SEPI sanchista, INI franquista, IRI fascista
«Sánchez participa del mismo gusto que Mussolini y Franco por la intervención del Estado en el mundo empresarial y por la sobrerregulación de los mercados»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La CNMV ha recibido la comunicación de la SEPI por la que ésta le informa que ha adquirido el 3% del capital social de Telefónica, iniciando así el cumplimiento de la instrucción dada por el Gobierno en el pasado diciembre que llevará a la entidad pública a disponer del 10% de la reseñada empresa privada. Se trata de un paso más en la reorientación de la SEPI en la línea del INI franquista o del IRI fascista que se inventó Mussolini que malhadadamente resucita el viejo y fracasado fantasma del Estado empresario.
Caminando en la dirección reseñada y tras décadas de creación de empresas, adquisición de múltiples sociedades privadas y compra de paquetes accionariales de otras, el INI -luego rebautizado como SEPI- se convirtió en un holding empresarial de enormes dimensiones. Con la creación del INH -Instituto Nacional de Hidrocarburos- y con la expropiación de Rumasa se llegó a una paradójica situación en la que el Estado llegó a ser el primer empresario español, resultado catastrófico para cualquier economía nacional y que tuvo consecuencias nefastas en el caso español.
Que el Estado compitiese con las empresas privadas en prácticamente todos los sectores económicos distorsionaba el funcionamiento del mercado. Que se disparase hasta casi el infinito el número de directivos empresariales extraídos del mundo de la política redundó en la ineficiencia de las empresas que dirigían. Que los sindicatos de las empresas públicas aprovecharan ladinamente la debilidad que en sus gestores provocaban los avatares del ciclo electoral hizo crecer el poder sindical en las sociedades mercantiles del Estado hasta límites inaguantables.
El lastre que la conjunción de lo expuesto provocaba en nuestra economía se materializaba con especial intensidad en la evolución del empleo. Basta recordar que durante toda la etapa de Gobierno de Felipe González se llegó a acuñar como teoría la existencia de un límite técnico en la economía española en lo referente al número de puestos de trabajo, cifrándose en 12 millones el número máximo de empleos que podría haber en España.
Así las cosas, en el inicio de la década de los 90 se inició en Europa el proceso de privatización de empresas públicas al convencerse todos nuestros vecinos de la conveniencia de reducir la dimensión empresarial del Estado. En España, el Gobierno socialista de entonces no participó de la tendencia europea y salvo la reprivatización de las empresas expropiadas a Rumasa, tarea que se realizó de aquella manera como certificó después el Tribunal de Cuentas, se mantuvo el tamaño del holding empresarial público. Tan solo se produjo la venta de paquetes accionariales de grandes empresas estatales con el objetivo de hacer caja y reducir deuda pública pero, eso sí, manteniéndose el carácter público de las empresas afectadas. Es decir, permanecimos al margen de la tendencia europea entonces generalizada.
«Adicionalmente al proceso de privatizaciones, la SEPI de Aznar se convirtió en facilitadora de la iniciativa empresarial privada»
Hubo que esperar al triunfo electoral de Aznar en 1996 para iniciar un proceso de privatizaciones similar al seguido en los países de nuestro entorno que, por el retraso en su comienzo y por el especial volumen que había alcanzado la empresa pública en España, se desarrolló con una intensidad diferencial ciertamente relevante. Se privatizaron empresas cotizadas en Bolsa y empresas no cotizadas utilizándose procedimientos distintos en uno y otro caso atendiendo siempre a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia. Así quedó reflejado en todos los mecanismos de control que se aplicaron individualmente en cada privatización concreta: Informe previo del Consejo Consultivo de Privatizaciones; Informe posterior de la Intervención General de la Administración del Estado; Informe también a posteriori del Tribunal de Cuentas; examen específico de la Subcomisión de Privatizaciones del Congreso de los Diputados…
Además, adicionalmente al proceso de privatizaciones y en una decidida apuesta por la reindustrialización de la economía española, la SEPI de Aznar se convirtió en facilitadora de la iniciativa empresarial privada. Para hacerlo se centró en la reconversión de los terrenos abandonados por las empresas siderúrgicas procediendo a su descontaminación y a su urbanización empresarial, creando parques empresariales modernos como el de Astillero en Cantabria, el de Sagunto en Valencia o el de Avilés en Asturias.
