y no consentidas entre mayo de 2014 y febrero de 2022. Vermut respondió alegando falta de conciencia de haber ejercido violencia sexual, insistiendo en que las relaciones fueron siempre consensuadas”.

Entre mayo de 2014 y febrero de 2022: ¿continuadamente acaso? Menudos ocho años. En fin, en el making of del reforzaje, olvidaron un detalle: decir cómo los periodistas investigadores habían recabado las susodichas acusaciones. El cómo en periodismo lo es todo. 

Y lástima que Vermut haya empezado su presunción de culpabilidad tan pronto.