Una democracia en quiebra

Confieso que el artículo que había preparado para esta semana nada tenía que ver con la amnistía. Aprovechando la efeméride del 8-M, pretendía evidenciar la esquizofrenia en la que vive sumido el llamado feminismo hegemónico, sus llamativas inconsistencias y su deriva ideológica, tan alejada ya de las demandas de igualdad que propiciaron su aparición.

Pero la auténtica amenaza que se cierne hoy contra la igualdad de los españoles no proviene del patriarcado capitalista sionista, sino que tiene nombre de ley: la de amnistía. Denunciarla es la mejor forma de reivindicar que todos, hombres y mujeres, hemos de ser iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo ni de pertenencia a un partido político de cuyos votos dependa la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa.

Lo cierto es que, tras conocerse el contenido de las enmiendas transaccionales pactadas por el PSOE con Junts, no cabe más que concluir que nos hallamos ante la consumación de la quiebra de nuestro sistema democrático y de la ruptura del marco constitucional del 78. La amnistía primigenia, concebida para procurar impunidad a los malversadores y autores de desórdenes públicos en Cataluña, se amplía ahora a los delitos de terrorismo y traición. Un traje a medida para Puigdemont que obliga a los socialistas a saltarse su penúltima línea roja, travistiendo lo que hace unas semanas era inconstitucional o imposible, en un hito de nuestra democracia.

Pero la amnistía sigue teniendo los pies de barro, pues su aplicación en modo alguno redundará en la reconciliación y la convivencia que invoca la norma para justificarse a sí misma. Si lo dudan, sólo tienen que escuchar a los representantes de Junts afirmar que, conseguida la impunidad, el siguiente paso es el referéndum. A pesar de ello, los mediocres portavoces mediáticos del sanchismo seguirán repitiendo que, con la aprobación de la ley, el independentismo abandona la unilateralidad y abraza el constitucionalismo. Puede que suene algo frívolo, pero lo único de lo que voy a disfrutar cuando los sediciosos lo «tornem a fer» será de las reacciones de toda esta tropa de prostituidos mediocres tras comprobar que, derogada la sedición, carecemos de instrumentos punitivos para combatir el golpe.

Peor que la cara política de la amnistía es, si cabe, su vertiente jurídica, ya que su fundamento es completamente irreal. Ni el borrador del informe de la Comisión de Venecia sostiene lo que la ley dice, ni la Directiva europea 217/541 permite diferenciar entre un terrorismo que constituye una grave vulneración de los derechos humanos y otro que no, ni la Carta de Naciones Unidas o las resoluciones de su asamblea disocian la traición en función de la concurrencia de violencia. Es una ignominia de proporciones siderales. Pura basura leguleya edulcorada con las tan manidas invocaciones a la paz y a los derechos humanos a las que nos tienen acostumbrados.

«Sólo el Poder Judicial y la UE podrían evitar que esta senda hacia el autoritarismo se convierta en un camino sin retorno»

La única explicación posible para que recurran a estas argucias tan cutres es, ciertamente, que vayan a enarbolar nuevamente la necesidad de «homologarnos con Europa» para, tras la amnistía, reformar los delitos de terrorismo y/o traición en nuestro Código Penal, blindando así al prófugo frente al lawfare de la magistratura española. Es exactamente la misma cantinela falaz con la que justificaron la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación para los corruptos «sin ánimo de lucro».

Y no me quiero dejar en el tintero que también hayan ampliado los efectos de la amnistía a noviembre de 2011 (antes arrancaban en enero de 2012). Todo para indicar que se pretende con ello salvar a los soldados Pujol. Es bien sabido que el entramado familiar se afanó por aquellas fechas en hacer surgir el procés para tapar la trama del 3%, aunque no descarto que esta fecha oculte algo más. Son tan torticeros como infames.

En cualquier caso, de lo que no cabe duda alguna es que a España le queda ya grande la palabra democracia. No puede hablarse de Estado de Derecho en un país donde investigados por corrupción convierten el Código Penal en el menú de un bufet libre del que los criminales escogen aquellos delitos por los que no quieren responder ante la justicia a cambio de su apoyo al Gobierno. Unos lo llaman democracia híbrida -régimen democrático por fuera, régimen totalitario por dentro-, pero yo prefiero el calificativo de «dictablanda».

Es cierto que hay muchos corresponsables de que hayamos llegado hasta aquí, pero el autor material de la quiebra democrática que trae aparejada la amnistía es sólo uno: el Partido Socialista Obrero Español. Sólo el Poder Judicial y la Unión Europea podrían evitar que esta senda hacia el autoritarismo que estamos transitando se convierta en un camino sin retorno.