Se ofrecía así suelo empresarial el sector privado junto a un conjunto de servicios complementarios que favorecieran el emprendimiento. Junto a lo anterior se constituyó la sociedad SEPIDES, una pequeña empresa pública que bien dotada financieramente actuaría con el modus operandi propio del capital riesgo -participando transitoriamente en el capital pequeñas empresas privadas y concediendo préstamos participativos- pero situando su objetivo en la maximización del empleo generado por parte de sus participadas y financiadas.
El resultado fue espectacular y así se reconoció en nuestro entorno internacional. Pude constatarlo personalmente cuando, invitado por Romano Prodi, asistí al evento internacional celebrado en Italia para celebrar la clausura del IRI que él había presidido. Y así se comprobó internamente al verificarse que en el periodo 1996-2004 se desbordó ampliamente nuestro pretendido límite técnico en materia de empleo al alcanzar la cifra de 17 millones de puestos de trabajo, casi un 50% más de lo que llegó a considerarse el techo de la economía española. Sin olvidar que las empresas privatizadas jugaron un papel relevante para la internacionalización de la empresa española, proceso al que ayudaron las inteligentes medidas fiscales adoptadas para ello.
«La apelación al carácter estratégico de las inversiones realizadas en Indra o en Telefónica suena como poco a guasa»
Se pasó después a un frenazo en el proceso de privatizaciones pues ni el Gobierno de Zapatero ni el de Rajoy tuvieron el coraje y la determinación para seguir avanzando por la exitosa senda que inició el de Aznar, entrando la SEPI en una larga etapa de letargo o hibernación que se extendió desde 2004 hasta 2018, periodo en el que se desaprovechó la potencialidad existente a través de la combinación de los instrumentos de privatización y reindustrialización. En estas llegó el Gobierno de Sánchez, y con él una nueva vieja concepción del papel que debe jugar el Estado en la economía empresarial.
Primero fue la reiterada obsesión podemita de crear una gran empresa pública en prácticamente cada sector económico, propuesta que afortunadamente no se ha materializado al menos en su formalización literal. Pero después ha llegado la praxis sanchista de convertir al Estado en un inversor bursátil que va adquiriendo paquetes accionariales de grandes empresas. Ayer fue Indra, hoy es Telefónica, mañana serán…. Curiosamente, estas injustificadas inversiones se pretenden justificar por el llamado carácter estratégico de las empresas en las que se invierte. Algunos intuimos que, en realidad, son otros los motivos que muy posiblemente se encuentren en cuestiones como la conveniencia de favorecer la rentabilidad empresarial del actual principal propietario del grupo Prisa o en aumentar el intervencionismo gubernamental en la economía española.
Por otra parte, la apelación al carácter estratégico de las inversiones realizadas en Indra o en Telefónica suena como poco a guasa. Basta recordar que este mismo argumento fue el utilizado por el Gobierno para explicar el inconcebible regalo de 50 millones de euros que Sánchez tuvo a bien entregar a los propietarios venezolanos de Plus Ultra, compañía aeronáutica sin aviones, sin vuelos y absolutamente quebrada. Regalo por el que puede que algún día Sánchez y varios de los suyos tengan que rendir cuentas ante la Justicia.
Suceda o no, lo que resulta indiscutible es que Sánchez participa del mismo gusto que Mussolini y Franco demostraron tener por el aumento de las empresas públicas, pero también por el intervencionismo estatal en el mundo empresarial y por la sobrerregulación de los mercados y los sectores. De ese modo y a semejanza de lo realizado por los dictadores italiano y español que he reseñado, Sánchez está lastrando la libertad económica y consecuentemente la libertad.
