La legislatura Puigdemont

El resultado de la votación en las Cortes supone que, por fin, se ha hecho realidad en el Congreso de los Diputados la elección de los ciudadanos a través de sus votos el 23-J. La mayoría de 179 a 171 y ninguna abstención es la derrota de Sánchez y la izquierda. Es la visualización de la victoria del centro derecha y de la precariedad de Sánchez. Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos no votaron izquierda progresista. Ésa es la mentira de Sánchez. Los Pedros ladradores se han quedado con la sonrisa convertida en mueca al chocar contra la realidad.

El 23-J las urnas votaron mayoritariamente centro derecha, incluso extrema derecha como Junts. El error es dividir el Congreso por ideologías y no por percepción identitaria. Junts es extrema derecha no española. Como el PNV que sigue sin enterarse de qué es. Cuando en su liderazgo había inteligencia, los nazionalistas eran fluidos no binarios que podían pactar con cualquiera.  Aun siendo como son de derecha. A día de hoy, con Ortuzar, siguen optando por creerse que su espacio político es progresistas de izquierda como ERC o Bildu.

El mapa político del Congreso está constituido por un bloque que reúne a los que apuestan por la ruptura de España y otro por la Constitución y el mantenimiento de la unidad nacional. El bloque de ruptura está liderado por el PSOE y Sumar, que a cambio de mantenerse en el poder tienen que ceder a las demandas de las derechas independentistas como Junts y el PNV, a las que se añaden las izquierdas independentistas como ERC o la filoterrorista Bildu. En el bloque de la unidad de España está el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Coalición Canaria representa a los mercenarios de la política.

Es de justicia democrática ver derrotado y humillado a Pedro Sánchez. Pero no es lo importante de lo sucedido en el Congreso. Lo más importante es entender que el megalómano narcisista de rostro y mandíbula desencajada es un pelele en manos de Puigdemont de quien depende la legislatura. La debilidad del PSOE de Sánchez queda plenamente retratada al constatar que no saben el apoyo que tendrá cualquier ley, aunque sea la determinante de la legislatura, hasta que se produzca la votación. Es lamentable que esta debilidad extrema legislativa e institucional sea fruto de la ambición personal del patético presidente. Merece la pena recordar que Sánchez afirmó en campaña, en su última entrevista, que no iba a dar ninguna amnistía «por convicción personal y porque es ilegal». Así de sólido es el derrotado personaje. Tiene mucha más ambición que convicciones.

Los pseudoperiodistas —utilizando la terminología del PSOE— afines y voceros del régimen quieren hacer creer a la gente que Sánchez  no ha sido derrotado sino que se ha plantado. Falso. Ha sido Junts el que ha decidido no apoyar la Ley Sánchez porque no cumple los objetivos exigidos de que la Ley sea una «amnistía integral». Patético ha resultado Oriol Junqueras en su visita al Congreso para intentar apropiarse de la aprobación de la ley. Con el tono curil que le caracteriza afirmó tras la derrota que «todo español de bien debería apoyar esta ley». Susto nazionalista. Resulta que ERC, Bildu o el PNV que han apoyado la ley deben ser «españoles de bien». Qué cosas.

«La ley de amnistía es un golpe institucional que anula el poder judicial para someterlo a la dictadura del Congreso»

La legislatura está en juego. La amnistía repugnante que se propuso diciendo que era «por el interés general», o sea, porque Pedro Sánchez siguiera de presidente, resulta que tiene como único objetivo blindar a Carles Puigdemont, convirtiéndolo en impune e inimputable. La ley de amnistía es una propuesta ilegal por su carácter ad hominem. Por esa Ley Sánchez y sus negociadores se convierten en los responsables de la destrucción del poder judicial. Un pilar estructural de un Estado democrático.

Pedro Sánchez, derrotado y sometido a Puigdemont, no deja de ser un golpista como Carles. Un golpe de Estado se define como: «La alteración del marco constitucional al margen de los cauces legales establecidos». Eso es la ley de amnistía, un golpe institucional que anula el poder judicial para someterlo a la dictadura del Congreso. Por mucho que Bolaños haya repetido que la ley es «impecable desde el punto de vista constitucional», la afirmación es falsa. La «impecable ley» ha sido rechazada por resultar inútil para su precursor. Todos los participantes en la negociación de la ley como Sánchez, Jordán, Bolaños y Zapatero por su no aprobación han quedado como golpistas en grado de tentativa.

No es ninguna sorpresa ver actuar a Sánchez como un tirano totalitario. En su fascista huida hacia delante ha impulsado la persecución y censura de medios de comunicación que informan de cuanta protesta acontece en la calle Ferraz y son críticos con el régimen sanchista. La persecución lleva a señalamientos individualizados de medios y periodistas. Probablemente eso lo haya aprendido de su amiga y socia Mertxe Aizpurua. Desde el diario etarra Egin practicaban poner a los periodistas en el punto de mira. Sánchez denuncia, ante las asociaciones profesionales de la prensa y la mesa del Congreso, a medios y periodistas requiriendo la retirada de las acreditaciones para silenciar las voces discrepantes. Un atentado absoluto contra la libertad de expresión y el derecho a informar. Con Pedro Sánchez se repiten los métodos más duros del tiempo de la dictadura.

«Armengol es culpable de que se calumnie y difame a los jueces por cumplir con su obligación»

Más que lamentable fue la deplorable conducta del Comando Armengol. Cómplice necesaria del atentado contra la justicia y los jueces García-Castellón y Aguirre. Calumnias y graves insultos —corruptos, franquistas, prevaricadores y represores— que ella respaldó con su silencio culpable. Si alguien califica críticamente a Sánchez quita la palabra y lo retira del diario de sesiones. Toda una manipulación de Armengol, culpable de que se calumnie y difame a los jueces por cumplir con su obligación de perseguir a aquellos que cometieron delitos durante el golpe independentista del nazionalismo catalán.

El PSOE quiere explicar que la derrota ha sido pactada para hacer una ley mejor, que contemple las demandas de Puigdemont evitando y neutralizando las actuaciones de los jueces dentro de la Constitución y las normas europeas. Un imposible para el que sólo disponen de menos de un mes por su trámite como proposición de urgencia. Se puede aprobar o no. Pero lo importante es que el proceso sea impecable para que judicialmente la aplicación de la ley quede suspendida por los recursos judiciales internos y ante la UE. Para Junts, si se aprueba la ley —con sus votos— y Puigdemont no es amnistiado, es lo mismo que si no se hubiera aprobado. Un incumplimiento al pacto de investidura que supondrá el final de la legislatura. Falta menos para ver hasta dónde puede llegar la humillación y el desencaje de la cara de Pedro Sánchez.