Europa quiere bajar las pensiones

Bruselas tumba, desmonta, critica (y otros epítetos parecidos) la reforma de Escrivá. Así titularon casi todos los medios la noticia acerca del informe Ageing Report que la Comisión elabora cada tres años acerca de la situación de las pensiones en toda la Unión y que ahora se ha presentado para 2024. La verdad es que no estoy muy de acuerdo con los distintos titulares, porque Escrivá no hizo una reforma, sino una chapuza que nada soluciona, aunque quizás no hubiera nada que solucionar, al menos con ese carácter específico y aislado como se quiere plantear el problema. Habría, eso sí, que cambiar de perspectiva. Cosa que el ministro no hizo.

Uno no puede por menos que sospechar que si al tema de las pensiones se le ha dado siempre tanta importancia, y si en esta ocasión se le hizo un hueco entre las elecciones vascas y catalanas situándolo en primera página, es por el interés que tienen las entidades financieras en la viabilidad del sistema público -más bien en la inviabilidad- o al menos que lo parezca, lo que potenciaría los fondos privados.

Europa, tan frecuentada por los lobbies, ha asumido el protagonismo y la relevancia del tema, y a la hora de poner deberes a los Estados sitúa en primer lugar la reforma de las pensiones. Así ocurrió en España con la crisis financiera, forzando a Zapatero y a Rajoy a realizar los recortes más importantes. Igual parece que está sucediendo en la actual crisis. Han vuelto a situar esta cuestión en un puesto preeminente entre las condiciones necesarias para recibir los fondos de recuperación. Claro que en este caso no se sabe bien si la selección la ha hecho la Comisión o el propio Gobierno.

El problema de las pensiones lleva mucho tiempo mal planteado. Se cuestiona su viabilidad en función de la recaudación de las cotizaciones sociales o del número de trabajadores. Así lo trata también el último informe del Banco de España, que ha armado tanto revuelo. Todo parte de un supuesto equivocado en el Pacto de Toledo, la separación de fuentes de financiación, de manera que se concibe a la seguridad social como un sistema cerrado en el que las pensiones deben financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales.

No obstante, cuando se redactó el Pacto de Toledo en 1995, a instancias de IU se introdujo la palabra «principalmente», excluyendo así la exclusividad de las cotizaciones sociales en la financiación de las pensiones. A su vez, en la Ley de Seguridad Social aparece entre los recursos de financiación la aportación del Estado. Lo cierto es que, sin embargo, en la práctica todo esto se olvida y se actúa como si no existiese.

«El problema de las pensiones no se puede plantear de manera aislada, sino formando parte de la viabilidad del sector público»

Incluso en los años en los que la seguridad social ha tenido déficit, el Estado ha transferido los recursos en vez de como aportaciones como préstamos. Se da con ello una imagen distorsionada de la realidad, hasta el punto de dar lugar a que el Tribunal de Cuentas afirme que la seguridad social está en quiebra. En los medios de comunicación se ha llegado al extremo de sumar al monto del endeudamiento público la deuda que la seguridad social tiene frente al Estado, con lo que esta se contabilizaría dos veces.

El problema de las pensiones no se puede plantear de manera aislada, sino conjuntamente, formando parte del de la suficiencia y viabilidad de todo el sector público. Habrá que considerar las prestaciones económicas de seguridad social como un gasto más, y las cotizaciones sociales como un impuesto más. Desde esta perspectiva, la cuestión que se debe plantear es la relación y adecuación entre todos los ingresos y todos los gastos del presupuesto global, y decidir qué capítulos de unos y de otros habrá que aumentar o reducir para que las cuentas cuadren, y en todo caso, si hubiese que recortar gastos, habrá que preguntarse si serían la pensiones la primera partida a minorar.

Como se ve, esta óptica es totalmente distinta de todos esos estudios apocalípticos que desde los años ochenta vienen publicándose. Que han sido siempre parciales y casi nunca han acertado.

El informe que ahora presenta la Comisión pretende extrapolar a 2050 y a 2070 el gasto en pensiones de acuerdo con la pseudoreforma de Escrivá y siempre que no se tomen otras medidas adicionales. Los resultados obtenidos son totalmente distintos de los contenidos en los papeles que envió a Bruselas el Ministerio de Seguridad Social y estaban más en consonancia con los que envió el Ministerio de Economía. Aunque nos parezca raro, es así. Calviño, no conforme con los datos presentados por su compañero de Gabinete, decidió enviar sus propios datos a la Comisión. Cosas del Gobierno Frankenstein. Cada ministro hace la guerra por su cuenta. A su vez, la AIReF realizó sus propias estimaciones.

«La cuantía de las pensiones dentro de 50 años depende de la evolución de una serie de variables difíciles de pronosticar»

No nos pueden extrañar las discrepancias entre todos estos informes, ya que es una osadía pretender pronosticar cualquier fenómeno o magnitud a tantos años vista. A largo plazo, todos muertos, que decía Keynes. Se puede hablar de adivinación o quiromancia, pero no de ciencia. La cuantía que van a alcanzar las pensiones dentro de 50 años depende de la evolución que siga una serie de variables difíciles de pronosticar una por una, pero que resulta imposible de acertar el conjunto.

Según los supuestos que se hagan sobre la marcha de la economía, sobre el crecimiento real del PIB, sobre la evolución de los precios y de los salarios, sobre la presión fiscal, sobre el incremento de la esperanza de vida, sobre la llegada de emigrantes, sobre el empleo, sobre la productividad, etc., los resultados obtenidos serán diferentes. No nos puede sorprender por tanto que los pronósticos de cada estudio sean distintos de los del resto dependiendo del centro emisor.

