La rebelión del campo: ¿qué está pasando en el mundo rural?
«La competencia de países extracomunitarios, la renta básica ruinosa, la asfixia administrativa y medidas ambientales insostenibles explican las protestas»
Ilustración de Alejandra Svriz.
En las últimas semanas estamos asistiendo a intensas movilizaciones de agricultores y ganaderos por toda Europa. Pero, ¿qué ha hecho saltar la chispa? ¿Qué reivindican los agricultores y ganaderos?
A pesar de las diferencias entre unos y otros países, existe un hilo conductor que las promueve. Sobre los elementos comunes destacaría la competencia desleal de países extracomunitarios, la renta básica ruinosa, la asfixia administrativa y la implementación de medidas agroambientales insostenibles.
Los agricultores se quejan de que los acuerdos internacionales de la Unión Europea les condenan a la ruina. Deben competir con productos procedentes de Marruecos, Sudáfrica o Egipto en desigualdad de condiciones. Los productores europeos tienen cada día más imposiciones laborales, así como restricciones en el uso de sustancias activas, ingentes inspecciones y trabas burocráticas que merman su competitividad frente a productores extracomunitarios, que entran en el mercado nacional sin las mismas limitaciones.
Un ejemplo claro es en el caso del tomate, donde son más de 56 las materias activas prohibidas en España para las formulaciones fitosanitarias que, sin embargo, no están restringidas para las importaciones de terceros países. Tienen fijado un límite máximo de residuos (LMR) pero no la prohibición de utilizar muchas sustancias prohibidas en Europa. Llama la atención el uso de los clorpirifos y metilclorpirifos, que no están permitidas por la Unión Europea pero que son detectadas a menudo en los productos procedentes de países terceros. En 2022 se detectaron 193 casos de importaciones de frutas y hortalizas con presencia de esas materias activas.
«A este ritmo, España pasaría a ser importador neto tomate en 2035»
Los agricultores llevan años pidiendo las llamadas cláusulas espejo, que no es otra cosa que exigir a la Unión Europea aplicar a todo aquello que importa las mismas condiciones que exige a los productores europeos.
Por dar un dato representativo, durante la reunión del Observatorio del Mercado de Tomate de la UE, celebrada hace apenas unos meses, la Comisión Europea reflejaba una caída del 21,5% de la superficie dedicada al cultivo del tomate en España, y del 22% de su producción hasta 2035. Al mismo tiempo, aumenta la producción e importación de tomate de Marruecos. El más perjudicado es España, que a este ritmo pasaría a ser importador neto tomate en 2035. En total, se han incrementado las importaciones en un 52% desde 2013 hasta 2022 (pasando de 365.695 a 557.225 toneladas, casi 200.000 toneladas más).
Al problema de la competencia desleal habría que sumar la queja por la falta de rentabilidad de las explotaciones. A pesar de que en el 2023 la renta agraria mejoró respecto a 2022 (año que se vio muy perjudicado por el alto precio de los costes de producción, fruto del coste de la energía y de las materias primas) todavía sigue siendo muy baja para la mayoría de los productores.
La renta agraria española ha subido en 2023 un 5,5% respecto al año anterior y un 1,1% sobre la media de los últimos cinco años, pero en el conjunto de las dos últimas décadas, ha caído un 15%.
El sector agroalimentario sigue sufriendo la fuerte alza de los costes de producción y el impacto de la sequía. En términos globales, el sector primario crece menos que el conjunto de la economía y tiene cada vez menor peso en el PIB.
Otro de los grandes problemas de los productores es la asfixia administrativa. Las excesivas cargas burocráticas que imponen los legisladores no sólo europeos, sino también nacionales y autonómicos, ha llegado a tal punto que, en muchos casos, los agricultores dedican más tiempo a los trámites burocráticos que al proceso productivo o a la innovación agrícola o ganadera.
Un caso palmario es el de Murcia, en donde, de acuerdo con un estudio reciente elaborado por ATV valor (sociedad de tasación), el valor patrimonial de los agricultores del Campo de Cartagena, debido a la presión normativa aprobada por la Asamblea de Murcia durante la legislatura pasada, ha llevado a que el cultivo al aire libre de hortalizas suponga un impacto directo del 37% sobre el margen neto de negocio. Poco a poco se está desmantelando el regadío murciano, declarado de interés nacional. Esto sería un error garrafal para las generaciones venideras.
La tercera variable que afecta y justifica el enfado del mundo rural tiene que ver con la implementación de medidas agroambientales insostenibles, ya que muchas de ellas son meramente estéticas, y su gestión por parte del sector primario acarrea costes inútiles sin un beneficio claro al medio ambiente.
El sector ha percibido muchas de las medidas disfrazadas de medioambientalistas como una hoja de ruta para dejar fuera a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos.
«El impacto del sector agrario español sería de un 0,07% de las emisiones mundiales, mientras que las de China son el 38%»
El impacto del sector agrario español sería de un 0,07% de las emisiones mundiales, según la cifra obtenida de la media del estudio de CAJAMAR (Observatorio tecnológico y de sostenibilidad ganadera 2022), junto con los gráficos de la JRC de la Comisión Europea de 2022. Por el contrario, China emite el 38% y ha subido dos puntos el pasado año, pero cada vez acapara mayor cuota de producción agrícola y ganadera, y produce a costes mucho más económicos que en Europa.
Incluso si acabáramos con nuestra agricultura todo seguiría la misma evolución, e iría incluso a peor ya que la producción se trasladaría a países terceros más contaminantes y con requisitos menos exigentes en todas las áreas. Y, paradójicamente, terminaríamos importándoles más alimentos, con el riesgo geopolítico que supone la dependencia de la despensa en manos de terceros países.
Por lo tanto, las normas deberían ser proporcionales, eficaces y medibles en el sector agrario, ya que la actual deriva desnaturaliza y hace inviable, en muchos casos, la producción de alimentos en Europa, y por ende el mantenimiento del medio ambiente.
Por todo ello el mundo rural ha reaccionado con movilizaciones, pero también con iniciativas políticas, como el impulso de una Iniciativa Legislativa Popular y una Iniciativa Ciudadana Europea, impulsadas recientemente por la plataforma de nueva creación denominada SOS Rural, con el fin de proteger al sector primario y al mundo rural en su conjunto.
«Agricultores y ganaderos exigen ser más escuchados por los políticos, que no han tenido en cuenta las consecuencias de sus políticas»
Los agricultores y ganaderos exigen ser más escuchados por los políticos, que no han tenido en cuenta las consecuencias que provocan sus políticas. No han analizado previamente los impactos y costes de su adaptación en las explotaciones agrícolas y ganaderas, ni el desmantelamiento progresivo al que se está condenando al sector productivo nacional.
Por fortuna, en Europa ya se ha reaccionado. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado la apertura de ese diálogo a las puertas de las próximas elecciones europeas. Desde el Gobierno de España se debería seguir ese espíritu constructivo, sin entrar en cierta retórica culpabilizadora hacia lo agrario o rural que algunos sectores radicales promueven en el debate público. El ecologismo y la agronomía han de convivir de forma respetuosa y armónica, porque su compatibilidad, desde un análisis consensuado y ecuánime, es posible.
