Nuestro sistema fiscal es punitivo
«No estamos ante un sistema impositivo, sino ante un feroz sistema que nos castiga dura e injustificada e ilegítimamente a lo largo de nuestra vida»
Ilustración de Alejandra Svriz.
No, categóricamente no. El conjunto de los impuestos que se nos detrae coactivamente a los españoles no constituye solo un sistema impositivo. Por el contrario, es también un feroz sistema punitivo que nos castiga dura e injustificada e ilegítimamente a lo largo de nuestra vida, haciéndolo a través de dos características a cada cual más desorbitada. Una, la injustificada dimensión de lo que se nos exige. Dos, la brutal manera en la que nos es exigida. A fin de constatar lo enunciado, conviene comprobar el vía crucis fiscal que soporta un español a lo largo de su vida.
Adoptando como referencia a un individuo cuyo sueldo coincida con el salario medio existente en España —26.900 euros en 2023—, lo primero a observar es que en concepto del IRPF y por aplicación de su tarifa de tipos el Fisco le detrae aproximadamente el 23% de su retribución, un porcentaje menor si reside en una comunidad gobernada por el PP u otro mayor si en su región gobierna el PSOE. No se trata precisamente de un porcentaje escaso porque viene a suponer que uno de cada cuatro euros de los generados por el trabajo del español reseñado se los queda la Hacienda pública.
Pero no acaba aquí la cosa, dado que, por la parte del sueldo que le queda libre, después del diezmo del IRPF y que destine al consumo en general, el Fisco le detraerá un 8,5% —tipo medio efectivo del IVA— y un porcentaje mayor en sus compras de cerveza, vino o en su gasto en combustible para su vehículo. Quiere decirse que, considerando la imposición sobre el consumo, resulta ya que el Fisco se queda con uno de cada tres euros del salario de un español medio. Poca broma.
Supongamos ahora que, con todo, el español de nuestro ejemplo lograr un pequeño ahorro anual que va sucesivamente colocando en un depósito bancario a plazo. De los intereses que le da la entidad financiera el Fisco se apropia del 21%. Imaginemos que, pese a lo expuesto hasta ahora, tras varios años de ahorro nuestro español ha conseguido acumular un pequeño importe de dinero que le permite dar la entrada para la adquisición de la que será su vivienda. Con toda seguridad, ése será el único activo patrimonial que adquiera en su vida tal y como sucede en el 80% de las familias españolas. Sucede que, para adquirirla, nuestro español habrá tenido que endeudarse hasta las cejas firmando un préstamo hipotecario que estará pagando hasta el final de su vida laboral. Pues bien, en el momento de adquirirla el Fisco le exigirá que le pague entre el 6% y el 12% del precio de compra según el Gobierno de su comunidad sea popular o socialista ¡Como si endeudarse hasta las cejas supusiera tener una capacidad de pago merecedora de ser gravada!
Pero una vez que se ha endeudado de por vida para ser titular de la vivienda en la que reside, de nuevo el Fisco —ahora, en su versión municipal— le va a detraer anualmente un nuevo pellizco de su renta disponible en forma de IBI, impuesto que deberá pagar al tiempo que sigue pagando el préstamo bancario con el que financió la compra del inmueble que habita.
«El Fisco no tiene a bien indexar la tarifa del IRPF para actualizarla al crecimiento del IPC»
Quiera Dios que el español que analizamos no deba cambiar de provincia por motivos de orden laboral, porque si así sucediera, y él mantuviera el deseo de vivir en una vivienda propia, tendría que vender la anteriormente adquirida y adquirir otra en su nuevo destino. En ese momento, las garras del Fisco volverían a cebarse con nuestro sufrido español y de qué manera. Primero, por la venta de su antigua vivienda el Estado le haría tributar en el IRPF —en concepto de ganancia patrimonial—. Segundo, su municipio de antigua residencia le gravaría la venta por la llamada plusvalía municipal. Y tercero, la comunidad autónoma en la que fuera a residir le haría pagar otra vez por la compra de su nueva vivienda, de nuevo entre 6% y el 12%.
Entretanto, sucede que el porcentaje de su sueldo que se queda anualmente el Fisco a través del IRPF va aumentando. Y no porque aumente su salario en términos reales sino porque, habiendo una significativa inflación, el Fisco no tiene a bien indexar la tarifa del IRPF para actualizarla al crecimiento del IPC apropiándose así de un mayor porcentaje de los salarios aunque el aumento de éstos sea tan solo nominal.
No obstante, la historia no acaba aquí, no, porque cuando fallezca el español de nuestro relato el Fisco se llevará también una parte de su patrimonio —en la mayor parte de los casos, solo la vivienda adquirida con una deuda cuyo pago ha costado toda una vida—. Y su hijo o hijos se verán obligados a vender esa vivienda familiar para cumplir con la nueva exigencia del Fisco. Aún más, a malvenderla dado el plazo de pago que se le exige y los intereses que se le cobrarán si no lo cumple. Convengamos que el periplo vital de cualquier español como el que hemos utilizado en nuestro ejemplo se encuentra más que negativamente afectado por un Fisco insaciable, que descubre un nuevo motivo para exigir impuestos a cada paso dado por cualquiera de nosotros.
Pero si lo descrito hasta este momento es el guion de una película del cine negro en la que un matón —el Estado— se aprovecha de un ciudadano normal, profundizar en las artes empleadas por aquél para llevar a cabo su abuso nos traslada ya a un escenario escabroso en el que el abusado es sometido a prácticas prohibidas para los prisioneros de guerra. Primero, el Estado abusa de la llamada autoliquidación obligando a que sea el reo el que calcule el castigo que le corresponde. Después, el Estado confecciona una normativa tributaria inconcebiblemente compleja y confusa, que además es constantemente modificada para aumentar la complejidad y la confusión, dificultando hasta el límite las autoliquidaciones que se obligan a hacer al reo.
«Las potestades administrativas, cada vez más amplias, aplastan de modo inclemente a los cada vez más débiles ciudadanos»
Seguidamente, cuando éste incurre en errores —evidentemente inducidos por las normas aprobadas—, el carcelero procede a aumentar el castigo en forma de sanciones tributarias cuyo porcentaje mínimo es el 50%. Y por si fuera poco todo lo anterior, para regular las relaciones entre Administración tributaria y contribuyentes, el propio Estado se encarga de construir una relación jurídico-tributaria completamente abusiva y asimétrica en la que las potestades administrativas, cada vez más amplias, aplastan de modo inclemente a los cada vez más débiles derechos de los ciudadanos.
Vean si no estamos ante un sistema punitivo antes que impositivo. Sin duda. Algunos, los fiscofílicos dirán que a cambio de los impuestos que se nos exigen, el Estado nos proporciona servicios como los de seguridad, defensa exterior, sanidad, educación… Tan solo quiero recordarles que, en otra época histórica ya pasada, los antiguos señores feudales también justificaban el esquilmo que realizaban a sus vasallos en base a los servicios que les suministraban como por ejemplo el refugio ante posibles invasiones de otros señores feudales. Les recuerdo asimismo que, en periodos más recientes, cualquier gangster de Chicago también daba protección a los bares y restaurantes a los que les exigía pagarle por protegerles.
