La CEOE alerta de que el gasto corriente del Gobierno ya excede un 50% el límite previsto

«Podemos vivir sin Presupuestos en 2024, pero no será gratis». Así se pronuncia Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, y uno de los expertos que han colaborado en el último informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, el servicio de estudios de la CEOE, donde se abordan las consecuencias de la prórroga para 2024 de los Presupuestos Generales del Estado.

Precisamente, sobre los efectos económicos y políticos trata el apartado del catedrático Lago Peñas. Asimismo, aborda las consecuencias que sobre el gasto corriente puede tener el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez renunciara y no haya querido agotar todas las posibilidades para alcanzar el acuerdo de las cámaras para aprobar unas nuevas cuentas públicas, en un año que entra ya en su quinto mes.

En opinión de Lago Peñas, en contra de lo que dice la literatura económica, «la prórroga no conseguirá frenar el aumento de gasto» público ni tampoco el límite de gasto corriente, que hoy está determinado desde las instituciones europeas en el 2,6%. En España -explican fuentes del IEE a THE OBJECTIVE-, ya está en estos momentos en el 4%, es decir, un 50% más de lo prefijado, con el agravante añadido de que el Gobierno no tiene aún un plan de consolidación fiscal, como piden el Banco de España y la Airef, junto al Instituto que preside Iñigo Fernández de Mesa y dirige Gregorio Izquierdo.

Este es un aumento, fundamentalmente, de gasto corriente, que vendrá determinado por las nuevas medidas que han sido aprobadas en lo relativo al gasto adicional en pensiones y el incremento de la remuneración del asalariados del sector público. De cualquier modo, señala el informe, «es positivo que en el primer trimestre de 2024 se haya reducido el consumo público en un 1% en términos reales, tal y como anticipó el avance de la contabilidad trimestral».

1.940 millones de euros

Santiago Lago Peñas parte en su análisis de una triple ca­suística. En primer lugar, tiene en cuenta los gastos que se actualizan y aumentan de forma automática sin necesidad de ley de presupuestos o nuevas disposiciones. En segundo lugar, los que cuentan ya con cobertura legal y, por tanto, con garantía de recursos. Y, finalmente, los compromisos que el Gobierno tratará de sacar adelante vía decretos leyes o por medio de leyes.

Y es en el apartado de los gastos, que aumentarán de forma automática -señala Lago Peñas-, donde se recogen las pensiones, cuya revalorización, según el índice general de precios al consumo (IPC), está fijada por ley y fue confirmada en diciembre vía decreto.

En el segundo bloque aparecen los gastos afectados por la convalidación en el Congreso, en enero de 2024, del decreto del Gobierno para el mantenimiento parcial del paquete fiscal anticrisis.

Ahí están los límites al crecimiento de la tarifa de último recurso del gas, que supondrán 500 millo­nes de euros, a los que hay que sumar 1.440 millones adicionales para compensar la gratuidad de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, además del 30% de descuento para el transporte público de titularidad autonómica y local. En total, 1.940 millones de euros, estima J. García-Arenas, en el informe publicado por caixabankresearch.com y titulado Impacto en las cuentas públicas de la extensión parcial de las medidas anti-inflación en 2024.

A través de decretos-leyes y leyes

En lo que concierne al tercer bloque, el Gobierno ya ha anunciado que el incremento salarial para los empleados públicos, pactado para 2024, también se convalidará mediante una enmienda al Real Decreto-ley de medidas urgentes para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania. A ello se le añadirán otras actuaciones que puedan recabar los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas o meses.

En resumen -subraya Lagos Peñas-, «la limitación sobre el gasto público que podría suponer la inexistencia de los PGE-2024 puede acabar siendo modesta». Y es ahí donde recuerda que el techo de gasto estableci­do en diciembre por el Consejo de Ministros para 2024 se fijó, sin fondos europeos, en 189.215 millones de euros, 16.150 millones de euros más que en 2023.

Y, aunque, de entrada -continúa-, la prórroga nos devolvería al techo de 173.065 millones, «la realidad es que los sucesivos compromisos de aumento de gasto, como las subidas de salarios de los empleados públicos, y la lista de compromisos que se incluyan en decretos leyes y leyes, y que superen los trámites parlamenta­rios en los próximos meses, como los 1.940 millones por la extensión de medidas anticrisis antes apuntados, irán reduciendo la brecha».

El efecto sobre el déficit

El informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el que también ha participado Miguel Ángel Martínez Lago, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, descarta que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2024 suponga una escalada del déficit público este año, gracias al efecto positivo del ciclo económico y de la inflación sobre los ingresos públicos. Sin embargo -admite el servicio de estudios de CEOE- «tampoco contribuirá a su corrección estructural, dadas la ausencia de medidas correctoras y reformas estructurales al respecto».

No obstante, manteniendo la previsión de crecimiento del PIB nominal del Gobierno, que es del 5,6% para el año 2024 -explica el informe el IEE-, daría lugar a una estimación de aumento de los ingresos del 6,2% frente a los del año 2023. Esto supondría un incremento en los ingresos de las Administraciones Públicas del orden de 38.000 millones de euros en 2024.

Con estos cálculos, el incremento de los gastos estimados, al margen de que puedan decrecer algunas partidas o que puedan aprobarse gastos adicionales, se situaría en unos 35.400 millones de euros en 2024. Una cifra que, unida al déficit final del año 2023, en concreto 53.159 millones de euros, impli­caría que el déficit previsto para el año 2024 se situaría alrededor de los 50.500 millones de euros. Una cuantía que en porcentajes equivaldrá al 3,3% del PIB del año 2024, considerando, en este caso, las cifras de PIB nominal previstas por el Gobierno. Es decir, que de confirmarse esta situación, eso implicaría una reducción del déficit en el año 2024, frente al 3,6% del año 2023. Pero, sin embargo, dicho déficit se situaría unas décimas por encima de la previsión del Gobierno del 3%.