Qué nos aleja (y nos acerca) de un nuevo «mayo de 2010»
«El nivel de desequilibrios era de tal calibre que, o se cortaba de raíz o amenazaba con llevarse por delante al país sumiéndolo en una recesión más profunda»
Tal día como ayer hace 14 años, el presidente Rodríguez Zapatero acudió al Congreso de los Diputados a presentar el primer plan de ajuste fiscal del siglo XXI, el cual supuso un giro copernicano a su política económica. Por primera vez se recortaba en términos nominales el sueldo de los empleados públicos y se congelaban las pensiones, entre otras medidas. Meses después se completaron con subidas de impuestos como el IRPF, el IVA o la recuperación del impuesto del Patrimonio que estaba suspendido desde 2005. Fue la reacción inmediata a la crisis de deuda que había empezado semanas antes en Grecia y que arrastró a tres países más (incluido España) en los tres años siguientes.
El nivel de desequilibrios era de tal calibre que, o se cortaba de raíz o amenazaba con llevarse por delante al país sumiéndolo en una recesión más profunda. El déficit público español alcanzó su máximo histórico en el 11,06% del PIB. En los años sucesivos apenas corrigió un punto y medio de PIB y a partir de 2012 hubo que aplicar mayores ajustes para empezar a reducirlo de manera sostenida, pero haciéndolo de la peor manera posible: subiendo de manera generalizada los impuestos.
Hay que remontarse muy atrás para encontrar una política fiscal medianamente responsable. La decisión del gobierno del PSOE en 2010 fue necesaria, aun a sabiendas del coste político que iba a tener un año y medio después. Esto, unido a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en el verano de 2011, mantuvo a flote el país en una época en la que todavía el Banco Central Europeo (BCE) no había decidido usar hasta la extenuación la política monetaria para evitar la quiebra de algunos de sus Estados miembros.
Hoy, 2024, la situación es muy diferente. En estos últimos años, tres vientos de cola han dado un respaldo sin precedentes a los dos gobiernos de coalición instalados en España desde enero de 2020. El primero es la intervención activa del BCE en el mercado de deuda, comprando masivamente títulos españoles desde 2014 acumulando hasta mitad del año pasado 408.000 millones de euros, el 31,3% de toda la deuda viva (llegó a alcanzar el 34% en 2022). El segundo es el máximo histórico de recaudación de impuestos gracias a las subidas fiscales de los últimos años (IRPF, Cotizaciones, impuestos especiales e impuestos sobre la riqueza, entre otros) y el efecto de la inflación gracias a no corregir las bases, tipos y deducciones. Y el tercero es la recepción de transferencias de los nuevos fondos anticrisis #NextGenEU y #RePowerEU que ha engrosado las cuentas públicas incluso generando «superávits» que, contablemente, se registran mientras que el gasto no se produce (no tienen un efecto neutro).
«La decisión del gobierno del PSOE en 2010 fue necesaria, aun a sabiendas del coste político que iba a tener un año y medio después»
Estos vientos de cola son los que se van frenando de manera progresiva en los últimos meses. La política monetaria restrictiva del BCE llevará a reducir su tenencia de deuda española en este año en torno a 38.000 millones de euros. También durante este año España tendrá que colocar deuda bruta por un importe de 260.000 millones de euros, lo cual supone un reto muy relevante, pero que puede sortearlo con no demasiadas dificultades. Si los tipos de interés oficiales empiezan a bajar a partir del verano, los inversores incrementarán su apetito por la renta fija, con lo cual, en esa tendencia es donde está subido el Tesoro Público.
La cuestión del déficit es algo más compleja. Si bien en términos corrientes seguiremos viendo bajadas en 2024 (más aún teniendo el presupuesto prorrogado), el problema está en los indicadores de fondo como son el déficit primario y el déficit estructural. La previsión de otoño de la Comisión Europea no pronostica un superávit primario (descontando los intereses de la deuda al déficit fiscal) incluso empeora su estimación en 2025 hasta el -0,8%. Lo mismo sucede con el déficit estructural que coloca en el -3,5% para 2024 y -3,7% en 2025 siendo el tercer país con mayor déficit ajustado al ciclo de las grandes economías del euro por detrás de Francia e Italia.
En una época en la que afirmamos el «éxito» de crecer en torno al 2% sobre la base de consumo masivo (exportaciones turísticas y consumo público), veremos la capacidad de ajustar las cuentas ante la entrada en vigor de las reglas fiscales europeas, pero a sabiendas de que, a diferencia de 2010, ahora se cuenta con un apoyo que entonces no existió. Esto es lo que nos aleja, pero al mismo tiempo nos acerca, a lo que sucedió en mayo de 2010.