THE OBJECTIVE
Rafael Arenas García

¿Renovación del CGPJ?

«No debería haber acuerdo sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces antes de la imperativa reforma de la forma de designar a sus vocales»

Opinión
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¿Renovación del CGPJ?

Ilustración de Alejandra Svriz.

Se publica en El Mundo (Juanma Lamet), La solución intermedia para desbloquear el Poder Judicial: dejarlo en manos de 13 vocales, una pieza que advierte de las negociaciones entre el PP, el PSOE y la Comisión Europea para pactar la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) antes de cambiar la forma de designar a sus miembros. Me parece una mala idea, tal y como intentaré explicar a continuación.

El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces. Decide sobre permisos, ascensos, nombramientos y sanciones. No dicta sentencias, pero organiza la estructura en la que se insertan los jueces y tribunales que sí las dictan.

Siempre (siempre es desde 1978) se ha tenido claro que el gobierno del poder judicial tenía que alejarse del Gobierno para garantizar su independencia. Inicialmente, se pensó que 12 de los 20 miembros del CGPJ fueran nombrados directamente por los jueces; mientras que los 8 restantes fueran designados por el Congreso y el Senado. En 1985, sin embargo, se decidió que los nombres de los 20 vocales del Consejo serían decididos por el Congreso y el Senado; aunque con una mayoría muy alta, tres quintos en cada una de las Cámaras.

El propósito de una mayoría tan elevada es que cada uno de los vocales designados goce de un alto consenso; esto es, que se trate de personas que sean adecuadas para diputados de diferentes orientaciones ideológicas. Lo que ha sucedido, sin embargo, es que los grandes partidos (PP y PSOE) han venido pactando el reparto de vocales de tal manera que, en un primer momento acuerdan cuántas vocalías corresponden a cada uno de los partidos y luego proponen sus nombres, con el pacto de que cada uno de los partidos votará tanto a sus candidatos como a los candidatos del otro partido.

«Es relevante que el mandato del CGPJ sea de cinco años, con lo que los ciclos del Consejo no se corresponden con los electorales»

Este modo de proceder no es constitucionalmente correcto ya que, como estableció el Tribunal Constitucional, la designación por el Congreso y el Senado de los vocales del CGPJ no puede implicar una proyección de las mayorías parlamentarias al órgano de gobierno de los jueces. En este sentido, es relevante que el mandato del CGPJ sea de cinco años, y no de cuatro, con lo que los ciclos del Consejo no se corresponden con los electorales. Se trata de algo perfectamente calculado para evitar la politización del Consejo.

Visto desde esta perspectiva, quizás se entienda mejor lo absurdo de hablar de «bloqueo» en la renovación del CGPJ. Si se trata de buscar candidatos de consenso el problema no es que una parte no acepte a los candidatos propuestos por la otra; sino que ésta lo que hace es proponer candidatos que no son de consenso y, por tanto, no adecuados a radice.

Este punto de vista, además, permite examinar los intereses de los diferentes actores.

El Partido Socialista, que ha sido capaz de montar una mayoría en el Congreso a partir de su alianza con los nacionalistas, intenta conseguir un CGPJ escorado hacia sus intereses; esto es, con una mayoría de vocales designados por el PSOE y sus aliados.

Por su parte, el PP, que durante décadas ha colaborado en el inconstitucional reparto de sillas del Consejo, se ve enfrentado a una difícil disyuntiva. Por una parte, en coherencia con lo practicado hasta ahora, debería aceptar una participación minoritaria en el Consejo (aunque podría argüir que en el Senado la mayoría absoluta es popular); lo que, quizás, le colocaría en desventaja respecto a la situación actual. Por otra parte, sin embargo, puede temer, con cierta razón, que una mayoría en el Consejo amparada por el PSOE profundice en la colonización institucional que se observa desde hace unos años.

