Réquiem por la Constitución del 78

España es ya un país donde el presidente decide caprichosamente quiénes no han de responder por sus delitos ante la justicia. Ni las ingentes toneladas de relato buenista, ni la persistente escenificación de psicodramas van a conseguir silenciar la incontestable realidad de que la Ley de Amnistía aprobada ayer por el Congreso de los Diputados convalida el aberrante intercambio de impunidad a cambio de votos. 

Lejos de celebrarse la muerte del procés y el triunfo de la convivencia como pretenden hacernos creer los voceros del sanchismo, hemos asistido a las exequias de la Constitución del 78 de la mano de los 177 diputados que, con su voto, han participado de la quiebra de la igualdad y del principio de legalidad: desde el 30 de mayo de 2024, el art. 9 de la Carta Magna que propugna que todos estamos sometidos al ordenamiento jurídico -incluidos los poderes públicos- admite aquellas excepciones que esos mismos poderes tengan a bien establecer. Esto significa que las consecuencias legales de nuestros actos ya no las determinan jueces independientes en aplicación de las normas vigentes, sino políticos dispuestos a cualquier cosa con tal de seguir apalancados en el poder. Nada más y nada menos. 

Estamos, por lo tanto, ante una abolición parcial de la Constitución, que no solo no permite las amnistías sino que las proscribe cuando rechaza expresamente la posibilidad de los indultos generales: quien no puede exonerar del cumplimiento de la pena a un colectivo indeterminado de personas, mucho menos puede eliminar sus delitos y evitar que comparezcan ante los tribunales. Algo que no ha importado a una mayoría parlamentaria que se ha arrogado ilegítimamente la condición de poder constituyente. 

Pero no hemos de perder de vista que el objetivo de la amnistía no se agota en evitar que los líderes independentistas catalanes rindan cuentas ante los tribunales por el latrocinio de las arcas públicas durante más de una década, sino que se extiende a la desautorización del Poder Judicial español. Porque la impunidad para los delincuentes que comporta la amnistía dista mucho de ser una manifestación de magnanimidad estatal hacia un movimiento derrotado: al contrario, supone la claudicación del sistema democrático ante quienes lo quieren destruir.

Efectivamente, Sánchez ha rendido la nación a sus enemigos para garantizarse su continuidad en La Moncloa. Una derrota que va a escenificar mediante el intento de humillación de los magistrados que aplicaron las leyes a quienes hoy tienen las riendas de su continuidad al frente del Gobierno de España. Porque la amnistía, además de desmantelar la igualdad, arrebata al Poder Judicial su potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

«Los jueces son los únicos que ahora pueden resucitar a nuestra democracia constitucional fenecida»

Son precisamente esos jueces los únicos que ahora pueden resucitar a nuestra democracia constitucional fenecida. Una vez la amnistía entre en vigor, los diferentes juzgados y tribunales ante los que se tramiten asuntos afectados por la ley deberán decidir si la aplican y archivan el caso -algo que no puede revertirse aunque posteriormente se revoque la ley en todo o en parte- o, en su lugar, cuestionan su encaje en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual cuentan con dos vías: la cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para aquellos causas en los que se vea afectado el derecho comunitario, o la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Todo ello sin perjuicio del recurso de inconstitucionalidad que contra la ley pueden plantear el Partido Popular o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

En lo que respecta al papel del Tribunal Constitucional frente a la amnistía, no tengo duda alguna de que amparará la constitucionalidad de la norma. Aunque su manifiesta politización ha llevado tradicionalmente a cuestionar su legitimidad, el asalto perpetrado por el sanchismo en diciembre de 2022 para colocar al que era su ministro de Justicia y a una alto cargo de Moncloa lo ha desnaturalizado jurídicamente y convertido en un petimetre dispuesto a avalar las reformas sistémicas que apruebe este Gobierno para ejecutar el cambio de régimen, incluido el referéndum de independencia. 

La ruta europea se me antoja mucho más esperanzadora, porque no son pocos los aspectos de la Ley de Amnistía que chocan con el derecho comunitario, cuyo carácter vinculante y supremacía sobre el nacional fue aceptada por el Estado español al integrarnos en la Unión. Aunque la ley incluye triquiñuelas cuyo objetivo es eludir la normativa europea, lo cierto es que la amnistía de delitos como la malversación o el terrorismo, o incluso el alzamiento automático de las medidas cautelares, chocan frontalmente con Directivas, Reglamentos y Decisiones Marco de la UE que imponen a España la obligación de perseguir y someter a la consideración judicial esos delitos.

La interposición de estas cuestiones prejudiciales por parte de jueces y magistrados suspenderá los efectos de la norma en aquellos procesos en los que se planteen y la decisión de la justicia europea condicionará la de nuestro Tribunal Constitucional en las cuestiones objeto de la decisión. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el futuro de aquel para cuyo beneficio se redactó esta infame ley, Carles Puigdemont, no está tan claro como a él le gustaría. Los fiscales del procés ya han anunciado que consideran que el delito de malversación por la que está en busca y captura no es amnistiable. 

«A nadie parece importar ya que la acción de la justicia se someta a los designios de la ambición de un solo hombre»

Nada de lo anterior impide, claro está, la imposición de sanciones económicas a España por parte de la Comisión Europea si finalmente resuelven que la Ley de Amnistía contraviene el art. 2 del Tratado de la Unión Europea que consagra el respeto al rule of law y a la separación de poderes. 

En cualquier caso, el rayo de esperanza que suponen las instituciones europeas para detener el atropello que conlleva la amnistía no debe hacernos perder de vista algo fundamental: es una norma que consolida la deriva totalitaria de un país cuyos ciudadanos fueron convocados hace justo un año a las urnas con la promesa electoral de los socialistas de no aprobarla. Los que entonces lo tildaban de manifiestamente inconstitucional, hoy lo han transformado en una exigencia democrática. A nadie parece importar ya que la acción de la justicia y la separación de poderes se someta a los designios de la ambición de un solo hombre, ni que la impunidad que hoy regala a los delincuentes catalanes pueda ser invocada para amnistiar en el futuro el terrorismo de ETA porque así se lo exijan sus socios de Bildu, o incluso hasta para eludir responder por su propia corrupción. 

Soy consciente de que la borregada socialista repite cansinamente eso de que la amnistía en nada afecta a la vida cotidiana de los españoles. Pero la propaganda no puede alterar la verdad de un axioma irrefutable: un Estado donde la conveniencia de un político permite excepcionar la aplicación de las leyes no merece ser calificado como democrático y de Derecho. Y la amnistía aprobada ayer institucionaliza precisamente esa excepcionalidad. Pobre España.