Pero es que, además, se realizan inferencias totalmente incorrectas. Así ocurre con la importancia que todos dan al impacto que tendrá en la desviación del gasto la regularización anual por el índice de precios de las pensiones. El trabajo de Bruselas lo cifra en 3,4 puntos del PIB. En realidad, si se piensa bien, y sin dejarse llevar por los tópicos, se llega a la conclusión de que eso es imposible.

El ajuste por la inflación de las prestaciones no modificará ni un ápice la parte del PIB que se dedica al gasto en pensiones. La variación de los precios no solo se encuentra en el numerador, sino también en el denominador, es decir, en el PIB. Resulta difícil saber en qué se han basado para llegar a conclusión contraria. Me resisto a creer que mientras actualizan las pensiones por el IPC, usen el PIB en euros constantes.

«Se habla de subir las pensiones cuando la actualización significa simplemente mantener constante su cuantía»

A idéntica conclusión se puede llegar enfocando el tema desde otro punto de vista, del lado de los ingresos del Estado. Estos tienen una elasticidad respecto a los precios superior a la unidad, en otras palabras, que la recaudación se incrementa automáticamente por la inflación, incluso en mayor medida que lo hace el gasto en pensiones al regularizarlo con el IPC. La indexación es neutral para el presupuesto y no representa ninguna carga adicional para el Estado.

Cosa distinta es si lo que se pretende es emplear en otros menesteres el dinero que se ahorra al no regularizar las pensiones. En lenguaje habitual se habla de subir las pensiones cuando en el fondo la actualización significa simplemente mantener constante su cuantía. El no hacerlo se puede considerar un impuesto a los jubilados y no parece que sea el más justo.

Desde luego, puede haber otros factores que sí aumenten o reduzcan la proporción del PIB que es absorbida por el gasto en pensiones. Bruselas señala la tasa de reemplazo o de sustitución, es decir, la relación que existe entre el último salario cobrado y la primera pensión. La tesis de la Comisión es que este índice en España es muy generoso y el causante de que las prestaciones nuevas sean más altas que aquellas que finalizan y, por lo tanto, del aumento progresivo del gasto. Pero indica también otra cosa: en contra de los que muchos afirman, que los salarios, por término medio, crecen más que las pensiones.

Bruselas mantiene también que en España esta tasa se encuentra por encima de la de la mayoría de los países europeos. Estas comparaciones internacionales siempre son peligrosas, o al menos relativas. Se corre el riesgo de comparar realidades heterogéneas.

«En España por distintos motivos se produce frecuentemente la jubilación anticipada»

En primer lugar, el dato se obtiene considerando el tiempo completo de cotización, pero en España por distintos motivos se produce frecuentemente la jubilación anticipada, con el consiguiente descuento en la prestación. En segundo lugar, las cotizaciones, en el momento actual, están plafonadas a partir de un cierto nivel de ingresos, de manera que las pensiones también, e incluso independientemente de la limitación anterior, existe una pensión máxima que no se puede sobrepasar.

La comparación con otros países se hace también difícil dada la posible falta de homogeneidad en la definición que cada uno de ellos hace de salario. A menudo existen multitud de complementos que más tarde no se contemplan a la hora de determinar la cuantía de la pensión. Incluso la consideración, en mayor o menor medida, de las cotizaciones sociales como parte del salario arroja resultados muy distintos.

Hace unos días el presidente de la patronal puso sobre la mesa a modo de reto una idea imposible de llevar a la práctica, pero con la que quería indicar que las cotizaciones sociales, tanto las que son a cargo del trabajador como las que paga el empresario, son parte de la remuneración del trabajador. Si se adoptase esta extensión del concepto de salario, la tasa de reemplazo sería desde luego muy diferente.

Hay otra variable que sí puede incrementar en el futuro el gasto de la seguridad social y es el aumento en la esperanza de vida y, por lo tanto, en el número de beneficiarios. Pero este fenómeno no va a afectar exclusivamente a las pensiones, va a incidir también sobre la sanidad, la dependencia y alguna otra partida más del Estado del bienestar. No se entiende muy bien que se cuestione la viabilidad del servicio público de pensiones y no la de las otras partidas.

«Hay una variable que no contempla el informe Bruselas que es la productividad»

Hay una variable que no contempla el informe Bruselas, y tampoco el resto de estudios, que es la productividad y su correlato, la renta per cápita. Lo importante no es cuántos producen, sino cuánto se produce. Si tal como hemos afirmado antes en lo referente a la actualización de las pensiones por el IPC, todos los estudios habían olvidado que el incremento de precios también incide en el PIB; con carácter general parece que tampoco han tenido en cuenta el incremento real de la producción.

La pregunta verdaderamente fundamental es si en el futuro la productividad y la renta per cápita van a crecer, tal como hasta ahora -si exceptuamos los cuatro últimos años- han venido haciéndolo. Si la respuesta es afirmativa y, en consecuencia, si por término medio los españoles vamos a ser más ricos, no parece que haya ninguna razón para que ni los pensionistas ni nadie tengan que renunciar a las cotas de bienestar hasta ahora conseguidas.

Bien es verdad que la renta per cápita es una media; pero entonces el problema es simplemente de distribución. Una distribución justa y equitativa entre las retribuciones de los trabajadores, el excedente empresarial y el Estado mediante su política fiscal. Si la economía crece y el reparto se hace adecuadamente, el problema tan trágicamente planteado se diluye, desaparece.