«El Consejo de Europa y la UE defienden que al menos la mitad de sus miembros sean designados por los jueces»

Por otra parte, existe un elemento novedoso que ha de ser considerado. Desde hace años, el Consejo de Europa y la UE defienden que en los órganos equivalentes al CGPJ al menos la mitad de sus miembros deben ser designados directamente por los jueces. Esta designación directa no agrada al Partido Socialista y diría que, al menos inicialmente, tampoco al Partido Popular; aunque las razones de uno y otro solamente son parcialmente coincidentes.

En lo que se refiere al Partido Socialista, teme que una elección directa por los jueces lleve a un CGPJ de mayoría conservadora, por ser mayoría -parece ser- los jueces conservadores. Esto, en principio, podría pensarse que beneficia al Partido Popular; pero hay que tener también en cuenta que no es lo mismo que en el CGPJ existan personas que deben su silla a la designación del partido a que quienes estén allí, aunque sean conservadores, hayan llegado al cargo por elección de sus compañeros. Obviamente, la independencia se garantiza mucho más con la segunda opción.

Quizás lo anterior explique el escaso entusiasmo del PP por la elección directa de los miembros del CGPJ; algo que podría haber promovido cuando contaba con mayoría absoluta en el Parlamento; pero, claro, ahora la situación es diferente; puesto que la alternativa a un CGPJ controlado por vocales designados por la mayoría de Gobierno sería un CGPJ elegido en su mayoría por los propios jueces, más independiente, con menos influencia en el mismo desde el Partido Popular; pero también desde el Partido Socialista.

Aparte del Partido Socialista y del Partido Popular hay otro actor relevante en este tema: la Comisión Europea.

«La Comisión Europea lleva años exigiendo que se cambie la designación de los vocales del CGPJ»

La Comisión Europea, entre otras cosas, ha de velar por el respeto al Estado de derecho en la UE. Una de las dimensiones que han de ser controladas es la independencia de los jueces y de los órganos de gobierno de los jueces; por lo que la Comisión ha de recordar lo que se decía antes: para cumplir con los estándares europeos de independencia judicial, al menos la mitad de los vocales del CGPJ han de ser elegidos por los propios jueces.

El mecanismo de control del Estado de derecho del que dispone la Comisión es muy potente; pero puede existir la tentación de utilizarlo políticamente; de tal forma que el control sea más riguroso en aquellos casos en los que el controlado hace gala de euroescepticismo y menos riguroso cuando el que vulnera el Estado de derecho no cuestiona la integración europea y las grandes líneas de las políticas diseñadas por las instituciones europeas. En el caso que nos ocupa vemos un ejemplo de esto.

La Comisión lleva años exigiendo que se cambie la designación de los vocales del CGPJ para adecuarla a las exigencias de independencia judicial del Consejo de Europa; pero también insiste en que antes de proceder a ese cambio en la designación de los vocales ha de acordarse la renovación del CGPJ. La pregunta es ¿por qué ha de renovarse antes de proceder al cambio en la designación?

El planteamiento de la Comisión no tiene ninguna lógica. El sistema actual es uno que no responde a los estándares europeos de independencia judicial. Si es así -y es así- ¿por qué prolongarlo otros cinco años? El CGPJ que salga de una renovación que no responde a las exigencias del Estado de derecho estará deslegitimado desde el inicio.

«La única explicación para esta exigencia de la Comisión es que pretende hacer una concesión al Gobierno socialista»

La única explicación para esta exigencia de la Comisión es que pretende hacer una concesión al Gobierno socialista; una concesión que, quizás, sería impensable si se tratara de un gobierno euroescéptico como otros que tenemos en la cabeza.

A mí me parece que nos hace un flaco favor la Comisión con esta exigencia previa de renovación. Sería más adecuado pedir el cambio inmediato en la forma de designación de los vocales del CGPJ (se puede tramitar en un par de meses) y, a partir de ahí, en menos de seis meses tendríamos un CGPJ renovado y designado, al menos en su mitad, por los propios jueces.

Cualquier otra opción sería una componenda que prolongaría la falta de independencia del órgano de gobierno de los jueces. Tanto la Comisión Europea como el Partido Popular deberían tenerlo claro.

Doy por descontado que el Partido Socialista sí que entiende perfectamente lo anterior.

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