La democracia española baja a segunda
«Sánchez nos traerá dos grandes resultados muy negativos durante la presente legislatura: una democracia de segunda y una economía cada vez más pobre»
Ilustración de Alejandra Svriz.
España ha sido todo un ejemplo de convivencia y reconciliación democrática durante décadas, ya que pocos países pueden presumir de haber realizado una transición modélica desde un régimen dictatorial a una democracia plena, «de la ley a la ley», tal y como aconteció en los años 70. Sin embargo, la Transición hace años que ya está muerta y enterrada, desde que el ínclito y funesto Rodríguez Zapatero decidió reabrir las viejas heridas que dejó tras de sí la Guerra Civil.
Y es justo ahora, bajo el mandato socialcomunista de Pedro Sánchez, que este trágico sepelio llega a su fin. La democracia española, la que hemos conocido en estos 45 años de vigencia constitucional, termina aquí. Entramos en otra era y, como todo, tendrá consecuencias. El sistema político español se pone a prueba de nuevo este mismo jueves, puesto que dos instituciones europeas, el Parlamento de la UE y el Consejo de Europa, examinarán la situación real del Estado de derecho en España.
La ley de amnistía, claramente inconstitucional, y el inédito ataque que ha lanzado el Gobierno contra la separación de poderes y la independencia judicial están pasando una enorme factura en forma de grave deterioro institucional. Tal y como afirma el mejor inversor de la historia, Warren Buffett, «se necesitan veinte años para construir una reputación y apenas cinco minutos para arruinarla».
Los 40 años de solidez política que presenta España se están yendo por el desagüe. Sea cual sea el resultado del examen que haga ahora Europa, tan sólo es el principio. Y lo más triste es que no hay vuelta atrás. La democracia española descenderá a segunda división durante la presente legislatura. No será este año ni, posiblemente, el que viene, pero será. No hay duda. España lleva muchos años formando parte del privilegiado y reducido grupo de «democracias plenas» que identifica el índice global que elabora la prestigiosa revista The Economist, al que pertenecen apenas una veintena de países.
España ocupa actualmente la posición 22 del ránking mundial, con una nota global de 8,07 puntos sobre un total de 10, según el último informe de 2022. Ha bajado ligeramente respecto a los 8,29 puntos registrados en 2019, cuando arrancó el actual Gobierno de Sánchez. Pero la clave es que está a tan sólo unas décimas de perder el notable alto y, por tanto, caer de lleno en la segunda división, donde se sitúan las «democracias defectuosas».
«El 70% de las empresas declaran encontrar algún obstáculo a la inversión, muy por encima de la media de la UE»
De hecho, ya se pueden atisbar claras señales de descenso. Según el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, España ocupó en 2023 el puesto 36 del mundo en este particular ranking, junto con Granadinas y Letonia, tras bajar cuatro posiciones desde 2020. Todo ello con una nota global de 60 puntos sobre 100, cinco puntos inferior a la registrada en 2012. Y la razón de este reciente deterioro no es otra que «el debilitamiento del sistema judicial».
Otra alerta relevante a tener en cuenta es el negativo clima político y regulatorio existente, según la última encuesta del Banco Europeo de Inversiones, que hoy preside la exministra de Economía Nadia Calviño. El 70% de las empresas declaran encontrar algún obstáculo o traba a la inversión, ya sea normativa o fiscal, muy por encima de la media de la UE, donde este porcentaje ronda el 60%. Y, en especial, destacan las restricciones observadas en el ámbito laboral, donde España presenta la tercera peor valoración empresarial de toda Europa, tan sólo superada por Portugal y Chipre.
Si alguien piensa que esto no tiene efectos a nivel económico, se equivoca de plano. España, poco a poco, se está convirtiendo en un infierno para empresas y contribuyentes en comparación con otros países europeos, mucho más amables para la apertura y el desarrollo de negocios. La creciente inseguridad jurídica, las constantes subidas de impuestos y los ataques directos que sufren tanto la propiedad privada como la figura del empresario, incluso con nombres y apellidos, ahuyentan la inversión. No es de extrañar, por tanto, que la inversión empresarial sea hoy inferior a la de 2019 ni que la foránea haya caído más de un 20% interanual hasta septiembre del pasado año. Y menos inversión significa, sí o sí, menos crecimiento y creación de empleo en el futuro.
Así pues, el Gobierno de Sánchez nos traerá, al menos, dos grandes resultados muy negativos durante la presente legislatura: una democracia de segunda y una economía cada vez más pobre. Parece, pues, que poco a poco se va cumpliendo el peor escenario avanzado en estas mismas páginas hace siete meses, donde un mal Gobierno encabezado por Sánchez y plegado a todas y cada una de las exigencias de Junts terminaría por convertir al conjunto de España en la caótica Cataluña soberanista de 2017.
