¿Y dónde están los enchufes?
«La electrificación del transporte está lejos de hacerse realidad y es que no se ve por ninguna parte la infraestructura necesaria para la recarga de estos vehículos»
Ilustración de Erich Gordon.
Aunque la protesta de los agricultores europeos no solo tiene que ver con la transición ecológica, la distribución de sus costes juega su papel en unas movilizaciones a las que vamos prestando una atención intermitente. Sabido es que una parte decisiva de esa transición concierne al sector del transporte: tanto los automóviles privados como los que transportan mercancías están llamados a electrificarse a la mayor brevedad, pues es en el coche eléctrico donde los poderes públicos han depositado sus esperanzas descarbonizadoras; si emergerá una tecnología más eficiente o barata por el camino, está todavía por verse.
No es un asunto menor: el imaginario de la sostenibilidad incluye la promesa de un transporte propulsado por energías limpias cuya implantación masiva requiere de la virtuosa colaboración entre el sector público (que regula e impulsa la renovación tecnológica) y la empresa privada (que innova y comercializa los productos correspondientes). Para los defensores del neointervencionismo estatal, que unos entienden como expresión de soberanía y otros como necesidad existencial, solo un Estado activista puede salvar a las sociedades liberales del colapso ecológico.
Todo sea dicho, eso no impide a nuestros dirigentes mirar de reojo a las urnas: el riesgo de que el mercado europeo se inunde de vehículos eléctricos chinos, con el consiguiente daño para la industria automovilística continental, ha generado los oportunos reflejos proteccionistas. ¡Hazme sostenible, Señor, pero no todavía!
«La edad media del parque automovilístico español está en torno a los 13-14 años, por encima de promedio europeo»
Ocurre que la electrificación del transporte está lejos de hacerse realidad, por razones que en buena medida tienen que ver con el pobre desempeño del poder público. Y es que no se ve por ninguna parte la infraestructura necesaria para la recarga de estos vehículos; los conductores encontrarán pocos incentivos para comprarlos si esa infraestructura no se materializa. No me refiero a los early adopters, ni a quienes tienen plazas privadas de aparcamiento y los recursos económicos necesarios para instalar en ellas un punto de carga doméstico, sino a esas esforzadas mayorías sin cuya colaboración no hay descarbonización posible.
Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, la edad media del parque automovilístico español está en torno a los 13-14 años, por encima de promedio europeo que para los vehículos ligeros ronda los 11-12. Si se quiere que los conductores europeos abracen el coche eléctrico, el precio solo será una de las condiciones necesarias; la otra es un sistema de recarga rápido y accesible.
¿Y acaso no se trata del tipo de iniciativa pública al que hubiera podido destinarse una parte significativa de los fondos europeos Next Generation, vinculados como están al pomposamente denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? El destino de ese dinero es más bien misterioso: la información relativa a su distribución y grado de ejecución destaca por su opacidad y han dimitido ya los dos primeros directores generales encargados de gestionarlos. ¡Esperemos que no haya muchos Koldos de por medio! En todo caso, es evidente que tales fondos no se han empleado para facilitar la recarga de vehículos privados: la España real de 2024 se parece poco a la España soñada de 2050 que dibuja la prospectiva oficial.
No sé si puede hablarse de una nueva oportunidad perdida. Pero da igual: nadie lleva la cuenta.
